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ALICANTE (EP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para instruir la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del 'caso Brugal', en la que está vinculada la alcaldesa alicantina Sonia Castedo y el ex primer edil Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos.

En un auto fechado este martes, la sala de lo civil y penal del TSJCV ha acordado abrir las diligencias previas y nombrar como instructor del caso al magistrado Juan Climent, al que le corresponde por turno y quien deberá decidir si imputa o no a los aforados. La decisión, contra la que no cabe recurso, se comunicará al que hasta la fecha ha sido el juzgado de instrucción para que remita a la sala las diligencias previas que abrió en su día.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante que inició la investigación, Manrique Tejada, formuló el 4 pasado de julio una exposición razonada ante la sala en la que apuntaba que había detectado la existencia de indicios de delito en su investigación, que justificaban la citación de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi para declarar como imputados, al ser ambos diputados en las Corts Valencianes, por su presunta participación en la revisión y modificación del PGOU.

Según el primer instructor, los hechos eran susceptibles de ser calificados inicialmente como delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad (artículo 417 del Código Penal), tráfico de influencias (428) y cohecho, sin concretar el tipo penal en esta fase procesal. Considerando estos indicios y la condición de aforados de Díaz Alperi y Castedo, entendía que la competencia correspondía al TSJCV.

En este caso, en el trámite de audiencia sobre la competencia, se presentaron alegaciones por parte de EUPV, PSPV y fiscal a favor de la asunción de la competencia por el TSJCV, y de Castedo y su predecesor para pedir que no fuera así. El empresario Enrique Ortiz, imputado por el juzgado, pidió subsidiariamente la devolución a esta instancia para que completara la instrucción.

En los razonamientos jurídicos, la sala señala que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la competencia del TSJCV para enjuiciar las causas penales que les reserven los Estatutos de Autonomía, en el caso de la Comunitat, respecto de diputados en las Corts, Gobierno valenciano y presidente. En este caso, acreditada la condición de diputados de Alperi y Castedo, y por tanto de aforados, se plantea, "una vez constatados indicios bastantes para ello", la competencia de la sala.

16 IMPUTADOS

El juez de instrucción en sus conclusiones imputa a un total de 16 personas por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.