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VALENCIA. La publicación este martes del informe anual de 2011 de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia participada por Caja Madrid, Bancaja y otras cinco pequeñas cajas de ahorros, ha desatado un nuevo escándalo en la opinión publica acerca de las indemnizaciones millonarias que perciben los directivos de las entidades financieras.
El documento, registrado en la CNMV, refleja por primera vez el compromiso económico adquirido por Bancaja con el que fuera primero su director financiero, luego director general y de nuevo en la actualidad, director financiero, Aurelio Izquierdo, en el momento que deje la entidad: 13,92 millones de euros. Se trata de una indemnización comprometida por Bancaja, no por BFA, entidad de la que Izquierdo fue también alto directivo tras la fusión.
La publicación de este acuerdo ha desencadenado una serie de reacciones en algunos casos desorbitadas sobre su improcedencia, más cuando la caja de ahorros (como el resto de sus socios) está abocada a su disolución tras la nacionalización de BFA, a la que el Estado debe inyectar cerca de 24.000 millones de euros para sanearla. Una espiral de indignación social lógica ante el montante del agujero creciente de Bankia, pero que ha introducido cierto caos y confusión en un caso que requiere de algunas reflexiones para las que es necesario conocer algunos datos concretos:
La indemnización pactada entre Aurelio Izquierdo y Bancaja procede de años atrás. Pese a que el informe de BFA lo pone sobre papel por primera vez, el acuerdo entre la caja y su exdirector es antiguo y forma parte de las remuneraciones que se establecieron para el conjunto de la cúpula directiva de la caja de la que Izquierdo formaba parte.
Cuando su predecesor en el cargo, Fernando García Checa, salió de la caja en 2007, ya fue indemnizado con una cantidad similar a la que ahora le corresponde a Izquierdo, sin que la opinión pública se viera alterada por la cuestión (la crisis financiera de Bancaja ya estaba incubada en su interior). También el exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, reclama 7,5 millones de euros por su marcha de la entidad participada por Bancaja. Otros directivos que han ido saliendo de grupo Bancaja también han percibido cantidades vinculadas a pactos similares.
Estas indemnizaciones fueron acordadas por el consejo de administración de Bancaja con el visto bueno de la comisión de retribuciones. No se trata de blindajes en sentido estricto, por eso no constaban como tal en los informes de gobierno corporativo, sino de pólizas, fondos de pensiones o seguros a los que la caja hacía aportaciones anuales y que en la actualidad están totalmente dotadas, similares a los adoptados en la mayoría de las entidades financieras y grandes empresas.
En el momento de su aprobación, nadie en el consejo puso reparos ni expuso objeciones. Tampoco se introdujeron cláusulas de salvaguarda por si la entidad dejaba de ser tan boyante como lo era en el momento de su firma. Los consejeros asumieron, por tanto, unos compromisos legales que ahora se deben cumplir a no ser que existan motivos igualmente legales para considerar procedente el despido.
Estos detalles son necesarios para situar el caso en su contexto y ponen de manifiesto la singular forma -por decirlo suavamente- en la que fue gestionada la caja de ahorros valenciana durante los últimos quince años. Con un consejo de administración integrado por miembros elegidos mayoritariamehte por los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE que, pudiendo haberlo hecho, nunca optaron por la profesionalización de los consejeros.
Desde la llegada de Eduardo Zaplana en 1995 a la Presidencia de la Generalitat, desde donde impulsaría la reforma de la ley de cajas de ahorros, la politización de la gestión de las cajas fue un hecho innegable y los perfiles elegidos para ocupar los puestos en los órganos de gobierno se ciñeron a políticos y empresarios que no cuestionaran las decisiones adoptadas previamente en el ámbito político.
Y si bien el PP fue arrinconando cada vez más al PSOE, especialmente en la época de Francisco Camps, los socialistas tampoco se desmarcaron nunca de un concepto de gestión inspirado desde las instituciones políticas en lugar de un modelo profesional que seguramente no habría evitado la crisis pero si al menos las graves consecuencias que han derivado en la desaparición de las tres entidades financieras valencianas.
Solo la sonora salida en su día del consejero socialista Jordi Palafox, en desacuerdo tanto con la gestión de la caja como con la connivencia de su partido en esta política de nombramientos, en concreto durante la etapa de Joan Ignasi Pla al frente de la Secretaría General del partido, o el nombramiento de José Camarasa (diputado socialista que dejó el escaño para incorporarse al puesto aunque con experiencia en gestión económica y del que hay constancia de trabajo en el consejo) en la era de Jorge Alarte, se apartaron de esa línea.
Esta manera de conformar los órganos de gobierno en el seno de Bancaja trajo aparejada una gestión en la que el consejo rara vez puso en duda las decisiones que le llegaban desde cualquier instancia interna o externa. Como el caso de las indemnizaciones a los directivos.
Así pues, no se antoja tan criticable el legítimo derecho de los directivos bancarios a cobrar unas remuneraciones pactadas con todas las bendiciones corporativas y legales, como la desastrosa actuación política sobre unas entidades financieras controladas en todo momento por los aparatos de los partidos y de relevantes instituciones públicas, como la propia Presidencia de la Generalitat, las Corts y los ayuntamientos principales.
Es a estos dirigentes políticos, instituciones y a las entidades de control -Instituto Valenciano de Finanzas y Banco de España- a quienes se deberían dirigir en primera instancia los focos de la indignación y la crítica por los resultados de una gestión cuando menos nefasta para los intereses generales de la sociedad valenciana.
En todo caso, no ayuda en nada a resolver los problemas las críticas desproporciondas y el intento de organizar unos inútiles juicios 'de Nuremberg' contra unos directivos sujetos en todo momento a las directrices de los consejos que los nombraron. Las leyes ya existen y no permitirán eximir a los directivos ni a los consejeros de responsabilidades penales si se demostrara que han cometido acciones contrarias a la legalidad.
Para el autor del artículo las retribuciones son legítimas porque las aprobaron los órganos. Unos organos corruptos, a cambio de financiación y dinero para sus macrobras y chanchullos.
manda narices, me estan diciendo que dotaron esta fondo desde el 2007 al 2010? porque este Sr. no tiene edad para jubilarse ahora. No habran hecho como en CAM, Caja Segovia y otras de dotar todo de golpe antes de fusion? y seguro que el consejo acordo esos pagos?
A BENEFICIO DE INVENTARIO. Aunque lo tratado en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, hoy desaparecidas, son temas sujetos a secreto, me parece relevante para entender qué ha sucedido, al menos hasta cierto año, que de 1998 a 2006 (febrero) la retribución de los ejecutivos nunca fue tratada en ninguna reunión en la que yo estuviera presente. Es más, cuantas veces pregunte sobre ellas, la única respuesta que recibí fue el silencio más absoluto.
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