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MADRID (EFECOM). Las entidades financieras españolas han comenzado a reaccionar para mitigar el impacto social de los desahucios de viviendas a la espera de las medidas o anuncios concretos que salgan de la reunión que mantienen mañana el Gobierno y el PSOE para tratar de paralizar o suavizar estos procedimientos.

Horas antes de que el secretario de Estado de Economía, Miguel Temboury, y la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, intenten alcanzar un acuerdo de urgencia para neutralizar los desalojos de viviendas que puedan afectar a las familias más vulnerables, bancos y cajas se han mostrado unánimes al señalar que este recurso es siempre la última opción.

El suicidio el pasado viernes de una mujer que estaba a punto de perder su casa en Barakaldo, el segundo que se produce en España por este motivo, ha desatado una avalancha de reacciones y protestas que ha obligado a las fuerzas políticas a mover ficha con rapidez y a las entidades financieras a explicarse.

Todas las fuerzas políticas han pedido al Gobierno y a los bancos que se paralicen los desahucios a la espera de un cambio legal, algo que bancos y cajas ven con cierto recelo ya que, en su opinión, se podría restringir aún más la concesión de créditos.

Las principales entidades financieras españolas -Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Popular, Sabadell, Bankinter y Banesto- han manifestado su sensibilidad ante la tragedia de cientos de miles de familias españolas que han perdido o están a punto de perder su casa.

En concreto, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha recordado hoy que desde el inicio de la crisis 400.000 familias han sido desahuciadas en España, una responsabilidad que ha atribuido directamente a los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy.

Portavoces de todas las entidades financieras consultadas por EFE han reiterado que en todos los casos antes de proceder a un desalojo se negocia con el afectado todas las alternativas posibles.

No obstante, han mostrado cautela ante las medidas, aunque sean temporales, que puedan acordar mañana el Gobierno y el PSOE, pues tal y como ha explicado el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, "si de entrada se premia el impago, lo que vamos a tener son más dificultades para que familias y empresas accedan al crédito y se va a producir una destrucción brutal de valor".

Fuentes del Santander han indicado que las entidades son las principales interesadas en que no se las criminalice con este asunto, en tanto que BBVA ha puntualizado que en ocasiones es imposible no proceder al desalojo y Banesto prefiere esperar a ver qué medidas se toman.

Un portavoz de La Caixa ha explicado que son "una excepción" los casos en los que se aprueba un desahucio, en lo que coincide con Bankinter, cuya cartera de mora inmobiliaria es muy pequeña comparada con la del resto del sector.

Todas las entidades han explicado que en muchos casos se ha mantenido al afectado en su vivienda a cambio de un alquiler social, y algunas de ellas, como Sabadell, han asegurado que no han procedido a ningún desalojo, en tanto que Bankia ha insistido en situar el desahucio como la última opción.

En cuanto a las entidades vascas, Caja Laboral e Ipar Kutxa, recién integradas, han indicado que no han activado ningún proceso de desahucio "traumático" a familias, al tiempo que Kutxabank ha suspendido "de forma inmediata" todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se conozca la nueva regulación en la materia.

Desde el punto de vista de los afectados, la Asociación de Usuarios de Banco y Cajas (Adicae) han pedido al Gobierno y al PSOE que se tenga en cuenta "la experiencia de los consumidores", y ha recordado que en su momento envió al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios una propuesta de Decreto Ley sobre una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias.