Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• De economía y política
• El silencio educativo
• Asante Sana!

VALENCIA. Las medidas e iniciativas que están llevando a cabo algunos de los gobiernos de la Unión Europea (UE) para combatir la crisis económica y financiera que viven algunos de los países de la eurozona, suponen un peligro para el proceso de integración comunitario.

Las amenazas recaen, fundamentalmente, sobre el mercado interior y sobre la unión económica y monetaria. En relación con el mercado interior, las iniciativas y medidas puestas en marcha por algunos gobiernos para luchar contra la actual crisis económica y financiera, amenazan claramente los principios de libre circulación y las reglas sobre la competencia que propugnan los tratados.

- El caso del exministro de Industrial, Turismo y Comercio del anterior gobierno español, quien en septiembre de 2009 incitó a que consumamos productos nacionales, una actitud proteccionista que atenta claramente contra la libre circulación de los productos.

Miguel Sebastián pidió a los ciudadanos que consumieran productos españoles para evitar que se cumplieran la previsión de que la caída del consumo en 2009 por valor de 7.000 millones, destruyese 120.000 empleos.

Sebastián aseguraba que para evitar que se perdiesen esos puestos de trabajo bastaría con que cada ciudadano sustituya en su cesta de la compra productos o servicios importados por nacionales por valor de 150 euros al año.

"No decimos que la gente consuma más, cada uno consume en función de su renta", dijo el hoy exministro, quien además aseguraba que no se trataba de una medida "proteccionista", porque no supone poner trabas a la importación, sino que el objetivo era que cada usuario sume el factor "made in Spain" a otros como el precio y la calidad a la hora de definir sus preferencias, entendiendo que, con ello, los ciudadanos podían contribuir a que el país saliese de la crisis.

- El gobierno francés, que puso en marcha una política intimidatoria hacia los inmigrantes -también hacia los intracomunitarios- con el fin de evitar que entrasen en su territorio, lo que no deja de ser una manifestación injustificada de racismo.

En medio del agobio por la crisis económica, en Europa crece la preocupación por la inmigración ilegal. Cálculos oficiales estiman que dentro de la UE hay unos 8 millones de residentes que están en esa situación. Frente a ello, los 27 países miembros de la Eurocámara aprobaron que los inmigrantes ilegales podrían ser encarcelados por un período de hasta 18 meses.

Esto lo decidió el conjunto de los países integrantes de la UE, pero Francia dio un paso más. Ambas cámaras del parlamento francés aprobaron, por escaso margen, una medida clave para el "control de inmigración". Decidieron que todos aquellos que pretendieran ingresar invocando el "reagrupamiento familiar" deberían someterse a las pruebas de ADN para certificar el vínculo familiar que invocaban.

Esta medida se adoptó porque el gobierno francés estimaba que muchos inmigrantes falsean su documentación para invocar un parentesco que no existía. Las voces en contra se hicieron oír pero el gobierno de Nicolas Sarkozy siguió adelante con la medida.

- Las normas que rigen las ayudas estatales se han relajado. Así, por ejemplo, Francia ha ofrecido créditos blandos a sus industrias automovilísticas con la condición de que hagan uso de proveedores locales.

- El gobierno alemán pretende introducir restricciones a los fondos soberanos, lo que supone como mínimo una difícil convivencia con el código de conducta que postula la Comisión al ofrecer el acceso a los fondos soberanos cuando exista un mínimo grado de transparencia en tales fondos. El proyecto de ley alemana presentado el pasado 6 de febrero ante el Bundestag limita el acceso de compradores extranjeros a dichos fondos soberanos, especialmente por parte de China y de Oriente Medio.

Como puede apreciarse, desgraciadamente, en todas las crisis económicas afloran los sentimientos nacionalistas reflejados en la adopción de medidas proteccionistas (recuérdese las medidas adoptadas para combatir la crisis de 1929 y sus consecuencias), como única vía para salir de las mismas.

LA INTEGRIDAD DE LA UE, EN PELIGRO

El otro gran pilar afectado por las medidas prescriptivas contra la crisis adoptadas por algunos Estados miembros es la unión económica y monetaria y, consecuencia de sus efectos, la "integridad" de la propia Unión Europea (UE).

Prácticamente todos los Estados miembros de la UE están incrementando el gasto público a unas cotas que hacen inevitable considerables déficit presupuestarios. Con independencia que el incumplimiento del Pacto de Estabilidad pueda tener unas consecuencias muy serias en términos, por ejemplo, de inflación, de desequilibrio interno o de pérdida de competitividad, lo que pone de manifiesto esta situación es la necesidad de adecuar el presupuesto comunitario a la dimensión de la economía de la UE y avanzar en la integración económica y política, como ha expuesto recientemente el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con ocasión de la cumbre de Europa celebrada en Bruselas el pasado 14 y 15 de marzo, en la que se debatió la situación económica y social y se establecieron las orientaciones para la política económica de los Estados miembros y de la Unión Europea en 2013.

