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Crisis financiera: un fallo institucional en cadena que no supimos evitar

Por MANUEL ILLUECA. 10/03/2013

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

Manuel Illueca

Profesor en la Universitat Jaume I de Castellón e investigador del IVIE
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VALENCIA. Durante esta última semana los medios de comunicación han dado cuenta de las comparecencias de los dos últimos gobernadores del Banco de España, Luis Linde y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, como testigos en la causa abierta por el juez Andreu contra los antiguos consejeros de Bankia. Ambos atribuyen el hundimiento de las cajas de ahorros a la segunda recesión que padeció la economía española a mediados de 2011, un hecho que en su opinión nadie podía prever. Y puesto que nadie podía preverlo, no podemos responsabilizar a nadie, especialmente a ellos dos, de que sucediera lo inevitable.

Esta interpretación de los hechos se ajusta perfectamente al guión que, desde este periódico, hemos venido exponiendo a lo largo de los últimos meses (aquí, aquí y aquí). Por distintos motivos, nuestras autoridades económicas, partidos políticos y principales analistas económicos, incurrieron en un error de diagnóstico sobre el alcance de la crisis en España, que condicionó las medidas de política económica adoptadas para hacer frente a la misma, agravando considerablemente sus efectos macroeconómicos.

Un diagnóstico erróneo, pero compartido por los actores principales

Puesto que los bancos españoles no habían participado en el negocio de las hipotecas subprime, los primeros síntomas de debilidad de nuestras entidades financieras se atribuyeron a una seria, pero al fin y al cabo transitoria, crisis de liquidez importada desde Estados Unidos. Se entendía que los precios de la vivienda se situaban por encima de los valores de equilibrio a largo plazo, pero se asumía que dicha sobrevaloración no era excesiva y que, por tanto, la solvencia de la banca española, suficientemente protegida por sus elevados ratios de capital y las célebres provisiones anticíclicas, no estaba en peligro. El mantra de la época queda perfectamente resumido en las conclusiones de un artículo de investigación sobre el precio de la vivienda firmado entre otros por Fernando Restoy, actual subgobernador del Banco de España, en 2006:

"A first implication of this result is that contrary to a situation characterized by a bubble episode, the most likely scenario for future house prices in Spain is one where equilibrium is restored in an orderly way - which does not necessarily require an adjustment in nominal terms - and consequently, there is no need for policy action, beyond a prudent monitoring of the process aimed at promptly detecting any significant departure from the estimated short-term adjustment path."

Es importante señalar que este diagnóstico era compartido por los dos partidos políticos mayoritarios. Baste como ejemplo el vídeo del debate Solbes-Pizarro previo a las elecciones de marzo de 2008, durante el cual el responsable económico del principal partido de la oposición descartaba que el sector inmobiliario constituyera un problema relevante para la economía española ("la crisis del ladrillo será pasajera" 0:50 - 0:55), centrando sus críticas al gobierno en la inflación, la pérdida de competitividad y el incipiente incremento del desempleo.


De hecho, las medidas adoptadas como consecuencia de este diagnóstico inicial pronto se convirtieron en estrategia de Estado. La iniciativa política corresponde lógicamente al Gobierno de la Nación, pero el Partido Popular respalda las dos reformas que el Gobierno socialista somete a la aprobación de las Cortes Generales.

Es más, el consenso entre las dos fuerzas mayoritarias continúa incluso después de las elecciones celebradas el 20 de Noviembre de 2011. El Partido Socialista apoya la primera reforma diseñada por el nuevo gobierno, se abstiene en la segunda y, finalmente, se opone a la tercera, que otorga rango de ley a las condiciones incluidas en el Memorandum of Understanding (MoU) suscrito por España para financiar el rescate de su sistema financiero.

Las consecuencias de los errores en el diagnóstico inicial de la crisis

Hoy sabemos que, al infravalorar el riesgo de insolvencia de las entidades financieras españolas, aquel diagnóstico inicial propició la adopción de una serie de medidas de política económica que han dificultado la salida de la crisis. Por un lado, el Estado avaló la emisión de bonos de las entidades financieras españolas, procediendo de facto a socializar las pérdidas incurridas por las cajas de ahorros después de una década de deficiente gestión del riesgo.

Por otra parte, se modificaron las normas contables para demorar en lo posible el reconocimiento de las pérdidas por deterioro en el valor de los activos, generando una gran desconfianza en los mercados financieros internacionales que, a la larga, se cobró un coste muy elevado en términos reputacionales y económicos.

