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En total, el Consell ha ahorrado 1.972 millones, dejando el déficit en 6.222 millones, si se descuentan las aportaciones estatales extraordinarias 

VALENCIA (A. MOHORTE). La Generalitat ha hecho cuentas y asegura que consiguió ahorrar el pasado año 1.256 millones de euros, una cantidad que sube a 1.972 millones si se tiene en cuenta al sector público empresarial, como resultado de las 74 medidas de racionalización implantadas en los diferentes departamentos del Consell.

Esta cantidad se desprende de las certificaciones realizadas ante la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la Generalitat y es el equivalente a un tercio del déficit real de la Generalitat, que suma 6.222 millones de euros en 2012, que han sido cubiertos por aportaciones estatales extraordinarias. 

Éste es el caso del Fondo de Liquidez Autonómica, el Plan de Pago a Proveedores y otros mecanismos extraordinarios que han permitido convertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Por contra, las medidas de ajuste aprobadas en enero del año pasado han posibilitado en 2012 un ahorro de 687,1 millones de euros, cifra a la que se suman otros 68,2 millones de euros con las certificaciones de otras medidas de ahorro adicionales que ha ido incorporando con posterioridad este mismo órgano.

Aunque la Generalitat liquidó sus cuentas de 2012 con un superávit de financiación de 512,2 millones de euros, esta cifra se debió a los diferentes mecanismos de financiación establecidos por el Estado y a los cuales se ha acogido la Comunidad Valenciana.

LAS CUENTAS DE UN AÑO 

Por su parte, los ingresos no financieros --capítulo I a VII-- se situaron en 10.597 millones de euros y los gastos no financieros alcanzan los 14.981 millones de euros, lo que arroja un saldo negativo de 4.384 millones. Entre las obligaciones reconocidas se cifran los 1.850 millones asumidos dentro del Plan de Pago a Proveedores de la cuenta 409 no imputadas al presupuesto de 2011, que corresponden principalmente a Sanidad.

En comparación con el ejercicio 2011, los ingresos no financieros han disminuido en la Comunidad Valenciana en 175,8 millones en 2012, mientras que las obligaciones han aumentado en 920,6. Teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y gastos de los capítulos I a VIII del presupuesto, la diferencia entre ambos flujos arroja un resultado negativo de 6.222,8 millones de euros.

Si bien la diferencia entre los derechos y las obligaciones no financieras reconocidas durante el ejercicio ofrece un saldo negativo, esta cifra, según la Generalitat, "ha podido ser absorbida mediante la variación neta de pasivos financieros a través de los préstamos concedidos, 6.751,38 millones, en el marco de los distintos mecanismos extraordinarios de financiación" puestos en marcha por el Gobierno central.

FARMACIA EXTRAHOSPITALARIA Y ABSENTISMO

Volviendo a las medidas de ahorro, hay que añadir a las ya expicadas las que figuran en los acuerdos del Consell del 27 de abril y del 16 de noviembre han permitido la certificación de otros 215 millones de euros de ahorro y, finalmente, las actuaciones incluidas en el decreto-ley de desarrollo y adaptación de las disposiciones estatales incluidas en el real decreto-ley de 20/2012 han posibilitado un ahorro certificado de 285,3 millones de euros. En su conjunto, el ahorro total certificado asciende a 1.256 millones.

En concreto, iniciativas como las implantadas en materia de farmacia extrahospitalaria han reportado un ahorro de 215,7 millones de euros, y las actuaciones contenidas en el Plan de Control de Absentismo han facilitado un ahorro certificado de 49 millones de euros.

La Comisión Interdepartamental, órgano integrado por representantes de todas las conselleries y entidades autónomas, se creó en febrero del año pasado y tiene, entre sus principales funciones, coordinar y realizar un seguimiento de las políticas de ahorro, así como proponer iniciativas en este sentido. El ámbito de actuación de esta comisión se aplica tanto a las conselleries como a las entidades autónomas y al sector público empresarial y fundacional.