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VALENCIA. El gerente de la Fundación Caja Castellón-Banacaja, Julián Minguillón, ha informado a los representantes sindicales una propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) sobre 38 de los 44 trabajadores de la entidad. Las razones aducidas por el directivo son la falta de ingresos periódicos que padece desde la integración de Bancaja en Bankia y la posterior nacionalización de la entidad.

La intención es presentar la propuesta oficialmente la próxima semana y abrir un proceso de negociaciones que durará quince días. De este modo, a mediados de agosto se empezarían a ejecutar los despidos. La organización no quiere poner fin a su actividad, según aseguró Minguillón a los sindicatos, sino reducir sus costes de personal para hacer viable su continuidad.

En las circunstancias actuales, Bancaja debe convertirse en una fundación de carácter especial y, en el caso de la Fundación Caja Castellón, la opción que se plantea para su supervivencia es integrarse en esta nueva fundación o seguir su camino en solitario. Para UGT, la entidad ha optado por la segunda opción y acusa a sus responsables de anteponer sus intereses políticos al mantenimiento de los puestos de trabajo.

DISTINTO MODELO DE GESTIÓN

A diferencia de la Fundación Bancaja, que participa en proyectos desarrollados por otras organizaciones pero cuenta con un reducido número de actividades en exclusiva, la de la Caja de Castellón gestiona directamente su obra social, manteniendo centros de mayores, educativos y asistenciales, lo que hace que tenga más personal que la de su matriz, aunque una tenga una implantación territorial inferior.

Fundación Caja Castellón gestiona un presupuesto de 6,7 millones de euros y posee un patrimonio de 27 edificios en la provincia. De sus actividades se benefician 800 familias necesitadas para la compra de productos de primera necesidad, distintas guarderías infantiles para niños en riesgo de exclusión y una casa cuna, entre otras actividades.