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José Ignacio Fliquete y María José Guiralt, ambos del Área Jurídica de Ética Family Office, dan respuestas a la problemática de estos productos híbridos 

VALENCIA (VP). Miles de españoles han sufrido en los últimos meses una especie de 'corralito' con sus inversiones. Participaciones preferentes, subordinadas y otros productos financieros híbridos están 'retenidos' en sus entidades financieras y, de momento, no pueden recuperarlos.

Sin embargo, no todo está perdido a juicio del Área Jurídica de Ética Family Office, una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) valenciana, que está presidida por el conocido financiero de la 'City' local Francisco Álvarez Molina. 

Desde su fundación en enero de 2003, Ética Family Office (entonces Ética Soluciones Financieras) se convirtió desde Valencia en la empresa pionera en España de la asesoría financiera independiente, colaborando desde el principio con los organismos nacionales y europeos para que se crease el marco legal adecuado y el consecuente reforzamiento de la protección del inversor. 

José Ignacio Fliquete (JIF), director de Ética Fiscal y Jurídica, y María José Guiralt (MJG), abogada de dicha división, analizan las claves para la recuperación de la inversión, el por qué se ha llegado a esta situación, el papel de las EAFIs en el contexto actual de agravamiento de la crisis y la cultura financiera de los valencianos, entre otras cuestiones.
 

-¿Cómo se está viendo desde Ética Family Office la problemática de las participaciones preferentes y subordinadas que ha atrapado a miles de pequeños inversores?
JIF: Esta lamentable situación es el resultado de no disociar de manera rotunda el asesoramiento de la comercialización de productos de inversión. El sector bancario español sigue un patrón industrial de producción y distribución al que le faltan 4 elementos fundamentales que existen en el resto de países de Europa: 

• Diseñar productos que no entrañen conflicto de interés, es decir, que sean beneficiosos para el banco y el cliente, no sólo para el banco.

• Utilizar las redes bancarias como redes de asesoramiento, no de distribución de productos propios, lo que implica mayor transparencia y formación de los empleados.

• Una labor de vigilancia más eficiente y contundente por parte de los organismos responsables: CNMV y Banco de España.

• Invertir en formación financiera del público en general, para que puedan comprender y juzgar la conveniencia de los productos que se les ofrecen.
  
  

Una vez atrapados en estos productos, las soluciones pasan por un análisis profundo de la situación particular del cliente y una adecuada defensa jurídica frente a la entidad comercializadora. Afortunadamente, los juzgados están cada vez más familiarizados con estos temas y están creciendo las sentencias favorables para los ahorradores.

-¿Qué servicios ofrece en este sentido?
MJG: Como consultora de inversiones, nuestra Área Jurídica está especializada en la defensa del cliente frente a malas prácticas bancarias. Además, uno de nuestros factores diferenciadores es que nuestras áreas actúan de modo conjunto, de manera que Ética Patrimonios EAFI aporta el conocimiento profundo de los productos de inversión y Ética Jurídica diseña y ejecuta la estrategia legal con mejores probabilidades de éxito.

Afortunadamente, esta labor de asesoramiento y de vigilancia de riesgos ha permitido a todos nuestros clientes evitar preferentes, obligaciones subordinadas, convertibles, pagarés bancarios, swaps, cuotas participativas e incluso OPV que consideramos poco transparentes y/o inadecuadas para su perfil de inversión.

Para los inversores que posean estos productos, ponemos a su disposición nuestra experiencia y capacidad en estas áreas con una absoluta alineación con sus intereses.

-Muchos de ellos firmaron sin saber lo que firmaban, ¿para qué ha servido entonces la MiFID?
MJG: La MiFID tiene todo el sentido y hay que exigir un rigor máximo en su aplicación. Sin embargo, su trasposición al mercado español se ha realizado tarde y sin la necesaria diligencia por parte de entidades bancarias ni vigilancia por los organismos responsables. No olvidemos que las entidades financieras tienen un poder muy grande en nuestro país y MiFID se ha topado con una relación histórica banco-cliente muy opaca y desequilibrada que es necesario modificar.

Desgraciadamente, en muchas entidades de nuestro país la protección del cliente se entiende como desprotección del banco, por lo que cuanto menos se conozcan los productos y sus riesgos más fácil será colocarlos. En muchos casos, la aplicación de Mifid se ha limitado a un ‘firme aquí que es otro trámite sin importancia', cuando se trataba de un Test de Conveniencia que limitaba la capacidad del banco para ofertarnos productos inadecuados a nuestro perfil inversor.

-¿Podemos decir que también ha existido algo de codicia por parte de los inversores que optaban por estos híbridos en lugar de los depósitos a plazo fijo?
-JIF: No lo llamaríamos codicia, sino falta de transparencia y comercialización inapropiada. Si un inversor no profesional ve un 6% de rentabilidad, lo normal es que se sienta atraído por ese producto. Después de todo, seguimos siendo un país de ‘plazo fijo' y ‘rentas' y el banco es una figura que nos impone respeto y confianza. El problema es cuando ese 6% no es un plazo fijo pero se ofrece como algo similar, sin explicar los riesgos asociados al producto. Una de las lecciones de esta situación es que no sólo hay que guiarse por la rentabilidad.

