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VALENCIA. Una de las decisiones más controvertidas que adoptó Mariano Rajoy en la forja de su Gobierno fue no crear una vicepresidencia económica. En lugar de concentrar en una sola persona las miradas, la interlocución y el poder para tomar las medidas económicas que se considerasen oportuna, Rajoy decidió dividir la responsabilidad entre dos ministros: el de Economía, Luis de Guindos, que fundamentalmente se dedicaría al “frente exterior” (la interlocución con los agentes económicos y financieros internacionales, en particular sus homólogos europeos).

Y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, centrado en el “frente interior”, es decir: adoptar decisiones sobre la política fiscal y establecer las líneas de actuación (que es lo mismo que decir “de ajuste”) con las entidades autonómicas y locales. Los dos, Montoro y De Guindos, crecidos a la sombra del hombre que concentró el poder económico durante los Gobiernos de Aznar: Rodrigo Rato.

Un año después, y si hacemos un primer balance, podríamos decir que la apuesta por De Guindos, en líneas generales, está saliendo bien, mientras que la de Montoro está creándole muchos problemas al Gobierno. Y lo está haciendo no sólo por concentrar algunas de las medidas más impopulares entre la ciudadanía, las que afectan a la recaudación de impuestos, sino porque el ministro, desde que asumió el cargo, ha adoptado una actitud paulatinamente más agresiva, incluso chulesca y “faltona”, con casi todo el mundo. Algo que ciertamente contrasta con su trayectoria en el pasado.

Montoro, ayer y hoy

Durante su anterior etapa como ministro de Hacienda (2000-2004), su papel fue más bien el de ser una especie de “eminencia gris” de las cuentas públicas, poco amigo de llamar la atención. Tampoco destacó especialmente por su agresividad durante los años en que ejerció como portavoz del PP en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados de la anterior legislatura (2008-2011); no más, al menos, que lo habitual en el PP durante esa época, por demás más sosegada –comparativamente- que la crispación asociada con la legislatura 2004-2008.

Sin embargo, como todopoderoso ministro de Hacienda, Montoro se complace en enmendarle la plana a todo el mundo, a menudo con malos modos. Es cada vez más habitual en él montar broncas parlamentarias a propósito de informaciones de Hacienda que el ministro desliza veladamente, apuntando a determinados colectivos, pero sin concretar. Una actitud que amaga, pero no da, y sirve para extender las sospechas. Una lamentable pasión por la extensión de rumores y maledicencias, propios de una alcahueta, y que se combinan con su afición por echar en cara a los demás su mal comportamiento con las cuentas públicas.

Consejos vendo… y para mí no tengo

A lo largo de estos últimos meses, el ministro se ha prodigado en sucesivas comparecencias y declaraciones públicas con un hilo conductor común: acusar a los demás de falta de compromiso con las cuentas públicas, bien sea por impago de impuestos o por ausencia de rigor en la gestión de los recursos. Así, el ministro es habitual fustigador de las administraciones autonómicas, señaladas constantemente con el dedo como poco rigurosas y amantes del gasto desaforado.

Y no sin razón, aunque tampoco parece el Estado central un compendio de todas las virtudes en la materia. Montoro tampoco se corta en acusar a los partidos de la oposición, o a los actores españoles, de que no se hallan al corriente de sus cuentas con Hacienda. En ambos casos, sin especificar. Porque no puede hacerlo (sería una infracción aún más clara que la que ya comete acusando veladamente), y porque al ministro parece gustarle este papel inquisitorial.

Sin embargo, no es Montoro el más adecuado para repartir alegremente certificados de buena conducta a los demás. Por muchos motivos. El primero, que la razón de hacerlo tiene muy poco que ver con su papel como ministro de Hacienda, y mucho con los criterios de la política partidista, llevada aquí al extremo, según el principio de que “a quien me critique, le saco un expediente de Hacienda”. Y da igual que sea la oposición política (cuya función es criticar al Gobierno) o un colectivo social, como el de los actores, que comete el terrible desliz de ejercer su libertad de expresión.

