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VALENCIA. No es porque crea en la caridad agustina (que también), pero no entiendo el razonamiento de querer recortar solidaridad interterritorial por las decisiones en política económica. Tampoco se deberían reclamar entonces ayudas y rescates de alemanes y holandeses. De hecho, los alemanes tampoco lo entienden. El economista Jürgen Donges repitió hace poco en Valencia que: "No quiero dejar a mis nietos una deuda acumulada (...) porque a los españoles no les ha dado la gana ahorrar".

Una decisión de la Junta de Extremadura ha vuelto a poner encima de la mesa el debate de la financiación y solidaridad autonómica. Los funcionarios extremeños serán los únicos funcionarios españoles que recibirán estas navidades la paga extra. La pregunta abierta en twitter era: ¿tiene sentido que Extremadura utilice las transferencias que recibe del resto de España para que sus funcionarios cobren más que los demás?

Observando las diferencias en PIB/cápita, el sistema de financiación parece injusto para los que pagan. En cuanto al PIB per cápita, Extremadura sería Grecia, Valencia Puerto Rico y Cataluña, Macao (no lo digamos demasiado alto por si Adelson vuelve reclamando otro Eurovegas). El problema de este análisis es que ni Extremadura, ni Valencia, ni Cataluña son países, al menos de momento. Los servicios y administración compartidos hacen muy complicada una comparación en términos relativos de PIB per cápita.

Las transferencias, a diferencia de los impuestos, son finalistas. Es decir, lo que todos (menos vascos y navarros con su particular ticket) transferimos a los extremeños y andaluces sólo se puede utilizar para servicios como la sanidad y la educación. Con ello, se pretende que converjan, tanto en renta como en política económica, con el resto de España. El margen para revelar sus preferencias (en este caso con políticas expansionistas sobre la demanda agregada) es muy limitado y deben recurrir a otras fórmulas. Recientemente el tribunal constitucional ha avalado la tasa extremeña a la banca (240 millones), con lo que disponen de un ingreso extra que utilizarán en lo que consideren oportuno, como la paga extra.

En todo caso, la "caradura" de la Junta de Extremadura debería imputarse sólo a su gestión, no al sistema de las transferencias. Con un sistema menos redistributivo tampoco se eliminaría ni la injusticia ni el despilfarro. Doblando la financiación, se podrían haber construido dos aeropuertos en Castellón. Cada Administración decide asignar expost los recursos de la manera más eficiente (o ineficiente) en función de la financiación que recibe exante. De momento, el único criterio de control es el cumplimiento del 1,5% del déficit. Si dentro de este margen presupuestario la junta de Extremadura decide pagar a sus funcionarios, allá ellos con sus electores.

Las transferencias, como los impuestos, se suelen pagan con dolor y a menos que sean quiméricamente neutrales conllevan su dosis de injusticia. Sólo pagamos impuestos con una sonrisa jugando a la lotería. Puede que un bingo autonómico suscitara menos animadversión que nuestro actual sistema de financiación. De hecho, el Estado ya ha empezado por organizar una rifa para pagar los desperfectos del terremoto de Lorca. Podemos imaginar cualquier otro sistema de financiación, pero a menos que deseemos que se instale la troika en la Atenas del valle del Jerte, caminaremos todos por la senda de la dependencia autonómica.