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Juan Manuel García Puchol

VALENCIA. A grandes males, grandes remedios. La Generalitat está negociado con distintas entidades financieras los créditos necesarios para reunir 46 millones de euros que inyectar al capital protector de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana.

Tras el acuerdo alcanzado el pasado 29 de marzo entre la SGR y el Gobierno valenciano, la Administración ha conseguido reunir los 14 millones comprometidos para el Fondo de Provisiones Técnicas (FPT) gracias a la renuncia del IVF a un crédito de 15 millones de euros destinado al 'Fondo social IVF para incrementar participaciones en SGR de la Comunitat Valenciana', previsto en los Presupuestos de 2012.

Con esta inyección de 60 millones de euros, la entidad conseguiría cumplir con los requisitos exigidos por el Banco de España para continuar con su actividad y evitar la quiebra. Con la distribución accionarial actual bastaría con 36 millones de euros para poner a salvo a la SGR, según su director general, Juan Manuel García Puchol, pero la Generalitat ha preferido elevar su participación hasta los niveles que mantienen otras administraciones en el resto de las sociedades de garantía recíproca españolas.

NUEVA ESTRUCTURA DE CAPITAL

Actualmente, la Administración valenciana cuenta con un 11% del capital social, mientras que las entidades de crédito suman un 6% y el resto de socios protectores (patronales provinciales y asociaciones empresariales) un 2%. De este modo, el capital protector (cuyas entidades no pueden beneficiarse de los avales) significa un 19% del total, mientras que los beneficiarios de los avales participan con un 81%.

El presidente de la entidad, José Roca, ha reconocido contactos informales con el vicepresidente de Bankia, Francisco Pons, y con el consejero delegado, Francisco Verdú, para elevar la participación de Bancaja a los niveles de Caja Madrid en Avalmadrid, donde la caja madrileña está presente en casi un 50% del capital protector. Las reuniones se habrían limitado a unas conversaciones iniciales entre Roca, Pons y Verdú y la SGR no habría entrado formalmente en contacto con la entidad para concretar esta posibilidad.

A partir de la junta general del próximo lunes, en la que no se descarta la presencia del conseller de Economía, Máximo Buch, la Generalitat pasará a contar con el 40% del capital (57 millones de euros), mientras que las entidades de crédito bajaría su porcentaje al 4% y el resto de protectores al 1%, por efecto de la ampliación de capital.

De este modo, el capital protector pasa a representar un 45% del total, en la media del resto de las sociedades de garantía recíprocas españolas. Como efecto de estos cambios, el coeficiente de solvencia de la entidad alcanzaría el 10%, superando el límite legal del 8%.

"Accionarialmente, seremos la entidad financiera autóctona de la Comunitat Valenciana", ha concluido García Puchol, después de referirse a la intervención de la CAM y el Banco de Valencia y la integración de Bancaja en Bankia.

55 MILLONES EN PÉRDIDAS

La SGR cerró 2011 con unas pérdidas de 55 millones de euros, frente a los 2 millones registrados en 2010. Los avales concedidos habrían alcanzado los 263 millones; los avales formalizados acumulados, 6.457 millones y el riego vivo, 1.222 millones. El margen de explotación se situaría en 11,9 millones de euros y se habría destinado 67 millones a dotaciones.

Respecto este último aspecto, 36 millones se habría destinado a dotaciones objetivas por la morosidad de la entidad y 31 millones por "motivos subjetivos como el deterioro de la entidad o las pérdidas continuadas", ha asegurado García Puchol. De hecho, sin la aplicación de los cambios legales que han forzado estas provisiones, "la SGR seguiría en beneficios", ha asegurado.

El director general ha insistido en que en ningún momento se ha planteado la disolución: "han sido cosas de los abogados en la redacción de los documentos". Y ha quitado importancia a las dotaciones al asegurar que en dos años, "en la medida en que la entidad se vaya recuperando, estas cantidades se irán incorporando a los resultados".

Igualmente, los responsables de la entidad han negado que se destinara avales a la compra de suelo, aunque sí a avales técnicos para algún tipo de permuta sobre ellos. Además, ha indicado que de la tasa de morosidad del 9,8% únicamente se debe al negocio inmobiliario en un 22%.

DIMISIONES SIN RESPONSABILIDADES

Con estas cifras, el consejo de administración presentará la dimisión en pleno el próximo lunes, como han confirmado su presidente, José Roca, y el director general, Juan Manuel García Puchol. Ambos han defendido que la medida se toma por haber llegado al fin de una etapa y no por presiones de la Generalitat o del Banco de España.

Sobre las responsabilidades del equipo en los resultados, el director general las niega con vehemencia y atribuye la situación a los cambios normativos y a la reestructuración bancaria, que ha impedido que las entidades incrementaran también su participación.

Después de 30 años en el cargo y próximo a la jubilación, García Puchol asegura marcharse después de alcanzar un éxito: la ampliación de capital y el incremento de participación de la Generalitat en la entidad. Por su parte, Roca ha reconocido haber puesto su cargo a disposición del consejo y del presidente de la Generalitat cuando estalló la crisis y nadie le ha pedido que lo deje.

El nuevo consejo quedará reducido en un 50%, pasado de los 37 miembros actuales (uno por cada entidad protectora) a 15 o 18, permitiendo la desaparición de la comisión ejecutiva, creada hace años para agilizar la toma de decisiones. Las indicaciones de Banco de España no habría tenido nada que ver con esta reestructuración, según los actuales gestores.

Sobre el nuevo presiente, Roca ha asegurado que se sigue negociado y que no tiene porqué ser un miembro del actual consejo. "Hasta el día 30 hay tiempo para resolverlo". García Puchol añadió que el nueva dirección se conocerá al cabo de unos días "para cumplir con los plazos legales". "Aunque no está prohibido que se elija ese día", comentó Roca.