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MINORISTAS ATRAPADOS

Unos 35.000 cuotapartícipes de la antigua CAM esperan una solución

LUIS A. TORRALBA. 01/03/2013 La Fundación CAM no tiene recursos para compensarlos, mientras la CNMV espera noticias para levantar una suspensión en bolsa que dura ya 450 días

VALENCIA. Hoy se cumplen 450 días desde que cotizaran por última vez las cuotas participativas de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) y todavía quedan unos 35.000 'accionistas' con sus inversiones cautivas desde aquel 8 de diciembre de 2011. Ese día cerraron a 1,34 euros y desde entonces esperan cómo poder recuperar su dinero, mientras la patata caliente se va pasando de unos a otros sin dar solución alguna.

Fuentes próximas al Banco Sabadell, que conviene recordar que compró el negocio bancario de la extinta caja alicantina donde no estaban integradas las celebérrimas cuotas, tienen claro que "no se puede nada y menos nosotros porque bastante hemos hecho ya, cuando realmente no estábamos obligados".

Josep OliuY así es porque la entidad que preside Josep Oliú puso en marcha una campaña de vinculación para los cuotapartícipes, dejando a un lado los que consideraban que eran meramente especuladores de turno.

ALTA ACEPTACIÓN

Una campaña que tuvo un alto grado de aceptación entre los 54.000 'accionistas' atrapados en este producto financiero.

Para ello -y previo un análisis exhaustivo a los afectados en cuestión- ofreció el verano pasado una doble vía: por un lado, un depósito a un tipo de interés del 3% a todos aquellos que la entidad vallesana entendía que habían comprado las cuotas sin saber lo que estaban adquiriendo.

Y, por otro, a los que tenían un perfil de inversión enfocado a los tenedores de cuotas, acciones y/o productos similares, la posibilidad de recibir acciones propias por el 23,5% del dinero invertido.

DUPLICANDO EL INTERÉS

Pero la cosa no quedó ahí porque a mediados de octubre pasado SabadellCAM lanzó un órdago a la grande para tratar de recuperar a los antiguos clientes de la caja -cuotapartícipes incluidos-, al poner sobre la mesa un plazo fijo al 6% TAE (5,87% nominal), tal y como avanzó Valencia Plaza.

"Todos los afectados tuvieron la oportunidad de pasarse por las oficinas del SabadellCAM para ver si su perfil encajaba dentro de las dos opciones, por lo que a nosotros nada se nos puede reprochar", advierten las mismas fuentes consultadas por este diario.

AMORTIZACIÓN

Mientras tanto el conseller de Economía, Máximo Buch, manifestaba hace quince días que "el valor contable de las cuotas participativas es de cero euros", aunque hacía hincapié en que "no se tienen por qué amortizar y si se hace una solución no es por el valor contable y sí por otro tipo de solución".

Buch, que hizo estas declaraciones en Alicante con motivo de un desayuno-coloquio organizado por SabadellUrquijo, reconoció que la Fundación CAM "no tiene suficientes recursos para compensar" a estos inversores, por lo que deberán que ir "por la vía judicial de reclamación y, a partir de ahí, ver qué mecanismos hay".

Cinco días antes el Síndic de Greugues reprendía al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el brazo ejecutor de la política financiera de la Generalitat Valenciana, por desentenderse de la supervisión no sólo de preferentes y subordinadas sino también de las cuotas.

EN BUSCA DE UNA "SOLUCIÓN SATISFACTORIA"

De este modo dió la razón a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana al resolver en su informe que el IVF debe implicarse en la búsqueda de una "solución satisfactoria" para los clientes afectados en tales productos.

Síndic de GreugesCon esta resolución, la Unión espera un "inminente y decidido esfuerzo" por parte de las administraciones públicas valencianas para buscar una "salida consensuada" con las asociaciones de consumidores y dar soluciones adecuadas a los perjudicados por la comercialización y venta de este tipo de productos 

LA CNMV, A LA ESPERA

Como también espera la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) noticias de la Fundación CAM, la dueña de las cuotas participativas, para levantar una suspensión en bolsa que dura ya 450 días. "Estamos esperando la decisión que adopte para valorarla y tomar una resolución al respecto", apuntan fuentes próximas al organismo supervisor que preside Elvira Rodríguez.

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