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VALENCIA. El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, y la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, confirmaron ayer, tras la reunión mantenida entre los dirigentes de la patronal de la dependencia y la cúpula de la conselleria, que el contrato de las plazas de accesibilidad continuará, tal y como se avanzó el pasado jueves.

Esta situación supone un "alivio para las familias" de las cerca de 2.000 personas en situación de dependencia afectadas por la posible reducción de los servicios y prestaciones que reciben por "derecho" en el llamado contrato de plazas de accesibilidad social, según ha explicado Giménez.

Giménez se ha mostrado "satisfecho" de la "plasmación real" del compromiso verbal trasladado la semana pasada por la titular de Bienestar Social y ha confirmado la "predisposición" mostrada por la Administración para abordar todos los aspectos que están fallando en la implantación de la Ley de la Dependencia.

Asimismo, el presidente de Aerte ha avanzado que el próximo viernes, en el pleno del Consell, "se aprobará el presupuesto que garantiza la continuidad del vigente contrato, tal y como nos ha asegurado el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps." Y, por tanto, Giménez ha reiterado su mensaje de tranquilidad para las familias de los dependientes que se han visto afectados por esta situación de incertidumbre.

Por otra parte, Alberto Giménez ha comentado que la reunión ha permitido "establecer las bases para la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana". En esta comisión se estudiarán los informes económicos presentados por la patronal para establecer un modelo sociosanitario "sostenible y que garantice los mejores servicios" para los dependientes.

Ahorro de dinero público

La intención de la patronal es que cumpla el articulado de la Ley y se usen los recursos existentes para garantizar la atención de los dependientes graves y/o severos, mientras se analiza cuál es la mejor política de actuación para la futura demanda orientada a dependientes con menores grados.

Esta política tiene como objetivo conseguir que todos los ciudadanos en situación de dependencia -permanente o temporal- dispongan de los recursos adecuados atendidos por técnicos cualificados en una red que combine los recursos públicos y privados, según ha explicado Giménez, que ha recordado que ésta política "no sólo generará empleo y beneficio social para los ciudadanos, como demuestran diversos estudios independientes,, sino que permitirá generar retornos económicos directos e indirectos para las Administraciones Públicas (AA.PP.), con lo que se podrá mejorar la atención a los dependientes."

Esta comisión mixta, que estará integrada por representantes de la patronal y de las consellerias de Sanidad y Bienestar Social, abordará también el modo más eficiente para garantizar la atención de los dependientes, cubrir las 4.000 plazas disponibles en la actual red asistencial y fomentar el desarrollo de recursos complementarios como Centros de Día, Servicios de Ayuda a Domicilio o Teleasistencia, así como abordar una profunda coordinación sociosanitaria que mejore la calidad de los servicios y racionalice el gasto.