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VALENCIA. La recién celebrada Junta General de Accionistas del Banco de Valencia cierra una de las etapas más lamentables de la historia de la economía valenciana. La aprobación de una operación acordeón, que sólo deja de serlo en toda su amplitud por la generosidad del FROB al no valorar a cero la acción, supone la evaporación de la propiedad valenciana sobre una entidad que est unida a nuestra economía desde hace más de medio siglo. Su desaparición es continuación de la de de las dos cajas de ahorro, CAM y Bancaja, que hace bien pocos años pretendían ser parte relevante del sector bancario español.

¿Qué explica tamaño descalabro sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma española? ¿Qué causas pueden ayudar a entender la falta de asunción de responsabilidades por parte de quien han sido sus actores principales? Porque si nada se ha dicho sobre qué se hizo mal, menos tenemos, a fecha de hoy, alguien que haya tenido la valentía de dar la cara para explicar qué se ha hecho tan rematadamente mal para que en menos de un año hundir a las tres principales entidades financieras autóctonas. Y dimitir por ello, claro está. De hecho, a lo más que parece aspirarse ahora, eso sí, pretendiendo presentarlo como una exigencia de quien nada puede exigir, es que se conserve el nombre de Banco de Valencia, como si eso tuviera alguna relevancia en el mundo financiero.

No ha hablado ahora José Luís Olivas, quien en otro momento llenó los titulares de prensa para declarar en la Asamblea General de Bancaja, en septiembre de 2010, que con la fusión con Caja Madrid "No perdemos nada y ganamos mucho" para añadir a continuación que "Nuestra caja no va a perder ninguno de los atributos por los que se la reconoce desde la sociedad a la que sirve". Eran aquellos tiempos en que presentaba la fusión como la operación "que nos convierte en la primera caja de ahorros española que cuenta entre sus activos el segundo mayor grupo de participaciones industriales de nuestro país". Menos de dos años después, el músculo financiero de Bancaja es cero, y su capacidad de supervivencia como Fundación se encuentra en el aire.

No debiera sorprender. Quien por su discutible actuación fue abandonado por todos a los que él  nombró en Bankia y fue obligado a dimitir tanto de la misma como del Banco de Valencia, tampoco se le exigió que dijera nada entonces. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? Nada ha explicado, a lo que parece, ni a los consejeros generales de la caja, ni a los accionistas del banco ni, menos todavía, al conjunto de los valencianos de quien, no hace tanto, fue conseller de Economia i Hisenda y efímero President. Se enrocó en la caja esperando que todo pasara y convencido, como así ha sido, de que nadie va a tener la valentía de cesarlo. Y no se irá hasta que se le busque un retiro de oro en donde disfrutar de su obra.

Pero tampoco ha explicado nada, de momento al menos, Modesto Crespo, quien lo único que hecho ha sido exculparse de toda responsabilidad. Porque en su comparecencia en Les Corts, en la que se negó a explicar sus cuantiosos emolumentos, realizó un ejercicio de cinismo nada fácil de dejar de adjetivar duramente, pretendiendo falta de preparación y conocimientos suficientes para saber cómo se gestiona una entidad financiera. Más o menos que él pasaba por allí cuando se le ofreció un cargo institucional magníficamente retribuido idóneo para su trayectoria. Ello, quien ha sido presidente de la intervenida CAM y causante principal de su desaparición por sus broncas con el Banco de España.

Pero tampoco han explicado nada quienes han acompañado a Olivas y Crespo en este penoso periplo. Son una larga lista de nombres que han quedado irremediablemente unidos a los de sus presidentes y al descalabro de las instituciones financieras valencianas. Algunos de ellos han sido nombrados en la Junta General de Accionistas del Banco de Valencia de forma poco favorable, como se vio en el resultado de las votaciones a la exigencia de unas responsabilidades penales que no se sustanciarán antes de una década.

Porque el número de administradores en las tres sociedades -que sólo parecen haber entendido sus responsabilidades como cobro de dietas y, en su caso, el logro de algún crédito con trato preferente para sí, para sus empresas o para sus familiares- es mucho más extenso. Y abarca desde constructores que se han hecho de oro con sus negocios conjuntos con las entidades, hasta funcionarios del Partido Popular y del Partido Socialista que han encontrado en su cargo en estas entidades su profesión, pasando por una variopinta sucesión de valencianos. Su rasgo común, exceptuando la valiente vocal de la Comisión de Control de la CAM Remedios Ramón, su silencio absoluto para explicar el inmenso coste que va a tener el desastre para los valencianos.

Y hasta ahora tampoco ha dicho nada el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, máxima representación de los valencianos, quien para los temas escabrosos ha tomado nota de la actitud de su superior Mariano Rajoy, imitando al avestruz. La Generalitat ha nombrado directamente a buena parte de los más directos administradores, incluyendo los dos presidentes de las Cajas (uno de los cuales era a su vez presidente del Banco de valencia y vicepresidente de Bankia) y tiene la obligación de velar por el interés general.

Nada importa que el hoy presidente de la Generalitat no se encuentre entre aquellos que cometieron las tropelías que ahora a todos nos toca pagar. Pero su obligación es afrontar la situación y explicárnosla a los ciudadanos en lugar de escudarse en la reiterada, cuando conviene, afirmación de que "las entidades son independientes para tomar sus propias decisiones". Tamaño embuste aquí y ahora no lo cree ni el más ingenuo de los valencianos.

Si es el presidente y no un mero correo de Madrid, como de forma creciente se comenta en el seno de su propio partido, debe tomar las decisiones ejecutivas para que los responsables asuman las consecuencias de lo que han hecho. Y todos se vayan a su casa ya. Y que los que puedan tener otro tipo de culpa, sean llevados a los tribunales.