Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Juan Roig inaugura Marina de Empresas: "Aspiramos a hacer algo único en España"
• La naviera Boluda incrementa sus conexiones con Canarias mediante un servicio directo desde Alicante
• El IVI abre sede en Roma

VALENCIA. La empresa Concesiones Aeroportuarias, explotadora de los servicios del Aeropuerto de Castellón hasta hace un año, se ha declarado en concurso de acreedores, según publica este jueves el Diario Oficial del Estado (BOE). Los impagos de la Generalitat, que la empresa cifra en 35 millones de euros, están detrás de la decisión, según fuentes conocedoras del proceso.

Según el acuerdo firmado el 23 de marzo de 2011, la víspera de la inauguración del aeródromo, Aeropuerto de Castellón y la empresa Concesiones Aeroportuarias modificaron el contrato de concesión de la infraestructura, pasando la gestión del aeropuerto a la empresa promotora del mismo, Aerocas y la explotación de los servicios a la concesionaria.

Tras la ruptura hace un año de aquel acuerdo por parte de la Generalitat, Concesiones Aeroportuarias denunció a la Administración al asegurar que una de las condiciones del contrato era que las pérdidas se cubrieran con dinero público hasta que se consiguieran los permisos y el recinto comenzara a operar.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Precisamente con esos 35 millones, la empresa podría pagar los gastos que le ha ocasionado el aeropuerto, pero también los 30 millones de euros por los que se endeudó con siete bancos para cumplir con los compromisos de inversión que estableció en el último acuerdo con la Generalitat en 2011.

Aunque a lo largo de estos meses se han producido distintos principios de acuerdo, las entidades han terminado por cuestionar la fiabilidad de la Generalitat cuando se la planteaba como posible sustituto de la mercantil para pagar esa cantidades, según fuentes conocedora de la operación.

Concesiones Administrativas cuenta como accionista mayoritaria a la firma Globalvía Infraestructuras, propiedad a su vez al 50% de Corporación financiera Caja Madrid (actualmente integrada en Bankia) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Sin embargo, la presidencia de la sociedad corre a cargo de Durantia Infraestructuras, integrada en el Grupo Obinesa de la familia Batalla, que suma un 30% de las acciones.