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VALENCIA. La Generalitat va a despedir a unos 4.000 trabajadores públicos entre las 46 empresas afectadas por la reestructuración del sector público empresarial, pero hacerlo tiene un precio. Sin embargo, la disponibilidad de fondos de la Administración es muy limitada, debido a sus problemas de tesorería, por lo que los concursos que está convocando ofrecen unos precios muy por debajo de los de mercado.

Éste ha sido el caso de los dos principales expedientes de regulación de empleo (ERE) públicos que ya se han completado en la Comunitat. Se trata de los de RTVV, que fue adjudicado a Garrigues por 125.000 euros; y el del Instituto Valenciana de la Vivienda (IVVSA), asignado a Broseta por 28.000 euros. Teniendo en cuenta que el primero va a significar la tramitación de 1.198 despidos, la minuta por trabajador afectado queda en 104,34 euros, mientras que en el caso del IVVSA, con 211 despidos y 23 cambios de contrato, el precio por afectado ha sido de 119,6 euros.

Estas cifras están muy lejos de la tarifa que se cobra por este tipo de trabajos, especialmente por parte de los grandes despachos, donde ronda los 1.000 euros por despidos o modificiación contractual. Fuentes jurídicas aseguran que la razón de estas rebajas no se debe tanto a la situación económica, que también ha afectado al sector, como a la defensa por parte de las firmas de su papel de factotum de la abogacía valenciana y su condición de proveedores habituales de servicios a la Generalitat.

CANDIDATOS RECURRENTES

Se da el caso que los tres finalistas en el concurso sobre el ERE de RTVV son precisamente los tres primeros adjudicatarios de los primeros procesos: Garrigues, que fue el ganador en este caso el pasado mes de marzo con la segunda propuesta más económica; Broseta, que había obtenido el del IVVSA; y PwC, que ha terminado por gestionar el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), anunciado en agosto.

Por venir están todavía los de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Vaersa, Sepiva, Impiva o la Agencia Valenciana de Turismo, para lo que se prevé la presentación de propuestas por parte de Garrigues, Broseta o PwC, pero también de Cuatrecasas, Deloitte o KPMG, que han participado, pero no han obtenido los que se han fallado hasta ahora.

Fuentes jurídicas prevén que la acumulación de ERE previstos para este otoño amplíe la nómina de despachos beneficiarios, ya que el redimensionamiento debe estar definido para antes del 1 de enero de 2013, aunque los despidos se hagan efectivos de forma gradual en los meses siguientes, como va a ocurrir en RTVV

En ese sentido, se están produciendo movimientos entre despachos de tamaño mediano que ya barajaron presentarse de forma agrupada para el de RTVV pero que sí ven factible asumir trabajos de menor envergadura.

LOS COSTES COMPLEMENTARIOS DE LA ADJUDICACIÓN

En todo caso, ganar uno de estos concursos no significa únicamente poner a los miembros del equipo a trabajar. Mientras que en otros trabajos similares, el despacho ha de trabajar exclusivamente en la escisión de los contratos de los trabajadores afectados; en estos casos, se está teniendo que hacer cargo del estudio económico que justifique el recorte, un plan de acompañamiento social para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores afectados y contratar un seguro de responsabilidad civil.

Aunque los grandes despachos tienen equipos multidisciplinares, sólo para el informe económico se está contratando los servicios de economistas externos. Igualmente, el plan de acompañamiento ha de incluir una ruta personalizada de formación para la reinserción laboral. Este tipo de servicios requiere la subcontratación de una consultora de recursos humanos que detecte las carencias del afectado y le defina un desarrollo curricular.

Por último, uno de los costes complementarios más elevados se lo lleva el seguro de responsabilidad civil. Con el se quiere cubrir el riesgo de posibles errores en la tramitación de los despidos, independientemente de los recursos que puedan presentar los trabajadores afectados que no estén de acuerdo con las condiciones de su despido.

La coste del seguro es de unos 20.000 euros, al que habría que sumar otros 20.000 o 30.000 para pagar al resto de proveedores externos. En total, entre 40.000 y 50.000 euros que habría que restar a los que se ingresen con la adjudicación, según estimaciones de distintos despachos.