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VALENCIA. Ni estaba en la agenda pública del Consell ni entre el paquete de medidas de recorte impuestas desde el Gobierno central a las comunidades autónomas. El Consell aprovechó este viernes la aprobación del plan de viabilidad que le exigía el gobierno, basado fundamentalmente en subidas de impuestos y tasas, para anunciar que prepara reforma que modificará sustancialmente la gestión de la sanidad pública.
"Hay que cambiar el sistema sanitario para hacerlos sostenible a largo plazo, para que sea universal, gratuito, de calidad y viable económicamente", insistió repetidamente el vicepresidente del Consell, José Císcar, durante la presentación de una reforma de gran calado a la que no asistió el conseller Luis Rosado y en la que le acompañó el conseller de Hacienda, José Manuel Vela.
La reforma, de la que se apuntaron las líneas maestras, abre en el fondo la espita de una privatización integral de la gestión sanitaria. Pese a que Císcar trató de dibujar un escenario en el que aparentemente sólo se actúa sobre servicios que ya están en manos de empresas privadas con el objetivo de unificar criterios, lo cierto es que el modelo que puso sobre la mesa el vicepresidente deja en manos de la Generalitat solo el pago a los médicos y la construcción de las infraestructuras.
Todos los servicios que se prestan desde que un paciente entra en una consulta del médico de cabecera hasta una posible intervención quirúrgica podrá externalizarse, y la gestión del día a día de todo el sistema sanitario valenciano estaría en manos de una empresa privada.
El inesperado anuncio del Consell difuminó el resto de medidas hechas públicas ayer correspondientes al 'último' -así se presentó- plan de ajuste encaminado a cumplir con el plan 'Montoro' para beneficiarse del préstamo para el pago a los proveedores.
SANIDAD
El cambio de modelo sanitario anunciado por Císcar se culminará en enero de 2013. "Es necesario, nuestro actual sistema no da más de sí", subrayó el vicepresidente. El también portavoz del Ejecutivo señaló que el Consell impulsaría la agrupación de los actuales servicios externalizados de los 18 departamentos de salud que controla la Generalitat para incrementar la eficiencia al aplicar la economía a escala. Así, se abría la puerta a dar una vuelta más de tuerca a la privatización de la gestión sanitaria a excepción, según puntualizó el vicepresidente, del personal sanitario y de las obras.
Los servicios externalizados son, entre otros, limpieza, logística, mantenimiento, cocina, lavandería y el transporte sanitario -excepto el SAMU-. También se incluyen, dentro de la llamada cartera suplementaria, la oxigenoterapia ambulatoria o las resonancias magnéticas. Según señaló Císcar, la agrupación de estas actividades bajo un gestor privado, reportaría 263 millones de euros al año más el cobro de un canon a la compañía de 180 millones de euros. En total, 443 millones de euros de beneficio para la sanidad valenciana. Dentro del plan de reequilibrio, el Consell sólo ha contabilizado el canon.
Císcar insistió en que este cambio de gestión no implicaría ningún cambio para el personal estatutario -funcionarios de carrera e interinos- que continuarían dependiendo "orgánica y funcionalmente" de la Agencia Valenciana de Salud. "Esto no es el modelo Alzira", recalcó. Sí reconoció que el gestor podrá introducir incentivos a los que "voluntariamente" el trabajador se puede adherir. En cambio, el personal laboral pasará a depender de la gestión privada.
Junto con Educación, Sanidad es la que mayor presupuesto absorbe de la Generalitat y, sin duda, es una de las áreas ‘estrella' a la hora de buscar margen de ajuste. El Gobierno valenciano ya presentó un paquete de medidas en enero de este año con las que se planteó un ahorro de 162 millones de euros.
Las medidas incluidas ayer se nutren del Real decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Entre estas iniciativas se incluyen el copago famacéutico según la renta, control del llamado turismo sanitario, la desfinanciación de grupos de medicamentos de bajo valor terapéutico, fomento de genéricos y creación de plataforma de compras entralizadas, entre otros. Este paquete de medidas implicará 224 millones de euros.
