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VALENCIA. El desarrollo de la administración electrónica ha ido paralelo en los últimos años a las crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas que piden los ciudadanos de todo el mundo.

Ya en las revoluciones liberales del S.XVIII se reclamaba publicidad en los asuntos de la 'res pública'. Sin embargo, tan sólo se consiguió acceder a la información del poder judicial y legislativo. No es hasta mediados del S.XX cuando los países nórdicos consiguen grandes avances en la transparencia del ejecutivo. Progresivamente, algunos estados europeos y norteamericanos comenzaron a trabajar en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero su evolución siempre ha ido de la mano de un fuerte y convencido líder político.

En nuestro país, muy en contra de lo que muchos piensan, el derecho a la información o derecho a saber no constituye un auténtico derecho fundamental, ya que va unido al artículo 105 de la CE y no al artículo 20 de la misma. Es por ello que el actual proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se esté tramitando en las Cortes Españolas como ley ordinaria y no orgánica.

En esta materia, el proyecto encabezado por Mariano Rajoy deja en duda muchos aspectos claves para la consecución de una auténtica ley de transparencia. Esto es:

-Deja fuera de la aplicación de la Ley la fiscalización de muchos órganos como son los partidos políticos (los más opacos en la transparencia de sus cuentas y financiación), los sindicatos y la Corona de España.

-Según el actual proyecto si transcurre el plazo para contestar, la institución entiende por denegada la solicitud (silencio administrativo negativo). Teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% de las solicitudes actuales quedan sin respuesta esta norma entorpecerá gravemente el acceso a la información pública.

-Existen muchas dudas del papel que jugará la futura Agencia de Transparencia, ya que nadie conoce el contenido del reglamento que lo regulará y si será un autentico órgano de judicialización con competencias sancionadoras o un simple órgano auditor.

España es uno de los cuatro países europeos que no posee "todavía" ley de transparencia y el único que no ha promulgado una ley específica que regule el derecho a la información. Existe cierto recelo en esta materia por parte de nuestros representantes públicos y es que muchos caen en el error de pensar que la "fiscalización ciudadana" juega en contra de sus decisiones, y no sabe que la rendición de cuentas (accontability) favorece con creces la calidad democrática de un Estado como el nuestro.

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han ayudado mucho a favorecer el acceso a la información pública y a promocionar políticas de Open Goverment (Gobierno Abierto), pero no solo podemos utilizarlas para difundir unidireccionalmente un determinado formulario sino que tenemos que concienciar a la sociedad y a nuestros políticos de que es fundamental la difusión de la información en manos de la Administración para la mejora en el diseño y la aplicación de las políticas públicas.

Un país que se encuentra en el puesto número 30 (entre 176 países) en el Nivel de la Percepción de la Corrupción no puede dar la espalda a aplicar proyectos de transparencia y rendición de cuentas. Sin lugar a dudas, uno de los principales beneficios de la transparencia es la eliminación la corrupción en los órganos de gobiernos de un determinado Estado.

LA COMUNITAT VALENCIANA, A LA COLA

Si analizamos situación de la Comunitat Valenciana al respecto, vemos como la participación ciudadana, la transparencia de sus organismos y la rendición de cuentas brillan por su ausencia. Aún así, hemos de reconocer que proyectos como el 'Responem' sirvieron para acercar la gestión de recortes de la GVA a todos los valencianos. No ocurre lo mismo con la iniciativa 'Tú respondes' de la Dirección General de Participación Ciudadana, donde el interés suscitado por la ciudadanía se ha reducido con creces desde el 'batacazo' que sufrió el Consell cuando preguntó por el modelo de sanidad que deseaban los valencianos.

Por otro lado, en cuando a la transparencia de nuestras instituciones, la organización Transparencia Internacional ha demostrado en dos informes publicados en los últimos meses importantes cifras al respecto. Esto es:

-A nivel provincial, si sumamos la cifra que aporta Transparencia Internacional a las tres diputaciones provinciales de la Comunitat vemos como nuestras instituciones provinciales son las menos transparentes de España.

-En el ámbito autonómico no estamos mucho mejor, ya que la Generalitat Valenciana se encuentra tercera por la cola en materia de transparencia. El mismo informe muestra cómo con referencia a la información publicada en materia económico-financiera y en materia de urbanismo nuestra región se encuentra en último puesto.

Por otro lado, por desgracia, a nivel municipal encontramos muy pocos casos de apertura de datos (open data), ya que tan sólo seis de los 8.116 municipios españoles han aplicado, tímidamente, políticas y/o actuaciones que mejorar la información que los ciudadanos poseen de las instituciones públicas.

Queda mucho camino que recorrer al respecto. La sociedad civil está cada vez más concienciada de la importancia de aplicar este tipo de políticas en la actuación gubernamental pero tan sólo serán eficaces cuando nuestros representantes políticos crean fielmente en los procesos de apertura de datos y rendición de cuentas. Aún así, somos muchos los que, desde nuestros ámbitos, seguimos trabajando para la mejora de la calidad democrática.

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(*) José L. Sahuquillo Orozco es
secretario de la Asociación Valenciana
de Politólogos (AVAPOL)