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Luis Rosado, conseller de Sanidad

Las adjudicatarias deben abonar un cánon de 180 millones de euros por el uso de las infraestructuras y, además, también se contempla que realicen un pago 'extra' el primer año que posteriormente sería reintegrado

VALENCIA (X. AGUAR). Las incógnitas siguen envolviendo al cambio de modelo sanitario dirigido a la privatización de servicios que continúa gestándose en la sala de máquinas de la Conselleria de Sanidad. Fuentes conocedoras del proceso, aseguran que desde la cartera que dirige Luis Rosado, barajan la posibilidad de exigir a las empresas que entren en el modelo un pago ‘extra' en concepto de fianza el primer año de adjudicación. 

La medida, que no ha sido confirmada ni desmentida desde la conselleria, implicaría que a principios de 2013, con la implantación del nuevo modelo compartido, las empresas adjudicatarias deberían, no solo reunir los 180 millones de euros de canon que se solicitan, sino además un importe añadido en concepto de depósito y que se devolvería al término de la vinculación concesionaria. Unas condiciones que estarán pendientes de negociación con las empresas aspirantes.

El pago del canon en concepto de alquiler y uso de las infraestructuras sanitarias ya construidas por la administración es uno de los puntos fuertes del plan ideado por la Generalitat Valenciana. El pago de 180 millones de euros por parte de las empresas que quieran entrar en el modelo, implica una importantísima inyección de liquidez para las maltrechas arcas autonómicas y una de las razones de ser del proyecto.

No obstante, desde la conselleria se estudia la posibilidad de potenciar todavía más esos ingresos con el cobro añadido de una fianza, cuyo tope, a priori, estaría en la aportación de otros 180 millones de euros que serían devueltos con la finalización de la concesión que se estima a diez años.

Esto, cómo es lógico, representaría una recaudación de fondos fundamental para la Generalitat, que se encuentra atosigada frecuentemente por las dificultades para cumplir con diferentes plazos de pago. Esta práctica, según señalan fuentes del sector, no es extraña a la hora de trabajar para la administración, si bien en este caso resulta llamativa por los notables montantes totales.

ESCEPTICISMO EN LAS EMPRESAS SANITARIAS

Desde que se anunciara el cambio de modelo en la gestión sanitaria, el conseller Luis Rosado ha mantenido encuentros con diferentes empresas del ámbito sanitario y aseguradoras. Hasta el momento, según ha podido saber este diario, este tipo de compañías han recogido la propuesta de la Generalitat con cierto interés aunque con escepticismo.

Diversas fuentes del sector ya manifestaron a este diario la "dificultad" que entrañaba para las empresas sanitarias entrar en el modelo compartido por los nulos márgenes de rentabilidad ofrecidos si no se incluía la gestión del personal, algo que la conselleria ha rechazado públicamente en repetidas ocasiones.

Una circunstancia que, unida al pago de un canon tan importante, aleja el interés de las grandes compañías y aseguradoras del ámbito sanitario. Fuentes del sector consultadas aseguran que si a ello se le une el desembolso añadido de una fianza, será "más complicado" para las empresas concurrir.

Entre las empresas sanitarias o aseguradoras vinculadas al este área que están siguiendo de cerca el proceso se encuentran la multinacional Capio, Sanitas, Ribera Salud, USP-Quirón o el fondo de inversión Atitlán. En cuanto a otras compañías de servicios generales, han mostrado su interés empresas como Eulen, ISS, Rover Alcisa o el propio Corte Inglés, entre otras muchas.

El pasado viernes, el borrador del documento descriptivo elaborado por Sanidad con el asesoramiento de la consultora PwC, fue presentado al pleno del Consell. Luis Rosado anunció que se haría público en los próximos días, aunque ya han trascendido algunos aspectos del mismo. Uno de los más relevantes es que la iniciativa privada participará en gestión de las prescripciones de los medicamentos para "la promoción de las prácticas adecuadas y la mejora de la gestión", aseguró Rosado, quien matizó que los fármacos seguirán siendo "prescritos por los facultativos".