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Bankia y Banco de Valencia concentran el 80% de la deuda financiera de la constructora Cleop

18/07/2012 La compañía que preside Carlos Turró ha presentado un ERE para extinguir 62 contratos, es decir, el 7% de la plantilla

MADRID (EP). Cleop ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores, tal y como avanzó este diario, con una deuda consolidada de 204,88 millones de euros, de la que un 65% corresponde al pasivo que mantiene con entidades financieras, según informó la empresa.

Banco de Valencia y Bankia figuran como las entidades a las que mayor importe adeuda la compañía que, según detalló, tiene el 80% de su deuda financiera total con "la banca intervenida y/o nacionalizada".

La Administración central se sitúa como segundo principal acreedor de Cleop, con quien soporta el 19,4% del pasivo, por delante de los proveedores comerciales, con otro 18% del pasivo.

DETERIORO DE LA OBRA PÚBLICA 

En cuanto a la Administración, la compañía deuda 17,30 millones de euros a Hacienda y otros 4,12 millones de euros a la Seguridad Social, según consta en la información sobre el proceso concursal remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Carlos Turró, presidente de Cleop

En dicha información, Cleop atribuye su insolvencia al "deterioro del mercado de obra pública en España, a la restricción del crédito, al retraso en el cobro de las administraciones y a los compromisos de pago derivados de la compra de Urbem".

ARDUO TRABAJO 

La firma asegura que actualmente trabaja en la redacción de un convenio de acreedores y de un plan de viabilidad que le permita "superar la actual situación concursal y garantizar la viabilidad de sus operaciones".

Dicho plan, además de la reestructuración de su deuda, contempla la reducción de costes y la adecuación de su estructura, la venta de activos y la reorientación de sus negocios hacia "actividades que generan recursos financieros de forma recurrente".

Respecto a la adecuación de estructura, Cleop indicó que a comienzos de este mes de julio ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para extinguir 62 contratos -el 7% de la plantilla- y reducir la jornada de otros siete trabajadores. Este ajuste se suma al que presentó en febrero, cuando formuló un ERE de suspensión temporal y reducción de jornada para 51 trabajadores.

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