Por supuesto, respecto del caso Bárcenas y todo lo que le rodea, el ministro enmudece. No vaya a ser que alguien le confunda con un representante del ministerio público, en lugar de un hooligan partidista.

Por otro lado, Montoro no parece ver ninguna contradicción entre acusar a estos colectivos de sus incumplimientos con Hacienda y, al mismo tiempo, promulgar una impresentable amnistía fiscal que ha permitido, a aquellos que decidieran acogerse a ella, regularizar su situación con un pago del 10%. Ninguna mansión hollywoodiense de actor español puede competir, en términos de deslegitimar al Ministerio de Hacienda y desincentivar a los españoles para que cumplan con sus obligaciones fiscales, con esa medida.

Que no sólo es un inmenso error y una vergüenza, sino que, además, también ha sido un fracaso, con lo que la percepción de la debilidad de la Hacienda española ha sido doble: tan débil que promulga una aministía fiscal en unas condiciones escandalosamente favorables para el defraudador. Y tan débil que ni siquiera así consigue alcanzar (ni de lejos) su objetivo

Este rotundo fracaso, combinado con la peculiar querencia de los imputados en el caso Gürtel por acogerse a la amnistía (tanto que algunos, maliciosamente, han llegado a preguntarse si la amnistía no estaría diseñada, entre otros, con ese propósito), han ubicado al ministro Montoro en una posición de extrema debilidad. El segundo, tras Ana Mato, en la peculiar “línea de dimisión” del Gobierno (parafraseando el lenguaje dinástico).

Razón de más para que no se prodigue tanto con este tipo de actitudes, más propias del macarra del barrio, siempre dispuesto a la gresca, que de un virtuoso y recto servidor público. Sobre todo, si a lo anterior unimos que el ministro no ha renunciado a cobrar las dietas por alojamiento que el Congreso paga a los diputados de otras circunscripciones distintas de Madrid (Montoro es diputado por Sevilla), que ascienden a 952 euros mensuales, a pesar de contar con tres pisos en propiedad en Madrid[, donde por otra parte ejerce toda su actividad desde hace años. Pero probablemente eso no constituye ningún problema para las sufridas cuentas públicas; después de todo, Montoro no ha ganado ningún Goya.

#prayfor… ¡Las Fallas son culpables!

Esta semana, Montoro continuó en su línea de fustigar a los que, en apariencia, considera grandes defraudadores a Hacienda enviando a algunos inspectores para que revisasen las cuentas… de los falleros. En plena plantá de las fallas de este año, para más señas. Una acción pretendidamente ejemplarizante, en la línea de las redadas policiales de Eliot Ness, pero cuyo efecto, dado el objetivo, y el obvio afán de notoriedad pública que la anima, ha sido más bien ridículo.

Y ha molestado, con razón, a muchos valencianos (no necesariamente falleros, o amantes de las Fallas). Por la afición del ministro por señalar siempre en la misma dirección (ya se sabe: Valencia es culpable) y por tratarse de una medida tan efectista como desproporcionada. Como si el déficit español fuera consecuencia del impago del IVA sobre los buñuelos consumidos en estas fiestas. Seguro que con lo que aflore allí nos ponemos a construir pisos de nuevo y todo se soluciona en un par de meses.

Tan excesivo ha sido el asunto que Montoro ha logrado lo que parecía imposible: que incluso el PP valenciano se atreva a levantar la voz contra el Gobierno central, por boca tanto de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como del vicepresidente, José Ciscar. ¡Si hasta Alberto Fabra se ha reunido con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (comisionado de Esperanza Aguirre y principal contrapeso actual en el PP a Rajoy), para exigir más financiación!

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de Periodismo de la Universitat de València. 
@GuillermoLPD