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VALENCIA. Lo ha pedido este fin de semana el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y otros lo hacen contínuamente: "Existen responsables de esta crisis con nombre y apellidos y exigimos que lo paguen". Diga usted, señor Puig, los nombres y el modo de pago. Algunos profesionales de la información llevamos años denunciando -peligrosamente- con nombres y apellidos, desde Zaplana a Camps, pasando por todos sus consejeros de economía, industria y justicia, lo que estaba ocurriendo en el sistema financiero y en la Generalitat mientras los partidos -incluidos los de la oposición- confraternizaban sutilmente, o no tanto, con la situación. ¿Añadirá los nombres de los consejeros socialistas que no levantaron la voz contra los excesos en Bancaja y la CAM? ¿Y el de Antonio Asunción con sus negocios en el Banco de Valencia? Ignaci Pla, ahora venerable miembro del Consejo Jurídico Consultivo algo supo en su momento. ¿Y contra los alcaldes socialistas que empeñaron sus ayuntamientos hasta las cejas? Indague la deuda de Alacuás, por jemplo, bajo la etapa de Jorge Alarte.

También reclaman el castigo a los 'culpables' de la crisis muchos líderes de opinión mediáticos que hace años cobraban generosas retribuciones públicas por su participaciónn en tertulias televisivas o radiofónicas; también lo hacen, y bien alto, los funcionarios ahora ‘recortados' pero que durante años han disfrutado de costosos privilegios a costa de todos -¿a qué santo los ‘moscosos'-, y que nunca recibieron sus compañeros del sector privado. "Que lo paguen" dicen muchos. Lo que no dicen es cómo y quiénes. Tal vez creando un tribunal ‘Nuremberg' donde sentar a presidentes, ministros, diputados y senadores de las últimas legislaturas, a empresarios y banqueros, a lideres patronales y sindicales que desde hace décadas han gestionado miles de millones de fondos públicos en formación sin que sea éste un paóss especialmente formado ni tenga una cultura empresarial competitiva; que paguen los comprensivos editores mediáticos repugnantemente subvencionados por Administraciones estatales, autonómicas y locales, los rectores universitarios que más bien parecían promotores inmobiliarios con fondos públicos, asociaciones vecinales receptoras de fondos públicos para comilonas, productores audiovisuales igualmente subvencionados... todos aquellos que han gastado en provecho propio dinero de todos. Y sin olvidar, son los peores, a los defraudadores fiscales y evasores fiscales. Algunos deportistas y artistas famosos, y tal.

¡Ah! ¿qué no todos han tenido el mismo peso y responsabilidad en el desastre, ni todos se han beneficiado personalmente ni han sido corruptos? Bien, tracemos, pues, una raya que separe a ‘los buenos' de ‘los malos'. ¿Dónde, a qué altura? ¿Sólo juzgaríamos a ministros y presidentes, aunque no se hayan beneficiado ni aceptado corruptelas? ¿A los banqueros por haber actuado como tales? ¿qué hacemos con los consejeros autonómicos que han gastado más de lo que tenían pero no se han enriquecido personalmente, o con los concejales de ayuntamientos ruinosos y diputados provinciales ociosos pero que tampoco se han corrompido? ¿Y con los miembros de la judicatura que no han actuado con la diligencia que la Justicia exige y permitido con ello la impunidad ante el delito y la desconfianza hacia el sistema? ¿Acaso no han contribuido al desmoronamiento? ¿Todos al trullo? ¿Ninguno?

Crearíamos una sala especial para los directivos de las grandes corporaciones privadas -eléctricas, telefónicas, petroleras- que impunemente llevan años saltándose las leyes -no solo su espíritu- con sus prácticas monopolísticas, acuerdos de fijación de precios y actividades contra la libre competencia. Existe una vasta panoplia de ‘presuntos delincuentes' donde elegir para juzgar, linchar o guillotinar (sí, también se pide la guillotina en las redes sociales) invirtiendo en ello todo el potencial de odio y rencor que las situaciones de miseria e inseguridad acostumbran a despertar entre los más débiles y perjudicados por el mal gobierno, la injusticia, la corrupción y el egoísmo de los dirigentes.

Sarcasmos aparte, solo pagarán los que puedan ser juzgados por delitos incluidos en el Código Penal, robo, hurto, cohecho, tráfico de influencia, prevaricación, evasión fiscal, etc... Para el resto de los malos gestores que nos han llevado a la ruina no existe tipificación legal que pueda castigar su culpa/responsabilidad. Salvo que el ardor revolucionario prenda fuego en la mecha de la crisis y surjan tribunales populares (allons, enfants de la patrie...). Puede que si las cosas empeoran mucho la cosa llegue a esos extremos, pero de momento no me imagino a la clase media nacional, aun machacada a impuestos y recortes, lanzándose a las barricadas.

Así que un poco de calma, señores. Menos bilis y algo más de reflexión. No se trata de mirar hacia otra parte o de aplicar una Ley de Punto Final a la argentina. Ni mucho menos. Que la Ley haga su trabajo (esperemos que con mayor diligencia y dignidad que en el caso Fabra porque si no nos eternizaremos), y que de ello se ocupen jueces, fiscales y abogados. Pero no perdamos mucho más tiempo fomentando la caza de fantasmas por la jauría humana. El país se nos va a pique y los ciudadanos de a pie lo pasaremos inimaginablemente mal, mucho peor, si antes no nos enfretamos al declive. ¿Cómo? Forzando a los políticos, nuestros representantes, a trabajar y crear alternativas, a reunirse y elaborar consensos. Y dejando de votar a los que consideremos realmente responsables de lo que ocurre, que es la forma genuina de cómo en democracia se cobran responsabilidades y se castiga a los culpables. Y quien tenga ideas, que las comunique, se organice y se presente a las elecciones (es lo que muchos echamos de menos del movimiento 15M).

Todavía no he leido ni escuchado propuestas prácticas y eficaces para resolver no todos, pero si los atascos más graves que sufre la economía. Ni sobre el modelo social o político que debe reemplazar al fracasado sistema actual. ¿Dónde están los economistas y las poderosas mentes que tienen el Estado en la cabeza? Necesitamos aunque sea algún adelanto, pistas de por dónde deberían circular las acciones encaminadas a solucionar esta pesadilla. Conocemos perfectamente sus causas y sus causantes, pero poco o nada del camino a seguir, al margen de tópicos y lugares comunes de manual.

En fin, escapemos cuanto antes de la parálisis de estupor y rabia que nos tiene atrapados. Es urgente que la sociedad se sitúe en ‘modo reinicio' de forma inmediata porque esto no tiene arreglo con los métodos actuales. Ni los partidos y políticos van a cambiar si no les fuerzan a ello (lo estamos viendo todos los días con la deriva del Gobierno Rajoy), ni mucho menos lo van a hacer los banqueros y los mercados y ni tan siquiera las castas directivas de todo tipo de instituciones. Es consustancial al ser humano.

Tampoco parece probable que hoy por hoy aparezca en España un lider a la francesa, como Hollande, para cambiar inteligentemente ciertas cosas, sino que más bien será solo la presión social a todos los niveles, cada uno en el suyo -como un servidor hace desde este medio de comunicación-, la que pueda conducir a grandes pactos que contribuyan a encontrar la salida. Esa sería la verdadera acción de ‘rescate' de los ciudadanos sobre sí mismos: su ‘intervención' -siempre pacífica- en la vida pública.