EDUCACIÓN
En este área, pese no sumar un montante total muy relevante, también se anunciaron cambios que levantarán ampollas dado que afectan al bolsillo de los estudiantes, al ratio de alumnos por clase y a las horas lectivas de los profesores.
Así, Císcar anunció el incremento del 20% del número máximo de alumnos por aula en todas las enseñanzas reguladas por la LOE. Por ejemplo, en bachiller, el tope pasará de 35 a 42 matriculados por clase. Un incremento del ratio que, insistió el portavoz, "no incide en el fracaso o éxito escolar" según diversos estudios.
También confirmó un ascenso de 20 horas lectivas del profesorado en enseñanza secundaria y de régimen especial y un ascenso de las tasas universitarias hasta cubrir el 20% del coste real de las enseñanzas. Entre los ejemplos del propio portavoz, un alumno de Medicina pasará de pagar unos 1.100 euros de matrícula a 1.400. Precisamente este será el incremento medio -300 euros- que deberán hacer frente los alumnos en sus matrículas.
El importe total dentro del plan diseñado por el Consell en Educación será de 69,6 millones de euros entre ahorro y tasas, computándose al Capítulo I (Personal) 29,6 millones.
TASAS E INGRESOS
Otro de los pilares establecidos en el plan de la Generalitat es el referido a tasas e ingresos. Según desglosó José Manuel Vela, las diferentes iniciativas en esta línea permitirán el ingreso de más de 1.000 millones de euros. Así, la recuperación del impuesto de patrimonio puede dejar en las arcas de la Generalitat 70,7 millones de euros en 2013. El céntimo sanitario de los carburantes, algo que ya se está aplicando, aportará 76 millones de euros anuales.
Se estima que el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados dejará 44 millones de euros anuales con el incremento del 7% al 8% de lo gravado.
También se ingresará por las tasas judiciales por actos administrativos, recursos y otros trámites. Una medida "disuasoria" según el Consell espera recaudar -con carácter finalista para la reinversión en modernización de la Justicia- cuatro millones de euros en 2012 y 13 de 2013 en adelante.
Según subrayó Vela, la Generalitat también ingresará en torno a 30 millones de euros en concepto de tasas medioambientales y cuenta con embolsarse 141 millones por la venta de inmuebles. Además, se espera un reintegro de 81 millones de euros por parte de altas instituciones en lo que se refiere a subvenciones de la Generalitat que no se aplicaron a la finalidad destinada originalmente.
Además, el conseller de Hacienda estimó un incremento de ingresos corrientes respecto a la liquidación del presupuesto de 2011 derivados del modelo de financiación de 2012 que fijó en 284 millones de euros.
En total, el documento denominado 'Planifica_GVA' implicará 1.223 millones de euros de ahorro por recortes y 1.036 millones por ingresos: en total, 2.260 millones de euros.
El siguiente paso, será defenderlo ante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el 8 o 9 de mayo. Será entonces cuando las regiones defiendan sus planes ante el Gobierno y el resto de las autonomías. El Estado deberá entonces dar luz verde o, en el peor de los casos, plantear una intervención. Alea jacta est.
Esto es una huida hacia adelante de políticos sin ideas ni capacidad. ¿Por qué no se privatizan las consellerias y se ponen por completo en manos de firmas consultoras como Garrigues y Price Waterhouse a las que tanto recurren los consellers incapaces, o en manos de empresarios de éxito? En su afán de privatizar, los consellers de este gobierno reconocen implícitamente su inutilidad. Así que se vayan a su casa y que nombren consellers a abogados y economistas de Garrigues, Cuatrecases, Price Waterhouse y demás despachos que han tenido y tienen en el PPCV un filón inagotable. Seguro que ellos sí que cobran puntualmente sus servicios, no como los proveedores. Estas firmas consultoras, ¡qué casualidad!, suelen dar cobijo a políticos retirados.
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