Y finalmente, nuestro país redujo dramáticamente el número de cajas de ahorros mediante un proceso de fusiones que, si bien tenía la loable intención de reforzar las cuentas de explotación de las cajas vía racionalización de sus estructuras organizativas, finalmente desembocó en la práctica desaparición de todo el subsector de cajas, al no aislar a las entidades más problemáticas del resto del sistema.

Cuando la cruda realidad de la crisis de solvencia acaba finalmente imponiéndose, el gobierno socialista alumbra el desdichado Real Decreto-Ley 2/2011, de reforzamiento del sistema financiero, que eleva sustancialmente los ratios mínimos de capital sin obligar a los bancos a eliminar los activos tóxicos de sus balances, una alternativa que España no podía asumir sin ayuda externa.

Al mismo tiempo, el gobierno decide imponer menores requerimientos de capital a las entidades financieras cotizadas, al objeto de estimular la salida a bolsa de las cajas de ahorros y profesionalizar sus órganos de gobierno. Bankia se ve abocada a cotizar en un contexto económico extraordinariamente adverso, que le obliga a captar el capital necesario en el denominado tramo minorista.

Y, de este modo, convierte en accionistas del nuevo banco a sus propios clientes, centenares de miles de pequeños ahorradores que confían en su caja de siempre, pero desconocen que el balance de la entidad incluye una ingente cartera de activos tóxicos pendientes de sanear. Meses después, el inevitable reconocimiento contable de las pérdidas fulmina los ahorros de estas personas y, lo que es peor, destruye la confianza de los españoles en el sistema financiero nacional.

¿Quién tiene la culpa del lamentable desenlace de esta operación? ¿El Consejo de Administración que firmó las cuentas antes de la salida a bolsa? ¿La Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿El Banco de España? ¿Los partidos políticos? ¿Los auditores de cuentas? Vivimos en una sociedad mediática traumatizada por una crisis sin precedentes.

Y desde luego, no hay nada más mediático en estos momentos que un culpable, nada más noticioso que los nombres y apellidos de aquellos que han de cargar con la responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, la sociedad empieza a entender que la crisis sistémica que padecemos no es atribuible a la impericia de unos pocos. Se trata de un colapso generalizado de los mecanismos de control que debían protegerla de los efectos devastadores de una crisis bancaria de naturaleza sistémica. En este sentido, no sorprende el desplome en la intención de voto de los partidos políticos mayoritarios, aquellos que para la gran mayoría de los ciudadanos constituyen la cara visible del sistema.

¿Se podía evitar?

La sensación de impunidad e indefensión es mayor si se tiene en cuenta que la acumulación de riesgos en el sector inmobiliario era fácilmente perceptible. De hecho, algunos académicos (pocos, pero haberlos los había) venían denunciando públicamente la situación desde hacía años. Los propios inspectores del Banco de España elevaban escritos a sus superiores indicando el peligro que se cernía sobre nuestras entidades financieras. Y algunos bancos comerciales procedían a vender su cartera de inmuebles justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En definitiva, las luces rojas aparecieron, pero sin embargo las medidas correctoras no llegaron.

Desde distintos ámbitos se nos quiere hacer ver ahora que la crisis era inevitable. Que España forma parte de la zona Euro y que, ante el aluvión de financiación procedente del Norte de Europa, poco se podía hacer para evitar que el precio de la vivienda se disparara, invitando a los bancos domésticos a sumarse a la fiesta.

Pero lo bien cierto es que no era inevitable que las cajas de ahorros españolas se expandieran por toda la geografía nacional asumiendo riesgos que no entendían; no era inevitable autorizar la construcción de viviendas en cada metro cuadrado de nuestros municipios costeros; no era inevitable diseñar un estado de bienestar insostenible creyendo que los ingresos fiscales procedentes del ladrillo serían eternos; no era inevitable mantener un mercado de trabajo dual que impulsaba los costes laborales unitarios por encima de los de nuestros competidores; no era inevitable en definitiva desproteger a la población de los riesgos que comporta el nuevo orden económico en el cual tenemos que competir.

