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VALENCIA. Después de treinta años, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana empieza a levantar las alfombras. La ampliación del informe de auditoría que está realizado la firma KPMG en la entidad avalista, gracias a la colaboración del nuevo equipo gestor, ha empezado a desvelar que la necesidad de capital puede ser muy superior de la reconocida hasta ahora, hasta incrementarse otros 50 millones de euros, según fuentes conocedora del proceso.
Con la información remitida por la anterior dirección, capitaneada por el dimitido Juan Manuel García Puchol desde 1981, el Banco de España ya advirtió de la necesidad de inyectar 36 millones de euros, que terminaron siendo 60 millones, para poder generar un "excedente de solvencia" que permitiera a la entidad esquivar la quiebra.
Con un gran esfuerzo, la Generalitat Valencia logró rebañar 44 millones de euros procedente de otras partidas del presupuesto y del remanente de tesorería de distintos departamentos para recapitalizar la sociedad. El resto, 16 millones de euros, tuvo que captarse por medio de operaciones financieras a un alto interés.
Fuentes conocedoras del proceso reconocen las dificultades que va a tener la Generalitat para cubrir la nueva necesidad de capital que termine por aflorar. La alternativa, que pasaría por el fortalecimiento de la posición de Bankia (principal accionista entre las entidades financieras) con una nueva ampliación de capital, no se ve como la más factible, teniendo en cuenta sus propios problemas.
Por su parte, Sabadell, que ha heredado la participación de la CAM, está todavía digiriendo la adquisición de la entidad alicantina, por lo que tampoco estaría en las mejores condiciones para participar en un nuevo rescate.
ESCAPAR DE LA CAUSA DE DISOLUCIÓN
Hasta ahora, la auditoría de la SGR había corrido a cargo de Moore Stephens Ibergrup, pero la relación familiar de uno de los socios de la firma, César Gregori, con el secretario del consejo de la sociedad avalista, Raul Gregori, impidió continuar con este contrato. Aunque durante el periodo en el que ambas entidades estuvieron relacionadas, no existían incompatibilidad, el nuevo Reglamento a la Ley de Auditoría de Cuentas de 31 de octubre de 2011 prohibió explícitamente este tipo de situaciones.
Hasta la recapitalización sufragada por la Administración valenciana, la SGR se encontraba en causa de disolución desde el 1 de enero de 2012, ya que a mediados del año pasado, el Banco de España detectó un déficit patrimonial que impedía su supervivencia, por lo que instó a la entidad a recapitalizarse para no estar por debajo del 8% en su coeficiente de solvencia.
Según los anteriores gestores, las dificultades que atraviesa la SGR vienen de los últimos ejercicios, pero fue en 2010 cuando registró unas pérdidas de 2,8 millones de euros (que han superado los 55 millones en 2011), después de presentar una cuenta de pérdidas y ganancias en 0,0 euros en 2009 y 2008. En 30 años, la organización nunca había registrado un resultado negativo.
PRIMEROS PASOS DE LA NUEVA DIRECCIÓN
El pasado 30 de mayo, la sociedad superó un vacío de poder de casi un mes con el nombramiento de Dolores Font Cortés como presidenta, a propuesta de la Generalitat, y la constitución de un nuevo consejo reducido a la mitad y renovado casi en su totalidad. Como primer ejecutivo ejerce desde entonces Santiago de Santos, en condición de consejero delegado.
Procedente de la tenedora Bancaja Centro de Estudios y director de mercado de capitales en la entidad, De Santos se integró en el consejo entre los seis puestos adjudicados a la Administración valenciana. Sus primeras decisiones se están centrado en conocer realmente la situación de la entidad y desarrollar una estrategia de redimensionamiento que devuelva a la SGR a su función de avalista en operaciones "sensatas" para pymes.
En su labor está contando con la estrecha colaboración de los otros consejeros de perfil técnico. Se tata de Joaquín Maldonado, financiero de larga experiencia y responsable en la actualidad de banco Mediolanum en la Comunitat Valenciana, y de Adolfo Porcar procedente de Bancaja; ambos incluidos en la cuota de consejeros correspondiente a la Generalitat.
A día de hoy, la Administración valenciana cuenta con el 40% del capital (57 millones de euros), mientras que las entidades de crédito han bajado su porcentaje al 4% y el resto de protectores al 1%, por efecto de la ampliación de capital. De este modo, el capital protector pasa a representar un 45% del total, en la media del resto de las sociedades de garantía recíprocas españolas; frente al 10% anterior a la reestructuración.
bueno, bueno, bueeenoooo....aqui yo pensando que nunca podria haber conseguido plaza en el banco de Spain, o en el IVF, y resulta que a unos (Bankia)y a otros(SGR) les hacen unas bicicletas que ni Platini.Y este nuevo directivo, digo yo, no vio la viga en elojo propio(bankia), y la va a ver en el ajeno(SGR)?...Y digo mas, en todo este teimpo, no se podria ya haber estudiado el agujero, antes de meter los 60 millones la Generalitat?...Y por cada directivo que vayan hechando, van a pagar 600,000 pavos?Porque, cuantos eran, 4,8...16?Y a mi me deniegan todos estos, Bankia, IVF,SGR, el credito en estos dias?Y con mis impuestos se mantiene todo esto?...Pues eso, el ultimo que cierre, que yo voy saliendo.
me suena a escusa para su desmantelación , si era la mejor SGR del país no se, señal de borrica florentina.
¿Y aquí también dirán los Sres. Pérez Boada y Vela que la culpa es del cha-cha-chá, digo del Banco de España? ¿Es casualidad que siempre sean los “sospechosos habituales” los que “pasaban por allí”? Cuando la situación se repite tanto, yo pienso que hay “causalidad”, no “casualidad”. Seguimos alimentando un sistema que bajo la apariencia de las instituciones y formas de un Estado de Derecho y una Democracia no es más que una Cleptocracia.
Eso era un pozo que no sabemos como acabara. Al final los 60 millones que ha puesto la Generalidad no serviran para nada. Eso era un bluf desde hace muchos años.
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