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VALENCIA. La Audiencia Nacional fue un trasiego este jueves de procuradores en busca de los documentos preparar la defensa de sus clientes en el la causa abierta por este organismo judicial tras la querella presentada por el partido Unión Progreso y Democracia (UPyP) contra la anterior cúpula directiva de Bankia. Los 33 imputados, entre ellos 10 valencianos, han tenido que buscar rápidamente a un asesor legal que les presente y asesore cuando sean llamados a declarar por el juez que instruye el caso.



Un ejército de abogados, pertenecientes fundamentalmente a los grandes bufetes de Madrid especializados en derecho penal y financiero que cuya cotización ha aumentado de forma espectacular por la gran cantidad de denuncias y actuaciones directas de la fiscalía que se han puesto en marcha por la crisis financiera y, en especial, por la de Bankia.

Los más previsores ya suponían que este momento iba a llegar y cuentan desde hace días, semanas incluso, con su abogado de confianza. Es el caso de Rodrigo Rato, que ha puesto su defensa en manos del bufete Oliva-Ayala. Por su parte, Banco Financiero y de Ahorros y Bankia, que también aparecen en la querella como instituciones, se han encomendado a Uría y al veterano Luis Jordana, respectivamente.

También cuentan con representante ya algunos de los imputados valencianos, como es el caso de José Luis Olivas y Antonio Tirado. Ambos ya tuvieron que buscar a un defensor tras la imputación -ahora paralizada- tras la denuncia presentada en Banco de Valencia contra todo el consejo. Aunque de momento los nombres de los despachos o bufetes que representarán al expresidente de Bancaja y al actual vicepresidente no han trascendido, dada la condición de abogados de ambos, las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que optarán por alguien de su entorno.

Del resto de imputados valencianos, hasta nueve, poco se sabe sobre a quién han elegido para su defensa. Valenciaplaza.com ha podido constatar que algunos de los consejeros no se han puesto todavía en contacto con ningún despacho, a la espera de recibir el auto remitido por el juez Francisco Andreu. Precisamente el auto comenzó a repartirse este viernes. Una vez estén comunicadas todas las imputaciones, se abrirá un plazo de cinco días para poderlo recurrir y solicitar el archivo.

Fuentes del mundo del derecho apuntan que muchos de ellos pueden optar por buscar profesionales de los despachos especializados de Madrid. "Es mucho más funcional, dado que el caso se lleva en la Audiencia Nacional", señalaron. En todo caso, no descartaron que los grandes nombres del derecho penal valenciano, como Juan Grima o Javier Boix, acaben siendo contratados. Algún otro penalista de prestigio fue sondeado por uno de los imputados, pero rechazó llevar el caso.

INCOMPATIBILIDADES

Otras fuentes de la abogacía apuntaron una peculiaridad del proceso abierto ahora contra Bankia y que ha puesto a 33 personas de alto perfil social y económico en el punto de mira judicial. Se trata de las posibles incompatibilidades que puedan surgir entre bufetes. "En todo el proceso de reordenación financiera, los grandes despachos han participado activamente, asesorando a bancos, cajas, SIP o incluso salidas a bolsa. Los abogados tendrán que estudiar su la defensa de su nuevo cliente entra en conflicto con posibles procesos que ya están en marcha o que lo puedan hacer en el futuro", explicaron. 

BANKIA Y LAS DENUNCIAS INDIVIDUALES

Las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com difieren sobre quién afrontará los pagos de las defensas legales de sus exconsejero. Bankia cuenta con un seguro firmado con Mapfre que cubre posibles demandas civiles. No está claro que se puedan activar estas pólizas, ya que la denuncia se tramita por la vía penal. En todo caso, y pese que Bankia no tiene intención de costear estas defensas, algunos exconsejeros, especialmente los que no tenía abogado elegido, recabaron este jueves algunos primeros consejos de los servicios jurídicos.
 
Por otra parte, el consejo de Bankia y de BFA suscribió una póliza específica para cubrir las posibles demandas que pudieran surgir por la salida a bolsa de la entidad, un procedimiento también habitual. Este seguro no se hace responsable, en todo caso, de conductas dolosas.

Bancaja, por ejemplo, sostiene en una primera instancia al menos, que la labor por la que se ha denunciado a sus consejeros se desarrollo en una entidad ajena, por lo que el seguro que también tiene el consejo no les da cobertura en este caso.



Así, como ya ocurrió en las acusaciones sobre los consejeros del Banco de Valencia, cada uno de los afectados será quien asuma su defensa y costee los gastos de asesoramiento legal que requieran. En este sentido, no se descarta que haya consejeros que compartan representante legal para presentar una defensa homogénea.

EL FUTURO DE LOS AUSENTES



Respecto a la ausencia de distintos consejeros entre los acusados por Unión Progreso y Democracia (UPyD), desde esta formación se niega cualquier tipo de trato de favor hacia ninguno de ellos. Igualmente, se insiste en que la relación que la líder de la formación, Rosa Díez, haya podido tener con ninguno de ellos en el pasado haya influido en la composición de la lista de acusado.

Uno de los ausentes en el listado en el valenciano Juan Martín Queralt, decano de la Facultad de Derecho de Murcia y director General de Tributos de la Generalidad Valenciana, además del exministro socialista de la Presidencia, Virgilio Zapatero; y el expresidente de Merrill Lynch en España, Claudio Aguirre.



"Que no estén en la actual lista de acusados no quiere decir que no lo vayan a estar en el futuro. Se puede pedir su imputación más tarde", aseguran desde la formación. En todo caso, alegan que se ha incluido a los consejeros que aparecían en folleto presentado por la entidad para la salida a bolsa en julio de 2011. Sin embargo, a esta nómina se ha sumado en la querella al valenciano Francisco Pons, que entró en el consejo el pasado mes de enero y dimitió en mayo.

PLAZOS 

Los 35 imputados por la salida a bolsa de Bankia tendrán un plazo máximo de cinco días desde la última notificación de la querella para recurrir el auto del juez Fernando Andreu y solicitar el archivo de la causa a la Sala de lo Penal, superior jerárquicamente al magistrado instructor.

La intención del magistrado es realizar "cuanto antes" el interrogatorio de los exconsejeros de la entidad contra los que se dirige la querella. No obstante, las citadas fuentes descartaron que estas declaraciones se vayan a producir antes del próximo 23 de julio, fecha establecida por el juez instructor para celebrar una comparecencia en la que se dirimirá si la Audiencia Nacional asume la intervención judicial de la entidad, solicitada por UPyD para salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores de la entidad.

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