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Fotografía de archivo del 16/01/2012 del Rey Juan Carlos acompañado de los expresidentes del Gobierno Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio Real de Madrid. EFE/©Juanjo Martín
VALENCIA. El año 2012 nos ha dejado un balance de conjunto, sin lugar a dudas, muy negativo, con abundantes momentos para olvidar. Muchos de ellos, protagonizados por renombrados actores políticos, económicos y sociales, representativos de las principales instituciones del país. La crisis, además de económica, es, también, crisis institucional. De decadencia de las instituciones, de su capacidad representativa y de su prestigio ante los ciudadanos.
En este año hemos visto cómo el sistema financiero español (con una de sus principales representantes, Bankia, a la cabeza) quedaba totalmente en entredicho, intervenido por la UE y sostenido merced a unos préstamos de los que el Estado (es decir: nosotros) es garante. Al frente del desaguisado financiero teníamos a prominentes dirigentes políticos españoles, como Rodrigo Rato o Narcís Serra (ambos, exvicepresidentes del Gobierno).
Pero tampoco los hombres de negocios "de pura cepa", en principio ajenos al mundo de la política, nos han dado muchos motivos de alegría. Piénsese, sin ir más lejos, en Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE, especialista en quebrar empresas y acumular lingotes de oro en su vivienda. O en periodistas metidos a empresarios, como Juan Luis Cebrián 
y su salario de 14 millones de euros anuales, conseguido en premio a sus desvelos por desguazar el grupo Prisa.
Ni siquiera el poder judicial se ha salvado de la quema en este año 2012: el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, tenía que abandonar su puesto (a pesar de su resistencia inicial) tras conocerse los viajes que realizaba habitualmente a Marbella para pasar largos fines de semana con cargo al erario público. Meses antes, el juez Baltasar Garzón, casi venerado por un sector de la sociedad española, era condenado por prevaricación por autorizar escuchas ilegales en el caso Gürtel.
Las clases dirigentes españolas, los fundamentos mismos de un modelo de hacer política y negocios, están siendo puestas en solfa, sometidos a duras críticas por parte de la sociedad (y no cabe extrañar que sea así, viendo el comportamiento de un sector de estas clases dirigentes). Una situación en la que hay dos instituciones que se encuentran particularmente afectadas: la Monarquía y la clase política.
La Monarquía ha dejado de ser intocable
El pasado viernes, TVE programó una entrevista de Juan Carlos I con Jesús Hermida, con motivo de su 75 cumpleaños. En los últimos meses, se han prodigado las apariciones públicas del Rey, desde que pidió sus famosas disculpas tras el escándalo de su periplo en Botsuana cazando elefantes. La Monarquía intenta recuperar el terreno perdido, pero en un aspecto al menos, es realmente muy difícil que lo consiga: su impunidad ante el escrutinio público.
La Monarquía estaba tradicionalmente exenta de críticas, merced al cordón sanitario políticomediático del que, hasta hace bien poco, disfrutaba en casi todos los medios de comunicación. La cosa llegaba hasta tal punto que, durante décadas, prácticamente las únicas publicaciones que se permitían criticar a la monarquía fueron el diario El Mundo y la revista satírica El Jueves. Lo cual, naturalmente, les creó problemas, escenificados con particular claridad en el caso de El Jueves, sometido a una surrealista 
persecución judicial por publicar una portada que, a ojos de la Fiscalía, resultaba no se sabe muy bien si crítica, irrespetuosa o quién sabe qué.
Pero todo esto cambió rápidamente, en apenas un año, a raíz de la explosión del caso Urdangarin. Los medios -con matices- no ocultaron la información respecto de los problemas judiciales del yerno de Juan Carlos I, ni del impresentable comportamiento, acostumbrado a lucrarse a costa del erario público, que se colegía fácilmente de los negocios que Urdangarin "proponía" a las administraciones públicas y estas, solícitas, financiaban con generosidad.
La combinación del caso Urdangarin con el escándalo de Botsuana, en el que muchos españoles pudieron ver el grado de alejamiento de la realidad en que vivía el jefe del Estado, fomentaron el rechazo de buena parte del público respecto de la institución monárquica, que no va a solventarse con operaciones de relaciones públicas. Sobre todo si éstas, como la -por momentos surrealista- conversación/entrevista entre Hermida y el rey, aparecen como indisimuladas operaciones de marketing a mayor gloria del entrevistado y sin tocar nada remotamente espinoso.
Decadencia de la clase política
El más reciente barómetro del CIS muestra un panorama desolador en cuanto a la percepción pública de la situación por parte de los ciudadanos: el escenario político es malo, el económico mucho peor, y ambos empeorarán con el tiempo. El pesimismo parece definitivamente instalado en la sociedad española, y no se debe sólo a los durísimos datos económicos: también se debe a la constatación de la inoperancia de una clase política que aparece a los ojos del público como inoperante, alejada de la realidad y preocupada fundamentalmente de sus propios problemas: de salvarse ellos (sus privilegios, sus puestos laborales, sus "salvavidas" empresariales preparados conforme abandonen la vida política) a costa de todo lo demás. Como versión dulcificada de lo anterior, y en el mejor de los casos, en los políticos se percibe impotencia: no hacen nada, no porque no sepan, o no quieran, sino porque no pueden.
