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VALENCIA. La venta del patrimonio inmobiliario de la Generalitat y de las empresas públicas que el Consell ha declarado transferibles -Ciudad de la Luz, Aeropuerto de Castellón y la gestión de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, de momento- está tropezando con más problemas de los esperados. Pese a que el Gobierno valenciano asegura que hay inversores interesados, lo cierto es que el tiempo pasa sin que se cierre ninguna operación de calado. 

La clave del bloqueo de estos procesos de venta o externalización de la gestión estriba en la propia debilidad de la Generalitat Valenciana, acuciada por la necesidad de hacer caja para paliar el grave desequilibrio que arrastran sus cuentas. Aunque el Consell insiste en que no quiere malvender su patrimonio, parece que los tanteos que llegan a la mesa del Consell distan mucho de colmar las expectativas económicas de la administración valenciana.

Precisamente este domingo a las 12 de la noche finalizaba el plazo concedido por la Generalitat al grupo hispano-libio para remitir la carta de pago acreditativa para la compra del aeropuerto de Castellón. Es decir, el aval o garantía bancaria de que la oferta es seria y solvente. Al cierre de esta edición, fuentes de la Generalitat señalaron no tener constancia de que el citado documento hubiera llegado a dependencias oficiales.

La posibilidad de este retraso ya había sido contemplada por el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, quien señaló la pasada semana que el aval podría llegar el lunes o martes, excediendo así el plazo establecido por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y recalcado el viernes por el portavoz del Consell, José Císcar, quien además supervisa la comisión interdepartamental para la venta de entes públicos.

No obstante, visto lo visto en las últimas semanas, parece que la voz cantante y el mayor dominio de la información en esta operación sigue obrando en poder de Carlos Fabra, algo que no termina de agradar al Consell de Alberto Fabra, quien no dispone de ninguna otra oferta en firme por el aeropuerto.

Las fuentes consultadas por este diario apuntan a que si no se produce en estas horas la llegada de la carta acreditativa, podría ampliarse de nuevo el plazo para la envío del aval a lo largo de semana. La llegada de esta carta acreditativa, algo en lo que confían desde el Gobierno valenciano, significaría un paso en firme para proseguir las negociaciones.

De no recibir la garantía exigida, se activará el plan B de la Generalitat, que consiste en comenzar las gestiones para planificar la puesta en marcha del aeropuerto por parte del Gobierno valenciano. O lo que es lo mismo, el adiós a ingresos inmediatos procedentes de esta infraestructura.

CIUDAD DE LA LUZ, UN ESCENARIO PROBLEMÁTICO

Otra de las empresas públicas con el cartel de ‘se vende' en letras grandes y luminosas es la Ciudad de la Luz. Si bien desde el Consell han asegurado que estos estudios de cine son objeto de interés de "varios pretendientes", el único que ha manifestado en público que se plantea presentar una oferta es José Luis Moreno que, recientemente, se hizo con el Teatre El Musical. Curiosamente, el vicepresidente del Consell señaló el pasado viernes que no habían recibido la llamada de este empresario del mundo del espectáculo.

A las dificultades de vender un ente como Ciudad de la Luz hay que sumar los problemas que encierra este complejo en concreto. La demanda de la empresa gestora Aguamarga a la Generalitat por impago está pendiente de dirimirse en los juzgados el mes que viene. Al mismo tiempo, la Generalitat espera que prospere su recurso para evitar la sanción que implica la devolución de 265 millones de euros impuesta por la Comisión Europea al considerar que las ayudas recibidas por el ente fueron "ilegales", tras denuncias de otros estudios cinematográficos europeos. Parece claro que, hasta que no se avance en la resolución de estas situaciones, será difícil que prospere la venta del complejo.

CACSA, OPCIONES MÁS REALES A PRIORI

La otra cara de la moneda, al menos en apariencia, es el interés por la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Para este proyecto, han mostrado públicamente sus cartas dos empresas de renombre como son Parques Reunidos, que actualmente regenta L'Oceanogràfic, y Rain Forest, propietaria del Bioparc. Si bien ambos posibles compradores se mantienen a la espera de que el Consell establezca las posibles condiciones.

Como el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha repetido en numerosas ocasiones, y no le falta razón, estas operaciones son "complejas" y no se resuelven de la noche a la mañana. Pero también parece indudable las dificultades que a las que debe enfrentarse el Ejecutivo para discernir entre los compradores decididamente interesados en negociar ofreciendo precios realistas y los oportunistas a la caza de conseguir precios de saldo aprovechando las urgencias de la Generalitat Valenciana.

VENTA DE PATRIMONIO: PRESUPUESTADA E INCUMPLIDA

Este interés de compradores a la búsqueda de una 'ganga' también se da en los inmuebles. La Generalitat también está teniendo dificultades para la venta de su patrimonio. En los últimos meses, se ha puesto el acento en el interés del Gobierno valenciano de obtener liquidez a través del traspaso de inmuebles en propiedad, una puerta que se ha abierto también al régimen de alquiler ante las ofertas demasiado a la baja recibidas.

A lo largo de 2012, el ahora exconseller de Hacienda, José Manuel Vela, se mostró esperanzado en el traspaso de inmuebles, algo que ha chocado frontalmente con la realidad de un mercado congelado.

De hecho, semanas atrás el Consell modificó la ley para reducir la burocracia que hasta ahora imponía la Administración en la explotación y enajenación de bienes inmuebles. El objetivo es eliminar los obstáculos que impiden la obtención de los mayores ingresos posibles con estas operaciones. Un intento, sin duda, de aligerar unas ventas y alquileres que van demasiado despacio para las necesidades del Gobierno valenciano.