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VALENCIA. El ajuste del sector público empresarial de la Generalitat cambia de estación. Tras la aprobación por parte del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) de un expediente de regulación de empleo (ERE) sin acuerdo del comité de empresa, el conseller de Gobernación y secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha anunciado que los ajustes en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se va a llevar adelante desde el "diálogo" y la "máxima negociación" posible para que ocasionen el "menor perjuicio".

El modelo a seguir, según el conseller, será el de RTVV y CACSA, aunque en esta última la negociación se encuentra en fase inicial. A pesar de que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, aseguró en julio que el recorte no esta previsto "de momento", Castellano ha advertido que la medida está vinculada a la remodelación del sector público empresarial que se está cumpliendo "a rajatabla".

El ajuste de FGV es uno de los principales entre los que prepara al Generalitat por sus 1.700 trabajadores (cifra similar a la de RTVV) y por su condición de servicio público, que le obliga al mantenimiento de líneas que resultan deficitarias, pero a las que debe seguir prestando servicio, como reconocen fuentes de la empresa.

DEL ACUERDO A LOS JUZGADOS

En la negociación de los ERE presentados por empresas públicas los resultados van desde el despido de un 76% de la plantilla con el correspondiente enfrentamiento y la próxima apertura de la vía judicial, como en RTVV, de la Generalitat; al acuerdo en una reducción de los sueldos a cambio de no ejecutar despidos, como en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), del Ayuntamiento de Valencia.

En el caso de FGV, el proceso se prevé iniciar en septiembre u octubre. A principios de julio, la consultora Improven entregó su propuesta de plan de viabilidad y la gerente, Marisa Gracia, prepara para la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, el documento definitivo que expondrán al secretario autonómico del Sector Público Empresarial de la Conselleria de Economía, Bruno Broseta, encargado de coordinar el redimensionamiento de todas las entidades afectadas.

A partir de este momento se podrán en marcha el proceso que debe completarse antes de fin de año, para iniciar 2013 con la empresa ya redimensionada y ajustada al próximo presupuesto. En materia laboral, las ideas que se barajan pasan por una reducción de los costes salariales, por medio de rebajas generalizadas de sueldos o el despido de parte de la plantilla; y la privatización de servicios que actualmente presta el personal de la empresa, como el mantenimiento mecánico y eléctrico de los trenes.

RECORTES GENERALIZADOS DE SUELDOS

Actualmente, la empresa destina unos 90 millones de euros en gastos de personal, más de lo que destinaba RTVV con una plantilla de dimensiones similares. Sin embargo, la opción de un recorte similar al medio de comunicación público dificultaría el mantenimiento del servicio de trenes y estaciones, que requiere de más de un millar de empleados, según fuentes de la empresa.

Las dos áreas en las que se plantean las medidas más contundente es en oficinas (230 trabajadores y un coste laboral de 12 millones de euros) y en talleres y mantenimientos diversos (400 trabajadores y un coste laboral de 20 millones de euros). La reducción del primero y la externalización del segundo liberaría del pago al ente público de ese nutrido grupo de nóminas, según fuentes conocedoras del proceso.

La empresa en mejores condiciones para hacerse con la privatización del mantenimiento de los trenes es la compañía Vossloh, constructora de diversos convoyes y que ya ha colaborado con anterioridad con la empresa, aunque de forma puntual. La compañía, cuya sede española se encuentra en la localidad valenciana de Albuixech, está presidida en España por Íñigo Parra, esposo de Henar Molinero, actual directora de la Ciudad de las Artes y la Ciencias y antiguo miembro del equipo de Presidencia de Francisco Camps.

En materia de reducción de sueldos, la dirección está estudiando lo realizado en Cataluña con la Entitat de Transport Metropolitá de Barcelona, donde se ha optado por la reducción en un 20% de la masa salarial, un porcentaje similar a la rebaja realizada por la Generalitat de Catalunya en su aportación al ente. Por el momento, el Consell ha reducido un 11% el dinero destinado a la empresa en los últimos cuatro años, pasando de un presupuesto de gasto corriente de 142 millones en 2009 a 126 en 2012.

ANULACIÓN DE LAS CONTRATACIONES TEMPORALES

La previsión para 2013 es que el recorte sea más intenso y repercuta, como en los años anteriores en los gastos de personal y en la reducción de costes en distintos contratos relacionados con el funcionamiento de Metrovalencia y el TRAM de Alicante.

FGV ya ha prescindido desde 2009 de las contrataciones temporales y se ha dejado de cubrir las bajas que se generan, lo que ha hecho que en algunas estaciones no haya personal en sus accesos y los usuarios únicamente dispongan de las máquinas automáticas para la compra de billetes. Con este sistema se han ahorrado unos 16 millones de euros en tres años, una cantidad insuficiente para contener el crecimiento de las pérdidas de la empresa, que se situaron en los 194 millones de euros.

Aunque otras medidas, como la reducción de la frecuencia de paso en los destinos menos demandados, ya se ha ejecutado, lo cierto es que el grueso del gasto de la red es la propia continuidad del servicio en determinadas estaciones. Además, la reducción del 20% en las retribuciones apenas recortaría en 18 millones de euros. Por ese motivo, las medidas más contundentes de ajuste se aplicarán ahora de puertas para dentro.

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