Todo esto explica tanto el desplome de la intención de voto a los partidos políticos tradicionales como los demoledores datos de la percepción pública: según el CIS, el 76% de los ciudadanos considera la situación política mala o muy mala, y además un 40% cree que el año que viene estaremos aún peor. Nada menos que un 30% de los ciudadanos consideran a los partidos políticos y la política uno de los principales problemas actuales de España, sólo por detrás del paro (77%) y los problemas económicos 39,5%).
Si nos aventuramos en otros barómetros de opinión, como el que ha elaborado Metroscopia para El País a partir de un total de 37 instituciones o grupos sociales, los políticos y la clase política aparecen como los más desacreditados entre los ciudadanos, con un 88% y un 89% de población que los ve con malos ojos, respectivamente.
Otras instituciones, como las Fuerzas Armadas (23% de desaprobación), las Universidades (18%) o el sistema judicial (41%), salen mucho mejor paradas, en un panorama en el que, en términos generales, son los estamentos representativos de la sociedad civil (médicos, profesores, abogados) los que aparecen con una mejor valoración.
El problema es el siguiente: de algunas instituciones, los ciudadanos no esperan nada, o no esperan demasiado. A otras, no se las percibe como responsables de los problemas que nos aquejan y sí, en cambio, se valora lo que aportan a la sociedad. De la clase política, en cambio, sí que se esperan soluciones, de ahí que el desaliento sea mucho mayor al constatar que dichas soluciones no aparecen, o que incluso la clase política es un factor que crea más problemas añadidos.
Crisis de representación de un sistema agotado
La crisis económica ha provocado la profundización de problemas preexistentes y la aparición de otros nuevos. También tiende a exacerbar lo que antes se percibía como poco importante, o era directamente ignorado por la sociedad, y ahora, en cambio, se vive en términos mucho más perentorios. Pero esto -que no quepa ninguna duda- constituye un fenómeno positivo: los problemas ya existían antes y el primer paso para solventarlos es señalar su existencia.
La cuestión de fondo subyacente, sin embargo, es si el sistema político actual es realmente capaz de encauzar estas demandas ciudadanas, o si, sencillamente, es un problema añadido a los demás, y en modo alguno un problema menor. El dinamismo de los movimientos sociales a lo largo de los últimos dos años, desde que surgió el 15M, evidencia que hay capas cada vez mayores de la sociedad que están insatisfechas con el actual marco político, bien sea con el sistema de representación política, con la organización territorial del Estado, o con su configuración monárquica.
El año 2012 ha mostrado el divorcio paulatinamente mayor de la ciudadanía respecto de algunos de sus representantes e instituciones; y no parece que en 2013 la tendencia vaya a cambiar, como probablemente tampoco lo haga la crisis. Al menos, para la gran mayoría de los ciudadanos.
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#prayfor... Bono y Zaplana, con la Constitución... ¡Por si acaso cabían dudas!
Como no todo iban a ser malas noticias en este durísimo año 2012, el final de año (gracias a @obdriftwood, que puso en circulación la noticia en Twitter) nos deja un motivo de esperanza: los exministros José Bono y Eduardo Zaplana han creado la Fundación España Constitucional, con el propósito de defender la Constitución Española de sus muchos enemigos. Entre las personalidades que apoyan la iniciativa se cuenta con nombres como Ángel Acebes, Maria Antonia Trujillo o Rodolfo Martín Villa.
Sin duda, si de lo que se trata es de defender una Constitución integradora, sensible a las distintas perspectivas ideológicas e identitarias que configuran España, una fundación de estas características es lo que se estaba esperando. Será hacer un par de declaraciones incendiarias sobre el nacionalismo periférico excluyente, emitidas desde Madrid y con un tono particularmente agresivo, y ver inmediatamente cómo se desinfla el desafío independentista en Cataluña.
Sin embargo, aunque el plantel es ya más que competitivo, y sin duda nos proporcionará muchas tardes de gloria, este humilde columnista clama por la inclusión de Jaime Mayor Oreja y Juan Carlos Rodríguez Ibarra en semejante alineación de galácticos constitucionales.
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Guillermo López es profesor titular
de Periodismo en la Universitat de València
@GuillermoLPD
Estimado Oliveral, en esto, como sabes, discrepamos. Creo que la dureza de la crisis y la acumulación de acontecimientos tienen el efecto de mostrarnos un tiempo ralentizado; como si 2008 hubiera ocurrido no hace cinco años, sino hace 20. En 2008 el PSOE sacó un 43% de los votos; en 2011, un 29%. Si las elecciones fueran mañana, dudo que superasen el 25%. El PP, por su parte, sacó un 45% en 2011. Las encuestas le dan entre un 30% y un 36%. En sólo un año. La desafección política por el sistema de partidos tradicional se está expandiendo muy rápidamente; otra cosa es que las alternativas no lo estén sabiendo aprovechar; o no lo hagan en medida suficiente.
Sí, de acuerdo. Pero en las próximas convocatorias electorales va a ganar quien va a ganar. Con menos votos, pero sin cambios. Mientras tanto, mientras llega esa generación yo y muchos como yo ya nos habremos hecho viejos.
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