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La Generalitat asume que si no pone punto final a las deudas que mantiene y sigue acumulando con toda clase de organismos no tendrá margen de maniobra para reformas de calado

VALENCIA. Un rescate definitivo que permita a la Generalitat Valenciana poner a cero, esta vez sí, el contador de la deuda con proveedores, organizaciones y colectivos. Ese es el objetivo que se ha marcado el Consell de Alberto Fabra para lo que queda de año en su compleja relación con el Gobierno central. Una solución que pasa por lograr que el Estado habilite un préstamo adicional a todos los que ha recibido en los últimos meses de cerca de 2.000 millones de euros con los que pagar todas las facturas atrasadas, ya sea con las farmacias, las empresas, organizaciones profesionales o colectivos sociales.

El sistema de parcheado que ha venido funcionando en los últimos meses se ha acabado convirtiendo en parte del problema del Consell. Los constantes problemas de liquidez se han agudizado en la recta final del año, dificultando que la Generalitat pueda atender ya no solo los nuevos compromisos de gasto que se generan a diario sino también imposibilitando atender los que acumula y que no entraron en el Plan de Pago a Proveedores de la pasada primavera.

Lo grave no es que los 4.300 millones que recibió entonces la Generalitat no fueran suficientes para saldar todas las deudas acumuladas. Lo que se ha convertido en un problema de mayor calado es que desde entonces la Generalitat tampoco ha podido generar suficiente liquidez para pagar a los colectivos que no entraban en aquel programa y todo apunta a que se está volviendo a incurrir en el aplazamiento del pago de facturas ordinarias.

Fuentes próximas al presidente de la Generalitat asumen que la situación es insostenible. El Consell está prácticamente bloqueado al haberse quedado sin maniobra para plantear políticas que vayan más allá que prometer que en breve se antenderán los pagos pendientes. "Mientras no saldemos las deudas es casi imposible poder iniciar reformas de calado, ya que tropiezas con la reinvidicación de los interlocutores con los que hay que negociarlas", aseguran a ValenciaPlaza.com desde el núcleo duro del Consell.

Dos ejemplos recientes ilustran esta dificultad del Gobierno valenciano para acometer reformas en la manera en que se han financiado aspectos clave como el gasto farmacéutico o la inversión en investigación y desarrollo. El vicepresidente del Consell, José Císcar, anunció hace dos semanas que se está valorando un nuevo sistema de pago a las farmacias. La respuesta la tuvo casi de inmediato desde el Colegio de Farmacéuticos: abiertos a negociar... una vez se cobre lo que se les adeuda.

El otro, la tensa reunión que mantuvo el conseller de Economía, Máximo Buch, con los institutos tecnológicos. El Impiva quiere rediseñar la red de centros de I+D. Pero la deuda que mantiene con ellos hace muy difícil el diálogo y la falta de liquidez impide que los responsables de estos institutos acepten nuevas promesas.

Son dos casos que se podrían extender a otros, y, de forma genérica, a la filosofía que quiere implantar el Ejecutivo valenciano sobre las ayudas, vinculándolas a resultados medibles en materia de empleo o de impulso económico. Cualquier negociación con los agentes implicados está viciada por la deuda arrastrada.

ADIÓS A LA POLÍTICA EQUILIBRISTA

Para poder cambiar este escenario, el Consell ha asumido ya que la política de equilibrios que ha venido realizando en los pagos, detrayendo de unas partidas lo que se ve obligado a pagar en otras porque para todos no alcanza, debe terminar.

Desde antes del verano Alberto Fabra empezó a fiar el fin de esta situación al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pero la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, con el estricto control que ejerce sobre ese dinero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de dosificar los créditos y de no atender a la totalidad de la demanda de la Generalitat (no se ha llegado ni a conseguir el total de la capacidad de endeudamiento autorizada) ha frustrado las reiteradas promesas de los consellers de que el fin de la deuda estaba cerca.

El presidente valenciano trasladó el pasado martes este escenario a un Rajoy que el propio Fabra aseguró es profundo conocedor del problema de la Comunitat. Sin embargo, de esa reunión el jefe del Consell no se llevó más que la presdisposición a escuchar del presidente del Gobierno. Como adelantó ValenciaPlaza.com, la única garantía que tiene la Generalitat es que no faltará al pago de los vencimientos de deuda financiera y no quebrará.

Pero más allá de ese default hay una quiebra social que el Consell quiere alejar de forma definitiva, pagando todo lo que se debe a las organizaciones sociales y económicas. Pero para ello necesita un préstamo de unos 1.900 millones -la cifra la asumió Fabra este jueves en Les Corts- y a ser posible de golpe para acabar con el calvario de reproches por los impagos. Cómo pondrá el Gobierno a disposición de la Generaitat ese dinero, que es lo que quiere el presidente, no se sabe aún.

La cifra de esa deuda se obtiene de sumar los 1.000 millones que el Consell viene repitiendo desde el verano que necesita al margen de los vencimientos y de la capacidad de endeudamiento por el déficit autorizado para este ejercicio y que no ha sido cubierto por el FLA en este primer tramo. La cifra concreta de lo que la Generalitat debe (con la excepción de la carga financiera) no se ha desvelado al detalle. Como ocurrió con el Plan de Pago a Proveedores, solo se conoció cuando se presentaron todas las facturas al cobro. 

LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN TENDRÁ QUE ESPERAR

Lo que también tiene asumido el Consell es que la reforma del sistema de financiación autonómica no llegará a corto plazo. La promesa que tienen las autonomías más apuradas es que se planteará el año próximo y se podría aplicar al siguiente, 2014. Un plazo mucho más lejano del que se intuye espera el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, que hace una semana estalló en Les Corts. "Hasta aquí hemos llegado", dijo Vela en una comparecencia en la que afloró el nerviosismo que impera en un departamento tensado por la falta de liquidez.

Pero ese aquí parece más metafórico que real. El Consell está dispuesto a aceptar el aplazamiento -seguramente no le quede otra pese a que Vela dijo que no iban a aguantar más- a cambio de solventar el problema social y de capacidad de acción política que impone la falta de fondos más que para pagar nóminas e intereses. Todo contando con que existen dudas más que razonables sobre si, con la caída de ingresos acumulada, las arcas del Consell podrían atender en su totalidad el gasto ordinario, convirtiéndose el déficit en un problema crónico de difíficil solución. Pero en este debate se ha impuesto como prioridad de atender lo urgente frente a lo importante.