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VALENCIA. La patronal alicantina Coepa vuelve a apretarse el cinturón. La dirección de la entidad y el comité de empresa han acordado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal sobre sus 66 trabajadores a jornada completa. La suspensión será sobre el 100% de la jornada hasta el 31 de diciembre para 32 empleados y del 12,5% para 34, por el mismo periodo. Únicamente cuatro trabajadores quedan fuera de esta medida por estar ya contratados a tiempo parcial.

Del mismo modo, se está estudiando la posibilidad de concentrar la actividad en determinados centros. Aunque comité de empresa y dirección tienen que negociar qué centros se cierran, en el caso de la ciudad de Alicante se da por hecho el abandono definitivo de la sede de la plaza Ruperto Chapí (frente al Ayuntamiento de la ciudad), puesta en venta o alquiler hace unos meses, y la concentración del personal en las oficinas de la calle Orense.

El incumplimiento del pago de 7,5 millones de euros por parte de la Generalitat se apunta como la principal causa de la situación, ya que la organización ha tenido que ir pagando de sus propios fondos los cursos y actividades que debían haberse cubierto con dinero público. Por esta misma causa, hace seis meses que Coepa ya rescindió 14 contratos y recortó la jornada laboral un 12,5%, lo que significó un recorte de una hora de trabajo en la mayoría de los casos.

REFORMULACIÓN DE CUENTAS DESDE 2006

Sin embargo, el problema estructural que padece la organización refuerza la opción de solicitar el concurso de acreedores, según fuentes conocedoras del proceso. De este modo, se evitaría que los actuales responsables de la organización perdieran sus puestos, a los accedieron tras las elecciones patronales del pasado 22 de marzo, si uno de los creedores solicita por su parte el concurso.

El actual presidente, Moisés Jiménez, accedió al cargo tras la dimisión de Rafael Martínez Berna, condenado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a una multa de cinco millones de euros por repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras. Entre uno y otro, Enrique Martín Álvarez, que ocupó en funciones el puesto de Martínez Berna, renunció a presentar su candidatura al no recabar los apoyos suficientes tras conocerse su candidatura al Senado en las elecciones de 2000 por Falange Española.

Si esta situación no fuera suficientemente complicada, el comité ejecutivo de la organización ha convocado para el día 11 de junio la asamblea para la formulación de las cuentas del ejercicio 2006 y la reformulación de las cuentas de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010. De esta manera se da cumplimiento a la sentencia del juzgado número 7 de Alicante, referida a la demanda que presentó en su día la patronal del metal alicantina Fempa sobre la contabilización de las subvenciones de capital para el Centro de Cualificación, sin esperar a la resolución definitiva del recurso presentado por Coepa.

Según la entidad, la modificación consiste, fundamentalmente, en una reclasificación contable de las cuentas relativas a dichas subvenciones, "sin que esto afecte sustancialmente a las masas contables de Coepa ni a su patrimonio neto actual".

AJUSTES GENERALIZADOS, MENOS EN CASTELLÓN

La patronal alicantina no es la única que sufre los efectos de los impagos. La autonómica Cierval ya denunció una deuda de 23 millones y la valenciana CEV, 33 millones de euros con las organizaciones de la provincia. El reconocimiento de estas cantidades se vio precedida por distintas medidas de recorte de plantilla.

En el caso de CEV, la organización cerró a finales del año pasado la mitad de sus oficinas comarcales y despidió a un 16% de la plantilla, ocho trabajadores. Por su parte, Cierval, con una estructura mucho más reducida, prescindió de un 16%, despidiendo a tres de sus trabajadores. A su vez, las cinco cámaras de comercio suman a la situación general de las patronales la eliminación de la cuota cameral obligatoria que hasta ahora pagaban todas las empresas. Así, en el caso de la Cámara de Comercio de Valencia se ha decidido reducir el personal en un 42% y en la de Castellón, en un tercio.

Donde nada se mueve es en la patronal castellonense CEC. Mientras el resto de asociaciones tienen que aplicar ajuste de personal, la que preside José Roca "ni ha hecho ni se plantea un recorte", aseguran fuentes de la organización.