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La dependencia del auxilio del Estado es total. ¿Dónde queda la autonomía de la Comunitat Valenciana? ¿Qué autogobierno queremos? Ese es el auténtico debate identitario

VALENCIA. Desde hace unas semanas los valencianos, y los visitantes, tenemos una nueva atracción turística. Sin gastar un céntimo, como sí ocurrió (y sigue ocurriendo) con los ruinosos grandes eventos de la época de Francisco Camps -y de Eduardo Zaplana, inspirador de la pasión por el espectáculo- la fuerza de la naturaleza sacudió a dos inmensos portacontenedores hasta que quedaron varados en la playa del Saler. Desde entonces, miles de personas se han acercado a esta improvisada performance para hacerse una foto de recuerdo.

Pese a los esfuerzos de las autoridades encargadas del asunto, los buques continúan ahí, amenazando con convertirse en parte del panorama del litoral valenciano. O incluso más, como imagen icónica de la situación que atraviesa la Comunidad Valenciana. Varada. Atrapada en una trampa de arena de la que, por muchos esfuerzos bienintencionados que se hagan por remolcarla, solo le permite dar giros sobre su eje mientras que los temporales propios de octubre la golpean sin misericordia.

Un dato: antes de que acabe el año la Generalitat Valenciana habrá pedido al Gobierno central asistencia financiera por casi 10.000 millones de euros para atender vencimientos de deuda, pagar a proveedores y otros gastos. Esa cifra, para hacerse una idea de su magnitud (y, por tanto, de sus consecuencias), es prácticamente lo que tiene previsto ingresar la Generalitat por todos los conceptos el año que viene. Es decir, al margen de sus gastos ordinarios, que rondan los 13.000 millones, el Consell ha tenido que pagar otro tanto por compromisos adquiridos con anterioridad.

Esta situación, como resulta evidente, es insostenible. El problema es que la solución que se está buscando para solventarla no es acabar con ella. Aunque haya intentos por quitar la arena de debajo del barco para intentar que se mueva -algunas medidas del Consell van en sentido de eliminar gastos estructurales que nunca debieron serlo, como la elefantiásica estructura empresarial pública- el problema de fondo sigue existiendo.

Esos 10.000 millones que nos ha dejado el Estado no son un regalo a fondo perdido. Aunque sin las urgencias que imponen los bancos que hasta ahora financiaban a la Generalitat, los créditos hay que devolverlos. La deuda valenciana sigue por encima de los 20.000 millones, sin contar con que los 4.500 del plan de proveedores no se han apuntado formalmente a la Comunitat Valenciana.

El año que viene, por ejemplo, y contando solo lo que recoge el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en su último boletín, correspondiente al primer trimestre de este ejercicio -la actualización de los datos no es su fuerte- vencen emisiones de deuda por más de 1.100 millones y la ventana del crédito soberano sigue cerrada y parece que así seguirá por mucho tiempo.

¿Qué significa esto? Pues que habrá que volver a pedir auxilio al Estado para poder hacer frente a estos y otros créditos que haya que devolver. Y, de momento, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), solo está previsto para este año. En 2013 tendremos que seguir en vilo, como lo hemos estado durante todo este ejercicio horrible, para saber cómo nos ayudará el Gobierno central a pagar nuestras cuentas.

Pero no solo es una cuestión de la deuda. Imaginemos que desapareciese (que es mucho imaginar). La Generalitat seguiría teniendo problemas para poder hacer frente a los gastos llamemos ordinarios. La caída de ingresos por el descenso de la actividad económica -lo que percibimos del sistema de financiación está vinculado a lo que se recauda por el IRPF o por el IVA, al margen de los impuestos propios- es mucho más pronunciada que los recortes del gasto que la Generalitat ha anunciado.

De nuevo hay que preguntarse: ¿qué significa esto? Pues que la diferencia entre ingresos y gastos, en el mejor de los casos, se mantendrá. El déficit hay que financiarlo, y como los bancos no nos dan dinero, habrá que pedirle al Gobierno que nos lo deje. Pero aún hay más: ese déficit superará el límite del 0,7% marcado para el año que viene, así que la solución será o arriesgarse a incumplirlo o recortar más. 

Cualquiera de estas dos opciones es mala. Pero en ambos casos ponen de manifiesto una realidad que sobrepasa ya al Consell: la dependencia del Estado es total. Y así llegamos al quid de la cuestión: ¿dónde queda la autonomía de la Comunitat Valenciana?

He ahí el auténtico debate identitario. Resulta ridículo que, en una situación como la actual, el Consell, por idea de no se sabe muy bien qué estratega de medio pelo, ha decidido agitar el más rancio regionalismo para defender no se sabe muy bien qué. Si Alberto Fabra, a quien ese discurso anticatalanista le queda impostado, quiere abrir un debate sobre la identidad de los valencianos puede hacerlo, porque hay motivos para ello.

Pero el debate real, el que debería ponerse sobre la mesa, es el del alcance de la autonomía de los valencianos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a defender nuestro autogobierno? ¿Somos capaces de reclamar con firmeza ante el Gobierno central una financiación justa? ¿Queremos una estructura autonómica relevante o nos conformamos con ser gestores de lo justo?

El debate que se abre por la presión de Cataluña, con graves problemas financieros, como nosotros, al que, tras las elecciones de este domingo, se añadirá el País Vasco, nos depara un escenario en el que nos tendremos que posicionar.

Y no se tratará de añadir a nuestro vapuleado Estatut una línea en la que nos declaremos nacionalidad histórica o una cláusula de revisión salarial, como si de un contrato laboral se tratara.

Hay dos opciones, ambas legítimas. Una pasa por renunciar a tener un amplio autogobierno. Asumir que la autonomía de la Comunitat Valenciana tiene un límite. La otra, aspirar a tener la capacidad de decidir sobre cuantos más asuntos mejor desde la proximidad de la Generalitat. Es evidente que para esta última opción es necesario contar con una financiación adecuada.

Pero también que para reclamarla hay que cargarse de razones que van más allá de una pose. Y una de ella es la corresponsabilidad en la gestión del dinero de los ciudadanos. Porque, pese a las deficiencias del sistema, el dinero que hemos enterrado por la mala gestión cuenta. Y mucho.

Dos modelos distintos entre los que habrá que elegir. Porque la alternativa es quedarnos varados en la playa. Y ni los remolcadores más potentes nos sacarán de esta trampa de arena.