Será difícil encontrar responsables individuales de lo sucedido, porque esta crisis responde a un fallo en cadena de nuestras instituciones. Sin embargo, la ciudadanía no debería interpretar este hecho como un motivo para desentenderse de la acción política. Lo que está en tela de juicio no es tanto la actuación negligente de unos pocos, como la calidad de nuestro entramado institucional y la sostenibilidad de nuestro modelo de convivencia. Desde esta perspectiva, la política es hoy más necesaria que nunca, si realmente aspiramos a impulsar entre todos las reformas que el país necesita.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

Manuel Illueca

Profesor en la Universitat Jaume I de Castellón e investigador del IVIE
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8 comentarios

Vicente Nebot escribió
26/03/2013 22:51

Hola Manuel, Lo primero, felicitarte por tus artículos, en especial por el de los incendios. Respecto a los responsables de la crisis, creo que, en cierta medida, somos todos; unos por acción y otros por omisión, dado que no recuerdo a nadie quejándose en mitad de la fiesta, mientras disfrutábamos del fabuloso ponche de euros procedente del norte. Del mismo modo, a los máximos responsables de los mecanismos de control e implementación de medidas correctivas, les diría que se apuntaran a la ONCE, ya que allí seguro que encontrarían trabajo. Por último, lo que más me asusta no son los "ciegos del pasado", sino aquellos "responsables" a los que los laboratorios de economía experimental se les quedan pequeños. Y sino basta con preguntar en Grecia, Chipre y... España??? Un Saludo

MANUEL ILLUECA escribió
11/03/2013 18:43

Joan, mis opiniones no comprometen en absoluto a este periódico, al cual agradezco que tenga a bien publicarlas. Por tanto, es mi opinión -y no la del periódico- la que a usted le resulta decepcionante.

joan escribió
11/03/2013 16:26

El problema es que "los actores implicados" forman parte de una tramad de intereses compartidos. No es que no se pudiera preveer. Muchas y muy autorixadas voces lo preveyeron y no se les quiso escuchar y ahora estos mismos (PPSOE, bancos y economistas oficiales, no tantos en realidad) dicen q era imposible hacerlo. Y mientras no solo escapan impunes, sino q además tratan de mantenerse en los mismos sitios de poder. Y no se trata de hacer popuismo fácil de horca y antorcha, sino de dar voz a aquellas visiones alternativas silenciadas. La verdad es que esperaba más de este periódico (que normalmente me gusta).

Jose Fco. Soriano escribió
11/03/2013 15:13

Es claro que no hay un politico con nombres y apellidos, es el actual sistema politico el que esta putrefacto. La pregunta es como estos politicos que han dejado que se deteriore tanto el sistema van a ser capaces de adecuarlo a la necesidad real del momento, Creo que no puede ser y deberian irse todos,

MANUEL ILLUECA escribió
11/03/2013 07:32

Boro, no es el objetivo de este artículo exculpar a nadie. He tratado de explicar por qué se adoptaron decisiones que, desde la perspectiva de hoy, resultaron claramente inadecuadas. Será difícil identificar responsabilidades individuales si, como parece evidente, los distintos agentes implicados en la crisis se ven forzados a tomar decisiones erróneas basadas en un diagnóstico inicial equivocado.

fulanito escribió
10/03/2013 23:08

Pasa de puntillas sobre el papel de los Ayuntamientos junto con los poderes Autonómicos en conjunción con unas Cajas de Ahorro modeladas a la carta. Todo ello para crear unas condiciones objetivas de mercado con una oferta y demanda distorsionadas desde las instancias politicas. Una piramide de ponzi creada con el concurso de los centros de poder politico-administrativo.

Boro Inot de las Marismas escribió
10/03/2013 22:38

Entre tots varen matar-la i ella sola es va morir. Pues no oiga, la masa no diluye la responsabilidad, a mi no me meta en ese saco. ¿A quien vamos a otorgar la confianza los ciudadanos? ¡Si están los mismos!, más o menos camuflados, pero los mismos. Si el sistema ha colapsado porque está corrompido por esos políticos, si el sistema de control ha sido creado por esos políticos para que sea manipulable y no funcione, si detrás de cada responsable (consejos de administración, órganos gestores, órganos de control, auditores, órganos técnicos, medios de comunicación, justicia, etc.) siempre está el dedo de esos mismos partidos políticos, ¿qué acción política nos queda?. Política sí, pero primero Justicia, sean muchos o pocos los responsables.

mases escribió
10/03/2013 20:56

Las querellas y denuncias que ahora se hacen contra ex-directivos de Banco de Valencia y Bancaja, en su esencia, eran conocidas y/o imaginadas desde hace años por mucha gente normalita como yo mismo. ¿Cómo pretende Fernández Ordoñez hacernos creer que el Banco de España no las conocía? ¿A que espera la Fiscalia Anticorrupción para averiguar los motivos por los que "el Mafo" les dejó seguir?

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