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VALENCIA. El movimiento de la 'economía del bien común' propone cambiar el paradigma económico y social para construir un nuevo sistema de interrelación empresarial. Tiene su origen en el manifiesto que un grupo de economistas y teólogos austríacos firmaron en 2008 en defensa de una economía más humana y social. Proponen sustituir competitividad por cooperación, precio por aprecio y competir por compartir. Para determinar exactamente lo que es el bien común plantean un proceso asambleario por referéndum, al estilo 15-M.

Sus tesis se han mediatizado con la publicación del libro Die Gemeinwohl-Ökonomie, del profesor de la universidad de Viena Christian Felber. El autor visitó recientemente España para presentar la traducción al castellano y explicó que "la economía del bien común es un sistema económico alternativo completo". El pasado mes de febrero, Felber impartió un conferencia en Alcoi. Parece ser que el vecino ayuntamiento de Muro se ha adherido a sus nuevas propuestas junto a 753 empresas de 15 países, tres bancos europeos, 139 organizaciones, 2.273 particulares además de 53 políticos, de entre los cuales destacan cuatro representante valencianos. Puede que en breve se añadan a sus estadísticas otros diputados, pero de la bancada opuesta.

Las medidas que está tomando el Gobierno, aquello que no les gusta hacer, tienen bastante en común con las propuestas para cambiar de arriba abajo el sistema económico del movimiento de la economía del bien común. Éstas incluyen un complejo sistema para que las empresas y personas midan su éxito por la aportación al bien común en vez de por los beneficios financieros. La medida estrella consiste en limitar los salarios a 20 veces el salario mínimo. En España significaría que los directivos no pudieran ganar más de 12.800 euros al mes, en línea con la propuesta del autoproclamado ministro liberal de Economía, Luis de Guindos.

Cabe preguntarse si aplicarán también las otras medidas propuestas por Felber, como prohibir los dividendos, las OPA, la inversión financiera y las donaciones de partidos políticos, así como limitar la renta a diez millones de euros y las herencias a 500.000 euros.