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VALENCIA (EP). El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha asegurado este lunes que la Generalitat reducirá en un 40 o 50 por ciento la plantilla del sector público empresarial. No obstante, ha matizado que no todo serán despidos, sino que también habrá privatizaciones de entes que actualmente son públicos.
Císcar se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, preguntado por esta cuestión, tras reunirse con los grupos parlamentarios para darles a conocer el anteproyecto de ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV).
El vicepresidente ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Alberto Fabra trabaja en un modelo de nueva administración y ha recordado que se pasará de 46 empresas, entidades de servicio público y fundaciones a seis entes. "El sector público tiene que ser mucho más pequeño que el actual, porque el actual es insostenible", ha subrayado.
El también portavoz del Gobierno valenciano ha destacado que la reducción del sector público empresarial "se puede cifrar entre un 40 y un 50 por ciento", pero ha matizado que "eso no significa que todo sea a través de ERE; se pueden privatizar empresas públicas". Al respecto, ha explicado que "en el momento en que se privatiza una empresa pública, esos puestos de trabajo pasan a la empresa privada".
"Tenemos que hacer ese esfuerzo, puede ser duro y doloroso, pero no nos queda mas remedio", ha destacado José Císcar, quien ha incidido en que desde el Consell deben "garantizar la sostenibilidad de la administración".
Por lo que no hace referencia al sector público empresarial, ha remarcado que el Gobierno valenciano "ya dejó patente su voluntad" el pasado mes de enero cuando aprobó una serie de medidas y "priorizó mantener los puestos de trabajo".
Preguntado por las informaciones que apuntan a que podrían existir presiones por parte de dirigentes del PP para evitar que se despida a familiares, el conseller lo ha negado. "El Gobierno valenciano no está recibiendo ningún tipo de presión para evitar ningún tipo de despido", ha respondido.
De hecho, ha asegurado que "todos estos procesos van a ser absolutamente objetivos y absolutamente transparente, atendiendo a las necesidades de cada empresa pública, de cada ente de derecho publico y pensando en la viabilidad, en nada más".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Antonio Torres, preguntado por el ajuste de personal en las empresas públicas, ha señalado que "hay parte del sector público que es improductivo, que no realiza ninguna función y que, en muchos casos, ha servido única y exclusivamente para propaganda del propio gobierno". En esta línea, considera que "antes de meter mano en los sectores que son más productivos, habría que eliminar todo lo superfluo".
"NO DEBEN PAGAR JUSTOS POR PECADORES"
También se ha referido a esta cuestión el síndic de Compromís, Enric Morera, quien ha hecho hincapié en que "no deben pagar justos por pecadores". A su juicio, "en el sector público hay mucha gente que ha entrado por un simple enchufe, por una simple entrevista", pero considera que también hay "muchos profesionales que han entrado por un proceso de selección a través de unas pruebas, unos concursos y unos trabajos y que se han ganado la plaza".
Enric Morera ha asegurado que "hay mucha gente que no está haciendo un trabajo profesional, sino simplemente de delegado del PP". "Esos, evidentemente, no pueden tener garantizada la plaza", ha manifestado.
Lo que pretende el Gobierno Valenciano es muy dificil que salga adelante. SDeguro que las familias del PP valenciano están presionando al Consell para salvar a los suyos del ERE, anunciado, que afectará a 5.000 empleados públicos, un 40 o 50% de la plantilla. En los últimos diez años el PP ha engrosado la Administración autonómica con afiliados que correspondían a esa seguridad laboral que se le brindaba con una fidelidad absoluta al partido. La norma en la Generaliltat valenciana ha sido contratar no teniendo en cuenta la validez o competencia profesional del candidato sino su vínculo con el partido o con los cargos populares.. Ahora las presiones no deben faltar.para impedir que los allegados estén en la larga lista que tendrá que salir de la Administración. Las llamadas telefonicas de recomendacion vuelan. El tiempo dira si Fabra lo logra. Pero hay muchos intereses creados.
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