-¿Realmente recuperarán la inversión inicial o creen que ya está más que perdida?
-MJG: Según la legislación actual, los bonistas o tenedores de productos híbridos sólo afrontarían quitas en caso de quiebra y liquidación de la entidad financiera, lo que no parece que esté en línea con las intenciones de Bruselas al aprobar ayudas para las entidades bancarias españolas.

No obstante, vivimos tiempos muy convulsos e impredecibles, por lo que recomendamos en cualquier caso que los tenedores de estos productos se asesoren cuanto antes sobre lo que realmente han comprado, las propuestas de la entidad y, sobre todo, sus opciones jurídicas, pues es ahora mismo la única vía de que puedan recuperar a corto plazo el 100% de su inversión.

-¿Considera una buena salida la que están ofreciendo algunos bancos cotizados canjeando acciones por emisiones de preferentes y subordinadas?
-JIF: Estas soluciones están siendo impulsadas por el Banco de España por dos razones. En primer lugar, debido a su propia responsabilidad como organismo supervisor y la presión de la alarma social. En segundo lugar, por el resultado favorable de las últimas sentencias, claramente favorables a los ahorradores, que puede generar una oleada de demandas e indemnizaciones que acabe de hundir a unas entidades ya muy deterioradas, sin mencionar la fuga masiva de clientes.

Por otra parte, estas propuestas siempre suponen una pérdida respecto de la inversión inicial, por lo que es necesario analizar en profundidad la situación de cada cliente y no tomar decisiones precipitadas por pánico o desconocimiento.

-¿Cómo se explica que ni el Gobierno, ni el regulador (Banco de España), ni el supervisor (CNMV) tomaran cartas en el asunto sabiendo lo que se estaba cociendo años atrás sobre estos híbridos?
-MJG: Sinceramente, nos cuesta entenderlo. La única explicación racional es que estos organismos no disponen de los recursos suficientes para llevar a cabo una supervisión eficiente, pues damos por descontada su voluntad e independencia.

-¿Qué debería cambiar en la cultura financiera de los españoles para convencerles que el asesoramiento se paga igual que los abogados y los médicos, por ejemplo?
-JIF: El problema vuelve a ser la confusión entre asesoramiento y comercialización. Tenemos el equivocado concepto de que el banco nos asesora, cuando lo que hace es vender productos. Además, no nos cobran nada explícitamente por ese ‘consejo', pues ya se nutre de las comisiones de sus productos, normalmente implícitas o invisibles.

De este modo, como lo que erróneamente consideramos ‘asesoramiento' es gratis, no le otorgamos ningún valor y somos poco proclives a pagar por ello. La paradoja es que el primer beneficio de un asesoramiento independiente es la reducción automática de costes bancarios para el cliente, lo que redunda en mayor rentabilidad además de obtener un servicio alineado con sus intereses. En Reino Unido, por ejemplo, hace siglos que conocen esta situación y el 80% de los ahorradores están asesorados por EAFI que cobran directamente por sus servicios.

-¿Qué papel juegan las EAFI en estos momentos donde se está agravando la crisis financiera?
-JIF: Las Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI), registradas en la CNMV, poseen un elemento crucial y diferencial: su independencia de las entidades financieras y sus productos. Esa independencia supone una ausencia absoluta de conflictos de interés ya que el único objetivo de una EAFI es defender los intereses de su cliente, que es quien le paga y su única fuente de ingresos. Evidentemente, el número de víctimas de la crisis por haber adquirido productos inadecuados hubiera sido muy inferior si estos ahorradores hubieran contado con un asesoramiento financiero independiente, pero no olvidemos que las EAFI nacieron en 2009 y son todavía desconocidas para el gran público. 

-Actualmente ¿existe malas praxis en torno al asesoramiento financiero en España?
-MJG: Ya hemos explicado la diferencia entre asesoramiento y comercialización. Otro tema es los potenciales conflictos de interés que existen en la relación banco-cliente y cómo los resuelve cada entidad. 

Se está atacando injustamente a los empleados bancarios cuando el problema es el sistema industrial que comentábamos antes. Un ejemplo recurrente: si yo soy director de una oficina y tengo que colocar 1M€ de preferentes para no perder mi empleo, hay una clara tentación para que mis intereses primen sobre la adecuación de ese producto para mis clientes.
No es que haya mala praxis, es que el sistema actual conlleva un conflicto de interés en sí mismo.

-¿Cómo valora la cultura financiera de los valencianos? ¿Ha mejorado en los últimos años?
-JIF: Ha mejorado, pero a fuerza de tropiezos, y sigue sin ser suficiente. Tradicionalmente, los valencianos tenemos una grave carencia de previsión, sumado a que no nos gusta que nos asesoren, pues lo interpretamos como un signo de debilidad. Cuando buscamos ayuda, el problema ya está encima de la mesa y tenemos poco margen de actuación.

Es llamativo que en Ética, estando nuestra sede en Valencia y con 9 años de actividad, tengamos más clientes de otras comunidades e incluso de otros países, cuando la propia CV es la comunidad más afectada por la crisis bancaria y sus clientes los más desamparados. No olvidemos que en los últimos 12 meses nos hemos quedado sin entidades de referencia (CAM, Banco Valencia, Bancaja-Bankia) y hemos sido los primeros en solicitar ayuda financiera al Estado. En este entorno, es cuando sociedades como ÉTICA cobran el mayor sentido y aportan el mayor valor añadido para inversores y empresarios.