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VALENCIA. En el momento actual, la reforma del sistema de financiación de régimen común que ha de estar lista por ley antes de 2014 se convierte en una tarea urgente y crucial para el buen funcionamiento del Estado autonómico e incluso para su propia supervivencia. La Comunidad Valenciana tiene una renta per cápita un 12% inferior a la media española, una balanza fiscal negativa y una financiación autonómica inferior a la media de las autonomías de régimen común.

Aunque el sistema de financiación regional español ha mejorado significativamente con el tiempo, el modelo de régimen común vigente en la actualidad sigue presentando serios problemas de equidad, transparencia y eficiencia que exigen una reforma en profundidad. El actual sistema genera un reparto muy desigual y esencialmente arbitrario de recursos entre regiones.

Dejando de lado a las comunidades forales -que merecen un análisis aparte por sus muy elevados niveles de financiación por habitante- con datos de 2010 existe un abanico de 25 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor tratadas por el sistema, que no tiene nada que ver ni con diferencias en factores de coste ni con los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios.

Si llamamos 100 a la financiación media por habitante ajustado a competencias homogéneas en el conjunto de las regiones no forales, Valencia estaría en 93 y Cantabria en 118 sin que existan motivos comprensibles para ello.

Es incuestionable la necesidad de ajustar el modelo de financiación para que la Comunidad Valenciana disponga de los recursos que le corresponden. Este agravio comparativo viene siendo denunciado por políticos, empresarios y economistas valencianos desde hace tiempo. El año pasado, un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas encargado por la Asociación Valenciana de Empresarios analizó la financiación autonómica de la Comunidad y sus consecuencias económicas.

El estudio ponía de manifiesto que el Estado, desde hace más de 25 años, gasta en la Comunidad Valenciana menos de lo que a ésta le corresponde por su dimensión y características socioeconómicas. Asimismo, el estudio, en una de sus conclusiones señalaba que de no revisar el sistema de financiación y corregir el desequilibrio financiero de la Generalitat solo mediante ajustes del gasto, significaría asumir unos bajos niveles de prestación de servicios públicos o de inversión pública y situar de hecho a los valencianos como ciudadanos españoles de segunda.

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (COEVA), que integra a los colegios profesionales de las tres provincias, ya planteó la cuestión el pasado año, en las encuestas Los economistas opinan, que con periodicidad semestral recoge la valoración de los colegiados sobre la economía nacional y de la Comunidad Valenciana. En la de junio, donde proponía a los economistas una serie de medidas para corregir el déficit público, con una puntuación de 3,72 sobre 5, éstos abogaban por una modificación sustancial del sistema de financiación autonómica, por delante de otras medidas como la mayor reducción del gasto público o la venta de activos públicos.

En la última encuesta, presentada el pasado mes de diciembre, se sometía a la valoración de los colegiados de la Comunidad cinco medidas que el Gobierno podría tomar en consideración en la reforma del modelo de financiación autonómica. Con una puntuación de 3,72 sobre 5, los economistas abogaban, en primer lugar, por una revisión de la cuantificación de las necesidades de gasto de las Comunidades, seguida del tratamiento de competencias autonómicas de forma unificada (3,29), la revisión anual del fondo de suficiencia (3,08) y el aumento del grado de no discrecionalidad de las políticas de gasto de las Comunidades Autónomas (3,03).

Como indica en un estudio reciente Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico, la clave de la igualdad efectiva en el estado autonómico no ha de buscarse en la uniformidad de prestaciones en todo el territorio nacional sino en la igualdad entre autonomías en términos de recursos por unidad de necesidad a igual esfuerzo fiscal. La reforma del sistema debería garantizar el cumplimiento efectivo del principio constitucional de igualdad pero, asimismo, reforzar la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas de los gobiernos regionales.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la reunión del pasado 21 de marzo, ha creado tres grupos de trabajo. Uno se encargará de analizar el efecto de la aplicación del actual sistema de financiación autonómica y de canalizar las peticiones de las CCAA; otro, analizará y elaborará un informe sobre los posibles criterios de reparto de los objetivos de déficit y deuda entre las Administraciones Públicas. Y un tercero, elaborará un programa de racionalización administrativa a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos, así como evitar duplicidades.

Parece que el Estado lo va viendo más claro: la cuestión ahora es el cómo y el calendario.


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*Juan Manuel Pérez es decano del
Colegio de Economistas de Valencia