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MADRID (VP/EP). La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) celebró ayer la decisión de la Comisión Europea (CE) de pedir a España que modifique la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) por no ajustarse a la Ley. Fuentes de Redtel ratificaron su rechazo a esta tasa e insistieron en que la consideran "injusta" e "ilegal", en la línea de las conclusiones presentadas por Bruselas.

La patronal del sector, presidida por Miguel Canalejo, recordó que ya presentó sus alegaciones contra esta tasa, que obliga a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones a abonar parte de sus ingresos a RTVE para compensar la eliminación de la publicidad.

La solicitud de la CE solicitará la modificación la semana que viene a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El ultimátum de Bruselas afectará también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, abrió el expediente contra España el pasado mes de marzo por considerar que la tasa puede "ser incompatible con las normas de la UE", ya que "parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".

Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha recibido las alegaciones del Gobierno español defendiendo la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE, así como las formuladas por Redtel en contra de la tasa.

El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre del año pasado, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.