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ALICANTE. El acoso, que no escrache, puede ser también institucional. Los elementos del mismo, en este caso, están bien definidos: la educación pública como acosada e indefensa; el instrumento, no como una simple protesta pacífica con esporádicos episodios violentos sino el de la ley, más concretamente el decreto-ley, ejercido con toda la violencia ética de que es capaz; y el acosador que no es la consellera de turno, la consellera.

Català a la que no voy a conceder más que el "mérito" de ser como mucho el dedo acusador, sino la ideología que subyace a este gobierno biempensante. Falta el motivo, pero éste también va perfilándose. La resolución aparecida en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana sobre la modificación de plazas escolares supone la desaparición de cerca de 900 puestos de trabajo de docentes para el próximo curso escolar, según la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Valencia (FAPA-València), lo que puede significar el inicio del fin de la escuela pública tal y como hoy la entendemos.

Las unidades habilitadas que aún faltan por salir no suplen las que suprimen pues, al margen del maquillaje estadístico, pasan a ser eventuales y por tanto susceptibles de ser "no habilitadas" en breve sin necesidad siquiera del anuncio de su eliminación. Esta última supresión no es una más, por su dimensión y formas es la constatación de una realidad.

La concatenación de hechos desde las primeras supresiones en menos de un año permite divisar el meridiano panorama que se vislumbra. Primero fueron en torno a 300 plazas que alarmaron a familias como las de Xixona que decidieron luchar por lo más cercano para evitar el cierre de su colegio más antiguo. No hay que olvidar que a ello le precedió la eliminación de miles de plazas interinas, que detectaban ya la carencia de las necesidades existentes hasta entonces, y que no han hecho sino agravarse sin opción de retroactividad.

Cada modificación de plantillas docentes posteriores, hasta el día de hoy y de manera selectiva, concluye con un serio recorte que va más allá del anunciado, no negociado y en medio de otras polémicas, como la actual sobre la jornada continua o la promoción de la división sindical acerca de las nuevas condiciones de los interinos y el acceso a plazas mediante oposiciones; surge además inmersos en unas vacaciones y con muy poco margen de reclamación por parte de los centros para hacer cumplir una ley que debe molestar sobremanera a la señora consellera, a quien le encantaría eliminar estas absurdas trabas legales. No ha sido la única vez, es una forma de actuar recurrente, poco casual.

Se pueden decir muchas cosas desde diferentes visiones, pero es difícilmente justificable que la rápida desaparición de miles de plazas no afecte a la calidad educativa y a la concepción social de la educación.

Se argumenta en determinados círculos que el PP va a la deriva sin un rumbo fijo, atenazado por las deudas que no le dejan moverse más que para aparentar que se gobierna y ganar tiempo hasta que el gobierno central les de un respiro y deje de ignorarles, deje de ignorarnos, pero no creo que sea cierto: hay una ruta marcada, un plan establecido claro que pasa por la aceleración de su ejecución ante la confusión social y la generada por el estado actual de la Comunidad Autónoma antes de que unas elecciones lo puedan interrumpir, pero para entonces habrá dado ya pasos de gigante hacia su instalación definitiva. Lo más grave es que muchas familias, políticos y profesionales de la educación aún no lo perciben. Cuando así sea, tal vez no podamos reaccionar.

No es difícil imaginar un próximo escenario en el cual la desaparición de plazas docentes conduce a la progresiva, pero rápida, desaparición también de unidades, de líneas completas y posteriormente a toda la escuela, haciendo que éstas sean itinerantes en un principio, para después optimizarlas en base a la rentabilidad económica, y que cientos de alumnos y familias se hayan de desplazar a lugares lejanos para compartir recinto y profesionales.

Véase sino lo acontecido en Castilla y León para verificar que no hablamos de ciencia ficción. La entrada en vigor del "distrito único" para la elección de centro por parte de los padres, bajo la manida y poco original frase de primar la libertad, actúa en la misma línea derivando alumnos a otras escuelas según oportunidades económicas de la familia y concentrando alumnos con entornos desfavorecidos en una específica, potenciando las desigualdades y abundando en el enorme fracaso escolar que se avecina en determinados lugares y centros, que no será arbitrario sino concebido.

Según la teoría de ratificación de hechos de lo que ellos mismos crean, la justificación de recortes está servida pues estos centros no serán merecedores de la excelencia a la que invocan para decidir si tal escuela o tal otra pueden optar a recursos, que en cualquier caso serán escasos y desiguales. Nada de lo que hasta hoy conocemos será reconocible en tan solo un año más, no digamos en un lustro gracias a la batería de medidas tomadas recientemente: ni horarios, ni servicios como los comedores, fisioterapeutas o cuidadores, ni planificación académica, docentes, recursos de todo tipo, especialidades, atención a la diversidad, implantación de las nuevas tecnologías, condiciones laborales, acceso a la escuela o coste de ésta para las familias y por tanto para la sociedad.

Esta degradación no ha terminado. En la ingenuidad e impotencia en que aún permanecemos podemos optar también por resistir a creer que no se llegará a tanto, que no puede optar una determinada ideología por hacer desaparecer la educación. Y efectivamente no lo hará, pero será muy diferente. Si observamos que hay privilegios hacia la escuela concertada no es porque se crea en el principio bajo el cual fueron concebidas las subvenciones a la escuela privada: para que llegara allí donde no lo hacía por la causa que fuera la escuela pública, sino para revertir la tendencia mayoritaria existente de la pública frente a la privada.

De esa forma la educación pasará a manos del empresariado, con criterios de eficiencia económica por encima de los pedagógicos. Los alumnos, elegidos tras diferentes filtros económicos y de recursos, optarán a las mejores opciones habiéndose completado un cambio de modelo social. Será nefasto para nosotros, pero no para los que lo planifican, quienes apuestan por ello en voz baja ante los medios, pero gritándolo con los hechos ante todo el que quiera escuchar. Mientras, la escuela pública continuará luchando por la supervivencia.

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Emilio Martínez Hernández
Coordinador de la OSE (Organización Sectorial de Educación) de Alicante, PSPV