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VALENCIA. A las puertas de un cambio de modelo sanitario que apunta a la privatización de servicios en este ámbito, las noticias son poco halagüeñas para las empresas interesadas en el modelo compartido público-privado que anunció el Gobierno valenciano meses atrás: los impagos de la Generalitat han alcanzado a las gestoras de los hospitales del conocido 'modelo Alzira'.

Así, las cinco concesionarias de la Comunitat se encuentran a la espera de que la Generalitat les pague un total de 100 millones de euros que les adeuda. El que atraviesa una situación más delicada es el Hospital de Manises, donde el director de Recursos Humanos del centro sanitario comunicó ayer en una reunión del comité de empresa la imposibilidad de hacer frente al pago de las nóminas del mes de julio debido a que la conselleria no ha transferido el importe de la cápita del mes, según denunció CCOO.

La situación se extiende al resto de concesionarias, si bien éstas han conseguido afrontar el pago de los salarios. La Generalitat, según ha podido saber este diario, debe en estos momentos 50 millones de euros a la concesión de Manises, la mitad del total que adeuda a los otros gestores. Uno de los factores que contribuye a elevar esta cifra es que tampoco se ha abonado la cantidad procedente de los pacientes de Mislata.

En el citado comité, la empresa señaló que abonarán las nóminas de inmediato en cuanto se produzca la transferencia desde conselleria. Las fechas posibles para el pago "sin ningún compromiso", subrayaron las fuentes sindicales, serán el 3, 8 o 9 de agosto. 

La organización sindical resaltó que en algunas ocasiones "ha habido y hay retrasos en el abono de la cápita". Sin embargo "cuando esto ha ocurrido. otras concesiones adelantan el abono de la nómina para que el personal no sufra las consecuencias de los problemas económicos y financieros de la Generalitat Valenciana, algo que la concesión de Manises -cuyos accionistas son Sanitas, como mayoritario, y Ribera Salud- no hace", lamentaron.

Este retraso, calificado como "puntual y en vías de solución" desde fuentes empresariales, no es una novedad. La Generalitat ya resolvió una importante deuda con las concesionarias a través del plan de pago a proveedores recientemente, una circunstancia que desde el sector se interpretó como un 'guiño' de cara a la futura implantación a gran escala del modelo público-privado en la sanidad valenciana.

ROSADO ASEGURA QUE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD NO IRÁ HACIA EL 'MODELO ALZIRA'

Precisamente el conseller de Sanidad, Luis Rosado, señaló ayer en Alzira sobre el nuevo modelo sanitario que desde su departamento "se siguen desarrollando acciones a corto plazo para conseguir que en este mismo año ya haya algún resultado en este sentido y, al mismo tiempo, se trabaja con un nuevo modelo de gestión con el fin de que pueda ser implantado próximamente".

En este punto, aseguró que está "descartado" implantar el modelo del hospital de Alzira a toda la Comunitat, ya que, aunque "este modelo funciona, también se sabe que su desarrollo al resto del sistema sanitario público tiene cierta complejidad, y que por tanto, obliga a estudiar otros modelos de gestión, de colaboración entre lo público y lo privado que sean diferenciales al modelo Alzira".

"Con algunas diferencias pero siempre manteniendo que la sanidad pública valenciana sea una sanidad gratuita, universal, equitativa y en cualquier caso, siempre a cargo de la Conselleria de Sanitat", puntualizó.

Cabe recordar que el nuevo modelo sanitario dirigido a profundizar en la privatización sanitaria fue anunciado a finales del pasado mes de abril por el Consell. A mediados de junio se presentó un documento descriptivo que no recibió 'luz verde' por parte de los servicios jurídicos de la Generalitat. A día de hoy, y pese a que se había prometido su elevación al pleno del Consell hace mes y medio, el texto no ha salido adelante por problemas legales.

De no haber novedades este viernes, cosa que parece poco probable, el retraso acumulado en la reforma sanitaria puede complicar incluso el objetivo del déficit de la Comunitat Valenciana, dado que en este cambido de modelo se daba por hecho el cobro de 360 millones de euros de un canon a las empresas sanitarias que participaran en la gestión.