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VALENCIA (EP). El pleno de las Corts Valencianes ha validado este miércoles el decreto ley del Consell por el que se modifica el artículo 35.2 de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012, con el objetivo de poder acogerse al plan de pagos a proveedores del Gobierno central. En el momento de la votación no se encontraban en el hemiciclo alrededor de un tercio de los diputados. En total se han registrado 39 votos a favor y 28 abstenciones.

Este decreto ley, que el Ejecutivo valenciano aprobó el pasado 8 de junio, implica la modificación del apartado dos del artículo 35, que tiene una vigencia exclusiva para el año 2012 y está ligada al importe derivado de la adhesión de la Comunitat Valenciana al mecanismo extraordinario de financiación para el pagos a los proveedores de las autonomías puesto en marcha por el Gobierno central y previsto en el acuerdo 6/2012 de 6 de marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para ello, se aprueba y autoriza la concertación de las operaciones de préstamo necesarias para hacer efectiva la aplicación del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas.

De esta forma, establece que, mediante resolución conjunta del conseller de Economía, Industria y Comercio y el de Hacienda y Administración Pública, se fijará el importe total de las operaciones de préstamo vinculadas al mecanismo extraordinario de financiación que tenga que concertar la Comunitat.

Asimismo, el Consell, también a propuesta conjunta de los citados consellers, dispondrá del plazo de un mes desde que se conozca el importe total de obligaciones pendientes de pago con cargo al mecanismo extraordinario del Gobierno central, para establecer la cifra que fije el incremento anual del volumen de endeudamiento de la Generalitat para el ejercicio 2012.

Este aumento contemplará tanto el importe derivado de las obligaciones mencionadas como el derivado de la aplicación a las comunidades autónomas del nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria previsto en la reunión del CPFF del 6 de marzo.

A su vez, se faculta y delega al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que realice todas las actuaciones y gestiones necesarias para que, en el marco de las competencias que tiene atribuidas, asegure la ejecución y aplicación de lo previsto en el decreto ley.

"MECANISMO NECESARIO"

El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, que ha defendido este decreto-ley, ha recordado que la Generalitat ha comenzado este miércoles a pagar a sus proveedores. Asimismo, ha expresado su agradecimiento al Gobierno por haber puesto en marcha "un mecanismo tan necesario para la economía en un momento como el actual" con "restricciones de liquidez" en todas las administraciones.

Los grupos de la oposición han criticado que el Consell haya tenido "ahogados" a los proveedores y haya obligado a cerrar muchas empresas. Además, el diputado socialista Julián López ha advertido de que habrá que asumir compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros que pueden superar los 70.000 millones de euros.

El PSPV, Compromís y EUPV ha pedido la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, según López, para introducir en él "la garantía de que exista la máxima transparencia y se evite que el verdadero importe de las obligaciones y compromisos de pago quede oculto por la falta de información o por la ausencia de un criterio contable", pero el PP lo ha rechazado.

Por su parte, el diputado del PP Ricardo Costa, en nombre de su grupo parlamentario, he pedido "perdón" a los proveedores de la administración que "han tardado en cobrar", aunque ha exigido a los socialistas que también se disculpen "por ocho años de asfixia económica financiera no reconociendo un millón de personas más que tiene la Comunitat Valenciana".