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VALENCIA. Edificaciones Calpe, la empresa matriz del grupo inmobiliario de Andrés Ballester, ha entrado en concurso de acreedores voluntario por el efecto de la crisis económica en la compañía y que se vio agravada tras la sentencia que le obliga a derruir su última promoción los edificios Gemelos 28 de Benidorm. La suspensión de pagos se tramita en el juzgado mercantil número 1 de Valencia.

Como han confirmado fuentes de la compañía, la deuda de 324 millones con la que carga la empresa es con los bancos y la Agencia Tributaria, razón por la que se ha optado por tomar esa decisión antes de correr el riesgo de un concurso forzoso a propuesta de alguno de los acreedores, lo que apartaría de sus puestos al actual equipo gestor.

Tal y como adelantó ValenciaPlaza.com, la compañía estaba abocada al concurso si no conseguía desbloquear judicialmente la comercialización de estos dos inmuebles, ya que se trata de la actual fuente de ingresos que tiene en la actualidad. Andrés Ballester es uno de los promotres más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. Él y su hermano Enrique, con quien decidió repartir las actividades del Grupo Ballester hace algunos años, se situaron en la cúspide del gran negocio de la promoción inmobiliaria valenciano durante décadas.

Además de las promociones en la Comunitat Valenciana, se hicieron propietarios de singulares edificios en Madrid y Barcelona que posteriormente, con el pinchazo de la burbuja, han tenido que ir vendiendo para poder hacer frente a sus responsabilidades financieras.

EL REVÉS DE BENIDORM

Aunque la compañía se había mantenido hasta ahora sin recurrir a la suspensión de pagos, el cumplimiento a rajatabla de la sentencia del Tribunal Supremo en cumplimiento de la Ley de Costas que anula la autorización concedida por la Generalitat para que la constructora pudiera levantar el complejo Gemelos 28 de Benidorm ha hecho que se quede "sin la única fuente de ingresos que mantiene en la actualidad", según reconoció en su día fuentes de la empresa.

Uno de los aspectos que recoge la sentencia y que indignó especialmente a los responsables de la empresa fue las similitudes establecidas entre este caso y el del hotel 'El Algarrobico', en Almería. Así como el hotel se encuentra en un parque natural y su construcción fue paralizada hace años, en el caso de Gemelos 28, la edificación nunca ha sido interrumpida y se realizó en suelo calificado como urbano desde 1960 y con todas las licencias. De hecho, Edificaciones Calpe recuerda que la empresa asumió la demolición de un edificio previamente existente para poder sacar adelante su proyecto.

La licencia de obra del inmueble fue concedida en 1988 por el alcalde socialista Manuel Catalán y la licencia de ocupación, concedida en junio de 2011, está firmada por el también socialista Agustín Navarro. Sin embargo, la historia ha sido más compleja y ha incluido decisiones favorables tanto del PP como de los socialistas.

UNA DECISIÓN CONTROVERTIDA 

De hecho, la entrada en vigor de la Ley de Costas a los 53 días de la concesión de la licencia paralizó ya el proceso en 1988 hasta la aprobación de un nuevo estudio de detalle para evaluar la conveniencia de la construcción en 1996, siendo alcalde Vicente Pérez Devesa (PP).

El proceso se aceleró a partir de 2005 cuando el Gobierno de Francisco Camps, con Rafael Blasco como conseller de Territorio, otorgó la autorización a Edificaciones Calpe para iniciar la construcción. La Abogacía del Estado recurrió la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) falló a favor de la empresa en 2008 y se iniciaron las obras.

Mientras el edificio iba tomando altura, el Tribunal Supremo aceptaba el recurso contra la decisión del TSJ. En este estadio, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado de nuevo por el PSOE, concedía la licencia de ocupación y los primeros vecinos entraban a sus apartamentos.

Cuando el Tribunal Supremo ha terminado por declarar nula la licencia de obra inicial, con lo que se declara ilegal la construcción, más de un centenar de sus 168 viviendas están ya ocupadas por vecinos que pagaron entre 290.000 y 480.00 euros por los apartamentos de 1 y 2 dormitorios de hasta 103 metros cuadrados.