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MADRID. El nuevo ‘lobby' del sector inmobiliario, compuesto tan solo por cuatro de las principales firmas de servicios inmobiliarios que operan en el mercado nacional, presentará este jueves en sociedad a su nuevo presidente, el empresario Ricardo Martí Fluxá, quien tendrá que defender los intereses del Aguirre Newman, Knight Frank, Richard Ellis y Jones Lang Lasalle al frente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI).

Martí Fluixà, abogado de formación, se ha movido entre el sector público y el privado. Ha sido secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio de Interior bajo las órdenes de Jaime Mayor Oreja (Partido Popular), además de ocupar distintas direcciones de gabinete en el Ministerio de Exteriores durante el gobierno de la Unión de Centro Democracia (UCD) y de ser director de Gabinete del vicepresidente primero del Gobierno con este mismo partido.

Tras su paso por la vida pública, inició una carrera diplomática que le llevó a representar a España en países como Nairobi y Reino Unido. También es reconocida su labor como jefe de Protocolo de la Casa Real desde 1992 hasta 1996.

En el sector privado, Martí Fluxá desarrolló una intensa actividad del más alto nivel como miembro del Consejo de Administración de varios grupos implantados en diversos sectores industriales y de servicios, alguno de ellos estratégico, como en Industria de Turbo Propulsores (ITP), cuya presidencia ocupa en estos momentos.

Muchos barajaron su nombre para dirigir el Ministerio de Defensa y el de Interior, que finalmente fueron ocupados por Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz, respectivamente.  Desde Moncloa, también le consideraban uno de los mejores candidatos para dirigir el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

EN BUSCA DE UN INTERMEDIARIO CUALIFICADO

Con este perfil, las empresas han buscado un intermediario cualificado para defender los intereses que las unen en el sector de cara al Gobierno. Esta determinación ha sido tomada debido a que los servicios inmobiliarios, a pesar de que no dependen de forma directa de las concesiones de la administración pública, sí pueden verse afectados por aspectos legislativos y operativos, como pudieran ser las decisiones tomadas en la Sareb o la queja de competencia desleal que achacan a algunas consultoras que se han inmerso en el negocio de real estate.

Aguirre Newman fue una de las principales impulsoras de este ‘lobby'. Uno de sus dos presidentes, Santiago Aguirre, será la cara visible de su empresa en esta asociación. Fundada en 1988 y dedicada a servicios de consultoría y gestión inmobiliaria, ha sido reconocida por la revista Euromoney como la mejor consultora inmobiliaria en España en el año 2012. 

Otra de las fundadoras e impulsora es CBRE, dependiente de Richard Ellis, con Eduardo Fernández Cuesta al frente, compañía a la que entró en 1989 y que ha sufrido diversas fusiones desde su llegada y a las que ha sobrevivido hasta situarle como presidente de Richard Ellis España.

Fernández Cuesta es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid.

También estará dentro de la asociación Andrés Escarpenter, consejero delegado de Jones Lang Lasalle, compañía de servicios financieros y profesionales especializada en el sector inmobiliario.

En 1988 participó en la filial de Jones Lang Wooton en España y desde 1995 dirige la compañía en el territorio nacional. Es licenciado en Ciencias Económicas y MBA por INSEA, en Fontainebleau (Francia) en 1985.

La cuarta compañía que conforma la ACI es Knight Frank España, definida como la mayor consultora inmobiliaria privada mundial y representada por su director general, Alberto Prieto. Se incorporó a la firma de servicios y consultoría inmobiliaria en 1995 en la que fue ocupando distintos puestos y responsabilidades. Desde 2008, es uno de los 60 socios propietarios en el mundo, único en España y miembro permanente de la European Advisory Board.

G-14, MIENTRAS UNOS SE DESHACEN, OTROS SE ARMAN

ACI no es el primer 'lobby' que se une para hacer presión en el sector inmobiliario. En 2007 se constituía el G-14, organización encargada de reunir a empresas inmobiliarias que pretendían defender sus intereses de forma conjunta, aunque muchos creyeron que la intención era lavar la imagen del sector.

Llamada G-14 por su número de socios, tan solo consiguió reunir a 13 empresas: Colonial, Chamartín, Martinsa Fadesa, Metrovacesa, Nozar, Rayet, Realia, Restaura, Reyal Urbis, Vallehermoso, Renta Corporación, Hercesa y Parquesol.

El número de integrantes se redujo hasta llegar a nueve, pero más tarde se sumaron Ferrocarril Grupo Inmobiliario, Level, Montebalito y Quabit, quedándose fuera Chamartín, Rayet, Renta Corporación, Parque Sol y Colonial. 

Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa, fue el primero de sus presidentes, pero dimitió al entrar en concurso de acreedores. Actualmente, es el presidente de Vallehermoso, Fernando Rodríguez- Avial Llarden, el que lleva las riendas de la organización.

Según apuntaban en su constitución, el objetivo era tener un contacto permanente con inversores y analistas internacionales, además de convertirse en una plataforma para explicar las "excelencias" del sector e "incrementar la confianza en el mercado español, tanto de los particulares, como de los grandes fondos de inversión e internacionales".

No obstante, a pesar de haber trasladado muchas medidas al Gobierno, no han tenido éxito a lo largo de estos años. Pedro Pérez, antiguo vicesecretario de G-14 y en su momento presidente de Itínere, antigua filial de Sacyr Vallehermoso, tomó las riendas del ‘lobby' cuando el presidente de Martinsa Fadesa abandonó el barco.

Exigió una inyección de liquidez al sistema financiero de 40.000 millones de euros frente a los 10.000 aprobados por el ejecutivo, pidió una bajada de precios del suelo de las comunidades autónomas y una agilización de la conversión del suelo rústico en urbano a los ayuntamientos para reactivar el sector. También demandó que se aceleraran las devoluciones del IVA a las empresas y avales a través del ICO. No obstante, las peticiones acabaron en saco roto.