En este contexto, la prensa europea es, en estos días, unánime al considerar que el acuerdo cerrado entre Chipre, el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone en peligro la solidaridad entre los países de la zona euro, la confianza en el ahorro, la unión bancaria, la seguridad jurídica y la libertad de circulación de capitales, cinco bases fundamentales sobre las que se asienta la UE.

La medida más polémica es la que contempla gravar los depósitos, lo que requiere aprobación por parte del Parlamento de Nicosia. En un principio se establecía un tipo del 6,6% sobre los depósitos inferiores a los 100.000 euros, lo que conlleva desoír la Directiva 2009/14/CE, relativa a los sistema de garantía de depósitos, y un 9,9% por encima, pero la presión en la calle les ha obligado a renegociar los términos del acuerdo y poner sobre la mesa otras fórmulas, como excluir a los ahorradores más pequeños o la fijación de diferentes "quitas" para los depósitos que superen los 100.000 euros.

Mientras tanto los bancos chipriotas estuvieron cerrados más de diez días y su apertura fue acompañada de la decisión de las instituciones chipriotas de, temporalmente, limitar la retirada o transferencia de dinero sin autorización, lo que ha levantado controversia en Europa al constituir el primer control de capitales en la historia de la eurozona.

Así, bajo el titular "Europa efectúa de nuevo un rescate incompetente", Financial Times realiza una dura crítica del inesperado impuesto sobre los depósitos bancarios y añade que, "precisamente cuando había empezado a seguir el rumbo correcto en su lucha contra una crisis de la deuda que no deja de ir presentando rostros diferentes, la eurozona ha recaído en su viejo vicio".

Por su parte, para el diario portugués Público, el plan de rescate es una "malversación" del Eurogrupo, al que acusa de introducir la confiscación y prácticas arbitrarias en la política europea, "El incalificable rescate de Chipre demuestra que el valor de las palabras está sufriendo en la Unión Europea una drástica devaluación. Donde hubo una vez ciudadanos europeos con derechos, hay ahora ciudadanos cuyos depósitos bancarios pueden ser gravados sin previo aviso, como ha pasado en Chipre. [...] La arbitrariedad y el supino desprecio a reglas y valores se han convertido en algo corriente en la Unión Europea. La democracia ha pasado a ser relativa. Y el chantaje ha reemplazado a la solidaridad. Las palabras han cambiado. Esta es la verdadera crisis de Europa", recalca.

Como puede apreciarse, las iniciativas y medidas adoptadas por algunos Estados miembros de la UE en nada favorecen a la integración europea y mucho menos cuando se concretan en acciones claramente contrarias a lo que estipulan los tratados.

En este sentido, el politólogo Karel Lannoo, director del Centro de Estudios de Política Europea, un gabinete independiente de Bruselas, cree que "la integración europea podría sufrir" por estas tensiones proteccionistas y nacionalistas. "Me temo que vamos a vivir dos o tres años de desintegración europea", dice. En su opinión, los Gobiernos han arrinconado en 2008 a la Comisión para convertirse en los auténticos gestores de la Unión. Lannoo ve como real el peligro de una fractura en Europa, puesto de manifiesto con la aprobación por la Comisión de programas de salvamento bancario presentados por algunos Gobiernos en beneficio sólo de sus bancos.

En conclusión, las medidas para afrontar la crisis económica y financiera llevadas a cabo por los Estados no sólo están afectando a la dimensión económica de la integración europea, sino también a la "integridad" europea propiamente dicha. Así, si bien estos días se oye que Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) han hecho lo suficiente para convencer a los mercados de que la eurozona va a sobrevivir por ahora, muchas economías de la eurozona, como consecuencia de tener que adoptar medidas recogidas en el plan de ajuste impuesto por la "troika" (compuesta por representantes del FMI, de la UE y del BCE), se encuentran en constante sufrimiento y estrés tanto socioeconómico, como político.

Esta tensión de ir in crescendo puede conducir a un desplazamiento de los partidos políticos hacia los extremos y, por ende, a un cuestionamiento de la democracia, uno de los requisitos esenciales para formar parte de la UE.

Ya hemos visto este peligro con el éxito electoral del partido ultranacionalista, xenófobo y neofascista "Amanecer Dorado" en Grecia. De tipo diferente pero con mayor calado político, es la situación política de Italia a causa de la división de votos entre el movimiento de protesta de Beppe Grillo, Silvio Berlusconi y la izquierda que tiene paralizada la reforma de la tercera economía de la eurozona y cuyo desencadenamiento se desconoce.

___________________________________________________________________________

(*) Juan Martínez Caballero es licenciado en Derecho e
inspector de servicios en la Inspección General
de los Servicios de la Administración Valenciana
(Secretaría Autonómica de Administración Pública)