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VALENCIA. Que nuestra democracia está gravemente enferma no es decir nada novedoso. Muchos son los que han contribuido a esta situación lamentable. El desencanto que existe hoy día hacia las instituciones y organizaciones democráticas está creciendo exponencialmente entre la población española. Para muchos vivimos inmersos en un sistema que, en vez de estar al servicio del interés general del país, está al servicio de los intereses de unos pocos privilegiados.

En este sentido, se están produciendo una gran variedad de manifestaciones y concentraciones en las que se observan estos hechos, y es que un número creciente de ciudadanos buscan y reivindican, además de una mayor participación política, nuevas formas de llevarla a cabo para influir en la toma de decisiones.

Así lo demuestran los últimos datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España, donde en su Barómetro de febrero de 2013 muestra que para un 29,7 % de la población española los partidos políticos y los políticos es el principal problema de nuestro país.

Esta tendencia porcentual se viene repitiendo desde octubre de 2012, objeto de varios casos de corrupción política que han sido destapados por los medios de comunicación y que han tenido un importante impacto negativo en la percepción de la política por parte de la ciudadanía.

Esto ha hecho que, según este mismo informe, para el 40% de la población española el máximo problema de nuestro país sea la corrupción y el fraude, ocupando la segunda posición entre los máximos problemas de los españoles. Resulta de máxima importancia subrayar esta cifra debido a que ha sufrido un importante incremento exponencial, pasando de una moderada cifra del 17,7% (enero 2013) a la ya citada 40% en un solo mes.

Lo paradójico de todo esto es que uno de los principales causantes de esta desafección política son los partidos políticos, como entes de representación de la voluntad ciudadana. Podemos llegar a afirmar que hoy en día los partidos incumplen nuestro texto constitucional, ya que ni expresan el pluralismo político, ni concurren a la formación de la voluntad popular, ni son instrumento fundamental para la participación política, tal como estamos constatando con las manifestaciones masivas en las calles.

El aparato en manos de unos pocos, que permanecen largos periodos de tiempo, sin saber cómo ni por qué, ni cuáles son los méritos contraídos; la excesiva burocracia interna, la lucha por el poder en el seno del partido y el culto a la alabanza y la sumisión, son absolutamente incompatibles con la opinión, la sana discrepancia y el debate transparente. Por ello, la renovación de ideas y personas es imposible. Y no lo es porque sus dirigentes tienen auténtico pavor a la "democracia", es decir, al debate de ideas, a permitir las discrepancias, a que el voto sea "libre, igual, directo y secreto" en todas sus elecciones de cargos directivos y de candidatos.

Los ciudadanos entienden, de forma más o menos explícita, que los partidos y sus líderes han firmado un contrato sobre el que han decidido con su voto. Si éstos no lo cumplen, aquéllos se sienten ignorados, engañados y, en el peor de los casos, estafados. De eso de nutre el desapego, primero, y el rechazo, después. Debido fundamentalmente a que los partidos y los parlamentos son instituciones excesivamente rutinarias (más pendientes de la puesta en escena de sus actuaciones que del contenido) tenemos que pensar en mecanismos nuevos de discusión y apertura.

Estamos presenciando a diario expresiones y manifestaciones donde la ciudadanía reclama una mayor participación ciudadana. Los Gobiernos, conscientes de esta situación, están comenzando a legislar en materia de transparencia, pero dejando de lado en muchas ocasiones las reivindicaciones ciudadanas en materia de rendición de cuentas. La realidad socio-política exige a nuestros representantes comenzar con la senda de los principios del Open Government (Gobierno Abierto).

No se acepta ya que se siga haciendo política "catch-all" como se venía haciendo desde el pasado siglo XX. En el siglo de la globalización instantánea no cabe administrar la información. La opacidad de los procesos de decisión política corresponde a un tiempo definitivamente pasado. Los ciudadanos saben, entienden y no se conforman con limitar su participación en las decisiones que atañen votando periódicamente en los numerosos comicios convocados por las diferentes administraciones públicas españolas (local, autonómica, nacional y europea). Quieren información veraz, transparente y útil, y todo ello en tiempo real. Quieren que se les tenga en cuenta, en las grandes cuestiones y en las pequeñas.

En la era de la información, la gente demanda conocer las reflexiones que se realizan en la antesala de las decisiones e, incluso, demanda reflexionar también. Internet nos ofrece las herramientas necesarias para poder consagrar nuestra democracia representativa con unos valores colaborativos, transparentes y participativos que la ciudadanía está pidiendo.

De todo esto y mucho más hablaremos en el "IV Seminario Política 2.0: E-Democracia y Open Government" que hemos organizado desde la Asociación Valenciana de Politólogos AVAPOL y el Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de la Adm. de la Universitat de València. Un evento que cada año se consagra como uno de los más influyentes en materia de política y nuevas tecnologías.

Los asistentes al mismo podrán escuchar a, los que para nosotros, son los agentes implicados en la aplicación de la transparencia y el buen gobierno: expertos, académicos, sociedad civil y políticos. Sin lugar a dudas un evento que has de marcar en tu agenda si te interesa es estado de nuestra democracia.

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(*) Jose L. Sahuquillo es secretario de la
Asociación de Politólogos Valencianos
(Avapol) y coordinador del IV Seminario
Política 2.0