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 Las sanciones para la mayor parte de los capitales en el exterior han prescrito y se pueden acoger a la regularización ordinaria, que rebaja el coste de su afloración de un 10% a entorno al 3%

VALENCIA (A. MOHORTE). La amnistía fiscal puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda no está cumpliendo las expectativas, pero está permitiendo que aflore capital defraudado que no se beneficia de esta medida pero que puede ponerse en circulación para recapitalizar empresas, especialmente en la Comunitat Valenciana.

Aunque la afloración está condicionada a entregar al Estado un 10% del valor de adquisición de los bienes y derechos declarados que se habían ocultado a Hacienda hasta el 31 de diciembre de 2010, casi un 90% de las operaciones declaradas hasta ahora han prescritos y se pueden regularizar de forma ordinaria por mucho menos, teniendo que pagar de media entre un 3% o un 5%, según ha reconocido Pedro Antonio Gil Palencia, socio del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Valencia.

Los cambios que se han producido en el Convenio de Doble Imposición entre España y Suiza, sumado a las presiones de los gobiernos de Estados Unidos o Alemania, han hecho que a los bancos helvéticos "les queme en las manos el dinero offshore (evadido de otros fiscos nacionales)" y estén animando a sus clientes españoles que se acojan a la amnistías fiscal aprobada por el Gobierno, ya que no obliga a repatriar los fondos a España, ha asegurado Gil Palencia.

Por otra parte, la tramitación del anteproyecto de Ley contra el fraude, que se prevé aprobar a principios de 2013, también urge a los contribuyente a expiar sus faltas con el Estado, que prevé sanciones del 150% de la cuota a pagar, con una sanción mínima de 10.000 euros, con multas de 5.000 euros por cada dato o grupo de datos no facilitados o calculados incorrectamente.

LAS PRISAS DEL CONTRIBUYENTE VALENCIANO ARREPENTIDO

Aunque en las últimas cifras publicadas sobre los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal no incluyen datos por comunidades autónomas y el Gobierno ya han anunciado que dejará de hacerlos públicos, con los primeros datos se desveló que casi un tercio del capital aflorado procedía de la Comunitat Valenciana.

La explicación da Gil Palencia es clara: muchos de estos contribuyentes han preferido pagar la sanción para poder contar con estos fondos para recapitalizar sus empresas en España. Descarta, sin embargo, estos fondos provengan de la actividad inmobiliaria, cuyos beneficios en los tiempos de la burbuja se destinaron principalmente a la reinversión en suelo y nuevas promociones, actualmente devaluadas.

Igualmente, se advierte el interés de veteranos empresarios en poner en limpio sus patrimonios con vistas a sus herederos. Además, disponer de fondos en el extranjero de forma confidencial incrementa los gastos de mantenimiento y las comisiones por las operaciones realizadas en unos 2.000 o 2.500 euros de media.

RIESGO DE INCONSTITUICONAL, COMPENSADO

Sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE ante la amnistía, acogiéndose a la vulneración del Derecho de igualdad de los ciudadanos, Gil Palencia no ve motivos para que despierte el recelo de los impositores a acogerse a ella. En primer lugar, porque la doctrina de. Tribunal Constitucional tendría que cambiar mucho para que prosperara y, de hacerlo, tendría un efecto contraproducente para el Estados.

Aquellos contribuyentes que se hubieran acogido y se enfrentaran a sanciones por las cantidades ocultadas podrían denunciar al Estado por "actuación negligente" al aprobar la norma y exigir una responsabilidad patrimonial que compensara las sanciones. "Lo que ingresara Hacienda por ese concepto, tendría que pagarlo Administraciones públicas".

Todo esto si el Tribunal Constitucional sentenciara con una inusitada velocidad, ya que, teniendo en cuenta sus tiempos, para cuando emitiera su dictamen todas las operaciones afectadas habría prescrito.
En todo caso, Pedro Antonio Gil Palencia, socio del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Valencia, advierte que su despacho se comporta "peor que los bancos" a la hora de aceptar clientes para la regularización. Para llevar un proceso de regularización, los fondos han de proceder de operaciones y negocios legales y no despertar ningún tipo de duda.

De hecho, el subterfugio legal que permite aflorar dinero en efectivo más allá de la fecha que establece la amnistía fiscal está generando un doble problema a los que optan por ella. Primero, la entidad en la que se quiera depositar suele ser recelosa sobre estas aportaciones y, en segundo lugar, son analizadas al detalle por los equipos de control de blanqueo de capitales del Ministerio del Interior.

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