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UN PODER LEGISLATIVO REMOTO

Iniciativa Legislativa Popular,
una alternativa popular de escaso éxito

ESTEFANÍA PASTOR/ MADRID PLAZA. 14/02/2013 El Congreso de los Diputados solo ha tomado en consideración cuatro ILP en toda la democracia de las 70 presentadas hasta la fecha

MADRID. Cualquiera diría que recoger 500.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es la parte más fácil de todo el trayecto que debe seguir una propuesta ciudadana para acabar convertida en ley. Contando las dos iniciativas que fueron admitidas a trámite este martes, relativas a la dación en pago retroactiva y a la declaración de los toros como bien de interés cultural, el Congreso de los Diputados solo ha tomado en consideración cuatro ILP en toda la democracia.

La ILP, aparentemente un mecanismo de la democracia participativa, se encuentra recogida en la Ley Orgánica 3/1984, del 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, en la que se prevé un escenario de concurrencia entre la iniciativa legislativa política y la ciudadana.

Pero, las estadísticas demuestran que en muy pocas ocasiones éstas han avanzado y han servido de plataforma de decisión directa para los ciudadanos, y en el caso de hacerlo, nunca han llegado tal y como fueron presentadas. La iniciativa no solo sirve para realizar proposiciones de ley, sino también para reformar la misma, para reformar un estatuto e incluso para realizar enmiendas constitucionales.

De las aproximadamente 70 ILP iniciadas hasta la fecha, 28 no han sido admitidas en el trámite inicial porque no han recogido las firmas suficientes en el tiempo establecido. Otras 25 caducaron sin que sus promotores lograran conseguir las firmas suficientes y otras 11 fueron rechazadas después de haber conseguido las firmas necesarias. Es destacable que España tenga una de las cifras de recogidas de formas más altas, cuando el número de firmas necesarias en Portugal son 35.000, en Italia 50.000, en Países Bajos 40.000 o en Polonia 100.000.

EL GOBIERNO PUEDE ADELANTARSE CON UN PROYECTO DE LEY

En la ILP aprobada para debate de este martes, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se pedía al al Congreso la paralización de todos los desahucios por impago de hipoteca, con carácter retroactivo y la puesta en marcha la dación en pago, es decir, entregar la vivienda a cambio de saldar la deuda de la hipoteca, además de establecer un parque de vivienda de alquiler social más amplio que las 6.000 viviendas ofrecidas por el Gobierno.

En un primer momento, el PP no tenía la intención de que la ILP pudiera continuar su recorrido debido a que la calificaban como "obsoleta" por la discusión en el Congreso de una nueva regulación de los impagos de hipotecas y posibles soluciones. Visto el proceso, parece evidente que, como se apuntaba, la recogida de firmas es el menos de los males, ya que el Gobierno puede adelantarse a realizar un proyecto de ley antes de que se recojan el total de firmas para impulsar un ILP, cambie todo el articulado a través de enmiendas o simplemente se quede por el camino.  

LA APROBACIÓN A DEBATE, MOMENTO CLAVE

El catedrático de Derecho de la Universidad Carlos III, Emilio José Pajares, apunta a que el asunto clave en una ILP llega en el momento en el que se aprueba que vaya a debate, un hecho más bien escaso, como se ha podido observar, en las distintas legislaturas de Gobiernos democráticos. A partir de este momento, pasa a la comisión donde se inicia su debate.

Miembros de PAH, con la cifra de firmas recogidasEl siguiente trámite comenzaría con las enmiendas al articulado, que será lo más probable en el caso de la ILP de la dación en pago, es decir, que llegue modificada, según apunta Pajares.

En un total de 15 días deberían aprobar el dictamen y las enmiendas pero es un plazo que puede ser ampliable para posteriormente dar el paso al Senado, donde disponen de una mes para tramitar sus enmiendas para más tarde devolverlo al Congreso de los Diputados donde aceptarán o no las enmiendas propuestas desde el Senado.

"No hay un tiempo determinado para que esto pueda salir adelante" apunta Pajares. "Depende del PP que es el que tiene mayoría absoluta". No obstante, recuerda que en procesos como la aprobación de la modificación de la Constitución sí se llevo a cabo de una forma acelerada. "Depende del número total de enmiendas" explica el catedrático. "No hay un calendario establecido". A pesar de ello, Pajares apunta a la posibilidad de reducir el paso inicial de la ILP solo por la comisión y que no tuviera que ser debatida en el pleno, vía por la que ha optado el PP según las intenciones declaradas este miércoles.

LA ILP SOBRE LA DACIÓN EN PAGO PODRÍA APROBARSE EN VERANO

Debido a la urgencia, Pajares apunta a que el PP no debería de dilatar demasiado el proceso por la gravedad del problema, aunque está bastante seguro de que la iniciativa llegará con bastantes cambios a su aprobación. "Es un asunto delicado" se lamenta y apunta al verano como la fecha más temprana para que se apruebe una posible ley sobre los desahucios, aunque podría adelantarse debido a su tramite de urgencia. 

Según consta en la base de datos del Congreso, la primera ILP que pasó el filtro del Pleno versaba sobre la reclamación de deudas comunitarias. Fue en 1996 y el texto acabó subsumido en la reforma de la Ley sobre de Propiedad Horizontal que ya se tramitaba en el Congreso.

Se trata de la única iniciativa de este tipo que ha llegado a la fase de aprobación, aunque no saliera adelante el texto original. El mismo proceso sufrirá la ILP sobre desahucios que este martes ha arrancado su tramitación. En este caso, el texto acabará incorporándose formalmente a la ley sobre esta cuestión que ya está discutiendo en sede parlamentaria.

La segunda vez que el Pleno aceptó tramitar una ILP fue en septiembre de 2011. Se trataba de una proposición de ley sobre televisión sin fronteras que se había registrado dos años antes tras recabar el medio millón de firmas que establece la ley. Al concluir la anterior legislatura, el texto siguió vivo para la presente, pero la Mesa del Congreso hizo uso de su facultad de repetir del debate de toma en consideración, y en esa ocasión, su tramitación fue rechazada.

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