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VALENCIA (EP). La consellera de Cultura, Turismo y Deporte, Lola Johnson, ha explicado que desde la Generalitat "continuamos trabajando en la enajenación" de la parcela destinada a la construcción de las Torres de Calatrava, "aunque es un proceso complicado". "Estamos buscando el mejor precio" con el objeto de "obtener el máximo rendimiento económico", ya que "no hay que enajenar a cualquier precio", ha agregado.

Johnson, que se ha expresado de esta manera en la comisión de Educación y Cultura en relación al proyecto de urbanización de las torres de Calatrava a petición de PSPV y EUPV, ha defendido la elección del arquitecto valenciano Santiago Calatrava para construir unas torres en una parcela anexa a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) por la "singularidad" del proyecto. Sin embargo, el proyecto no se va a realizar, según ha explicado, no se ha llevado a cabo "porque las prioridades son otras", como "atender las políticas sociales".

En su intervención, ha insistido en que la Generalitat entendió que debía encargar las edificaciones a Calatrava para que se correspondieran con su entorno y no se rompiera la "armonía" de esta zona. No obstante, ha explicado que la situación de 2005, cuando se encargó el proyecto, "ha ido variando y ha dificultado el proyecto".

Así, "aunque no se vaya a ejecutar a corto plazo no se puede entender este proyecto como un activo a fondo perdido" porque el contrato firmado "faculta a CACSA para ejecutarlo en un lugar alternativo", ha dicho.

La consellera ha explicado también que el proceso de contratación se realizó por CACSA de acuerdo con la ley de contratación. "Dada la singularidad del proyecto y las condiciones estéticas, se realizó el contrato negociado sin publicidad", ha dicho, y ha defendido "la legalidad de las actuaciones".

Por su parte, los grupos de la oposición han lamentado que la consellera se dedique a "repetir" su discurso en lugar de contestar a sus cuestiones que, en este caso, han girado en torno al responsable de encargar el proyecto de las torres. Sobre este punto, la consellera ha contestado que "en cada momento decide quien tiene la capacidad de decidir", le corresponde decidir a quien tiene "la responsabilidad de gobernar".

También han preguntado por los criterios que se han seguido para establecer los honorarios de Calatrava. En este sentido, la diputada del PSPV Eva Martínez considera que como mucho se le debería haber pagado 7,7 millones y no los 15, según el baremo del Colegio de Arquitectos de la Comunitat.

"CIERTO RIESGO JURÍDICO"

La diputada socialista también ha preguntado a qué precio van a vender esta parcela, que se expropió como terreno para VPO, al tiempo que ha cuestionado la legalidad de la tramitación del proyecto porque el informe jurídico del mismo es "anónimo" y sin fecha de realización. En este sentido, ha agregado que en otro informe realizado por el despacho de abogados Broseta, se especifica que la construcción de las torres conllevaba "cierto riesgo jurídico".

El diputado de EUPV Ignacio Blanco, por su parte, ha preguntado a la consellera si se produjo algún tipo de "controversia" entre CACSA y el arquitecto por el pago de sus honorarios. Blanco ha dicho: "el director de CACSA, supongo que por presiones políticas, firmó este contrato".

Asimismo, ha apuntado que el contrato con el arquitecto se firmó "a posteriori de que se hubiera realizado el trabajo" y ha cuestionado la rentabilidad del proyecto y el pago de los emolumentos al arquitecto: "Calatrava se la clava al Consell y el Consell a los ciudadanos", ha apostillado.