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MADRID (EP). El representante de dos empresas que se encargaron de la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en 2006 ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que para hacerse con estos contratos pagó 88.000 euros en concepto de comisión al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, informaron fuentes jurídicas.

Así lo ha declarado Óscar Fragio, gestor de las compañías Apogee Telecomunicaciones y Wild Electronic Design, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga las presuntas irregularidades cometidas por la Radio Televisión Valenciana (RTVV) en la adjudicación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Fragio, que ha declarado como imputado, ha asegurado que el pago a Crespo se produjo en metálico durante un encuentro que ambos mantuvieron en Sevilla. También ha detallado que en un principio facturó 1.050.000 euros a la empresa Teconsa, que medió con la RTVV en la adjudicación de los contratos, para llevar a cabo la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo durante el evento.

En todo caso, ha explicado que como esta cantidad no era suficiente para ejecutar todas las tareas que tenía asignadas, como la contratación de personal de seguridad en las torres de sonido, facturó 1.083.000 euros más. Según las citadas fuentes, el imputado se ha comprometido a justificar documentalmente 800.000 euros de los más de dos millones que habrían costado los trabajos.

SE NIEGAN A DECLARAR

El juez también ha citado al presunto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa; al exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, y al líder de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', que se han acogido a su derecho a no declarar.

A su salida de la Audiencia Nacional Crespo ha asegurado desconocer "qué es Gürtel". "No tengo ni idea, no conozco qué es Gürtel. A mí si me habla de empresas, le puedo contestar, pero no sé que es Gürtel", ha declarado al ser preguntado a su salida del juzgado si la trama de corrupción ofreció sobornos al exdirector de la televisión pública valenciana Pedro García Gimeno para hacerse con estos contratos.

El exdirigente 'popular' se ha negado a contestar a las preguntas del magistrado y las partes personadas en la causa alegando que "todo el mundo sabe que se han violado" los derechos de los imputados. "Creemos que el procedimiento no es limpio y no lo es desde un principio y esa es la razón por la que me he acogido a mi derecho a no declarar", ha dicho.

El imputado, presunto número 2 de la trama Gürtel, también ha aprovechado la ocasión para considerar "absolutamente lamentable" que prosiga "el ensañamiento judicial y la prisión de Francisco Correa". "Es lo que les voy a decir cada vez que les vea", ha añadido.

TRASLADADO EN AMBULANCIA

Correa, por su parte, ha argumentado que la investigación está viciada debido a las escuchas en prisión con sus abogados que autorizó el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso, y por la cual el Tribunal Supremo le condenó en febrero pasado a 11 años de inhabilitación, apartándole de la carrera judicial.

El presunto cabecilla de la red Gürtel fue conducido en ambulancia desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) hasta la sede del tribunal después de que el juez instructor rechazara su petición de declarar por videoconferencia al alegar que se encuentra en una situación de estrés y ansiedad, según informaron fuentes jurídicas.

El recluso, que permanece en prisión provisional desde febrero de 2009 aunque podría eludirla si deposita una fianza de 600.000 euros, ha sido custodiado en la sala de forenses anexa a los calabozos y ha sido trasladado hasta el juzgado por las escaleras para no tener que utilizar un ascensor.

Su defensa había pedido al magistrado que le permitiera prestar testimonio desde la cárcel o bien desde los juzgados de Colmenar Viejo para así evitar la claustrofobia que, según dice, le provocan los furgones policiales en los que se suele efectuar el traslado.

A la vista de la solicitud, el juez Ruz ordenó la práctica de un informe forense que y sugirió que el traslado se realizara en ambulancia evitando que el preso permaneciera en instalaciones "tipo celda", a fin de eliminar la posibilidad de que pudiera sufrir un ataque de ansiedad provocado por un cuadro de claustrofobia.

"NO TENGO EDAD PARA CORRER"

'El Bigotes' también se ha negado a declarar ante el juez y ha preferido no hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban a la salida de la Audiencia Nacional. "Por favor, no tengo edad para correr", se ha limitado a señalar.

Este martes el juez instructor interrogará al exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno, acusado de recibir regalos a cambio de conceder la adjudicación, y a los también imputados Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Alvalon, y Ana María Martínez Penades.

A los siete se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.

"REITERADAS DÁDIVAS"

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas nuevas imputaciones, el exdirector general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas.

Por su "volumen" y el "número de irregularidades" detectadas el Ministerio Público destaca el acto del V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia del 7 al 9 de julio de 2006, que la televisión pública valenciana adjudicó a Teconsa por un importe de 7.493.600 euros.

Los trabajos consistieron en la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo aunque fueron subcontratados a las "empresas pantalla" Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.