A. LASO D´LOM. 26/12/2012

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MADRID. El Gobierno trabaja a marchas forzadas para encontrar una solución al desastre económico del sector de las concesionarias de autopistas de peaje con varios escenarios posibles pero bajo un único esquema, que todos los agentes afectados tendrán que pagar parte de los platos rotos.

 

Así, desde las constructoras y concesionarias hasta los bancos financiadores, a los que se exigirá quitas, pasando por los expropiados que ganaron batallas judiciales que ahora está recurriendo la Administración, y como no el propio Gobierno, todos tendrán que poner de su parte en el esfuerzo para salvar a estas compañías en crisis, según ha sabido este diario de fuentes del sector.

Se trabaja además sobre varios escenarios dentro de estas premisas, como buscar incentivos a posibles fusiones o ampliar las ayudas públicas por la vía de alargar el plazo de las cuentas de compensación, pero es un asunto muy complejo además de afectar al ministerio de Fomento también es responsabilidad de Economía, encargado de que los esquemas de ayudas no computen como déficit público.

SE TEME QUE SIGA LA CADENA DE QUIEBRAS

Están afectadas por esta situación todas las radiales de Madrid, en donde se incluyen algunos tramos de M-50, pero también el Eje Aeropuerto (M-110), la Madrid-Toledo, Cartagena-Vera, Ocaña-la Roda, la circunvalación de Alicante y el Alto de las Pedrizas-Málaga. Y en mayor o menor medida participan en ellas todos los grandes grupos de infraestructuras nacionales, como Abertis, OHL, Globalvía del grupo FCC, Acciona, Sacyr, ACS, Comsa, Isolux, Ferrovial y Azvi. Hasta la fecha tres de las radiales de Madrid ya se han declarado en quiebra, la R-3, R-4 y R-5 como la AP-41 entre Madrid y Toledo. Y la Cartagena-Vera está en preconcurso, a punto de caer.

Los esfuerzos del Ejecutivo con el sector por medio de dos figuras legales, los créditos participativos y las cuentas de compensación, hasta ahora no han servido más que para frenar la sangría. Los primeros se otorgaron para compensar el aumento del precio de las expropiaciones, ahora con menos sentido debido a la crisis inmobiliaria, y los segundos para compensar la caída del tráfico previsto que en estos momentos no alcanza ni el 30% del que se esperaba cuando se planificaron estas autopistas, por la paralización de proyectos urbanísticos y por la propia crisis económica.

Una enmienda del PP para los presupuestos de 2013 eleva del 49% al 80% las cuentas de compensación para los ingresos por tráfico que estas sociedades esperaban obtener. Ha sido muy festejada por el sector, pero no cubre para evitar la crisis del sector.

PROBLEMAS CON LAS FUSIONES

Ha habido una gran polémica en el sector por una propuesta en la que trabajó Fomento de que las empresas concesionarias en mejor situación económica y con concesiones muy maduras próximas a su vencimiento, fundamentalmente Abertis e Itínere, integrasen a las que tienen problemas y que como contrapartida el Gobierno les ampliase las concesiones próximas a revertir al Estado. Pero es complicado técnicamente ya que la ley lo que dice es que hay que volver a licitar la autopista.

Además, la fórmula, de ponerse en marcha, dejaría la mayor parte del sector concesional español en manos de estos grandes grupos, sobre todo de Abertis, controlado por Caixabank. 

Se han estudiado otras fórmulas más agresivas para salvar a estas autopistas, como podría ser limitar la velocidad en las vías alternativas sin peaje, para desviar a un mayor número de conductores a las concesionarias, o también una especie de reventa de derechos de explotación, pero no hay consenso suficiente sobre estas propuestas.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

El Gobierno está entre la espada y la pared al existir una responsabilidad patrimonial del Estado sobre estas concesiones que adeudan ya más de 3.000 millones. Por eso a nadie le interesa que siga la cadena de quiebras. Se trata de evitarlo a toda costa y cuanto antes mejor.

Las autopistas de peaje que actualmente afrontan el riesgo de declararse en quiebra han supuesto una inversión de 5.601 millones de euros a las sociedades concesionarias que se adjudicaron su construcción y posterior gestión, según datos oficiales que recogía la agencia Europapress.

El sobrecoste que afrontaron por los terrenos que expropiaron para la construcción de las autopistas y la abrupta caída de tráfico que registran en los últimos años, consecuencia de la crisis, ha desequilibrado las cuentas de sus concesionarias e impide que puedan afrontar el pago de las deudas, que rondan los 3.000 millones.

CIFRAS DE UNA CRISIS

Según estos datos, la Madrid-Toledo, de 71,5 kilómetros y participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espírito Santo, supuso una inversión de 407,5 millones, y se ha declarado en concurso con un pasivo de 380 millones. En el primer trimestre de este año registró 1.639 usuarios diarios, un 15,6% menos que un año antes.

La otra vía en concurso, la R-4 (Madrid-Ocaña), requirió una inversión de 1.079,3 millones y ha solicitado el concurso con una deuda de 575 millones. Está participada por Ferrovial, Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha. En los tres primeros meses contabilizó 4.555 usuarios al día, un 10,6% menos.

En cuanto a las también radiales R-3 y R-5, ambas de la concesionaria Accesos de Madrid, supusieron una inversión de 1.118,95 millones y con un pasivo de 666 millones. Participada por Abertis, Sacyr, ACS y la antigua Caja Madrid, sufrieron un descenso de tráfico del 15,3% y el 16,2%, respectivamente, hasta marzo.

Por su parte, la autopista Cartagena-Vera, en la que se invirtió 732,19 millones, en preconcurso, tiene una deuda de 550 millones y en el primer trimestre del año registró una media diaria de 2.396 usuarios, un 6% menos. Sus socios son Globalvía, Ploder, Cajamar, Unicaja (Ceiss) y CAM (Banco Sabadell).