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VALENCIA. Frente al 'estado absolutista' en donde los privilegiados estaban por encima de la ley, el Estado de Derecho se caracteriza porque sus gobernantes, en sus diferentes niveles, aceptan y respetan el derecho vigente, una de cuyas piezas cruciales en la sociedad que vivimos es el cumplimiento de los contratos libremente acordados en el tiempo y forma pactados.

Los más de 4.000 millones de deuda a proveedores que la Generalitat Valenciana ha presentado al plan de liquidez del Gobierno, con más de 10.000 afectados, son sin duda, el importe de una ingente deuda mil veces falsamente saldada a través de sucesivas anuncios incumplidos de quienes siguen ocupando puesto de responsabilidad en la gestión de los asuntos de todos.

Pero representan también, sobre todo, la quiebra del principio de que los gobernantes autonómicos en la España actual, y de forma muy especial, los de la Comunitat Valenciana, se encuentran sometidos a las normas del derecho que en muchos casos ellos mismos han legislado.

Cabe preguntarse seriamente por la gestión que de los fondos públicos han realizado los ocupantes de la Generalitat durante los últimos años, así como por la falta de explicaciones acerca de estos impagos por parte de su actual ocupante, el president Alberto Fabra, miembro notable y ahora además líder y portavoz de la misma estructura partidaria que ha sostenido durante legislaturas completas a gobernantes derrochadores e irresponsables, causantes de la ruina actual de la Administración valenciana, así como de la de muchos empresarios a quienes ha conducido al cierre por sus incumplimientos. Sólo la intervención del Gobierno está impidiendo la suspensión de pagos total de una Generalitat incapaz de resolver sus propios impagos.

Todo ello a costa en exclusiva del contribuyente y del desprestigio de la actividad pública. Porque a fecha de hoy, quienes han provocado la angustiosa situación en la que se encuentran los acreedores no han sufrido penalización alguna. Como no la han sufrido la inmensa mayoría de la ya larga lista de imputados en los diferentes casos de corrupción o si se prefiere ser más moderado de uso imprudente de fondos públicos. Unos y otros son los que han consolidado la "excepción valenciana" de la cual es fruto el que en el resto de España se esté consolidando la expresión "valencianizar" una situación para aludir a irregularidades, banalidades, falta de seriedad e incumplimientos de todo tipo.

Esta actuación irresponsable de la Generalitat, en un contexto de discriminación taxativa en la financiación autonómica, tiene implicaciones descomunales para el futuro de los servicios públicos a recibir por los valencianos que hoy sólo se pueden entrever. Obligados a un estricta y uniforme política de recortes en los gastos por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando los ingresos son muy inferiores a la media de las CCAA españolas, la contrapartida del pago de los 4.069 millones de deuda es un ataque demoledor, y de nuevo discriminatorio, al bienestar de los valencianos. Que ante esta situación, que compagina el impago a proveedores y la destrucción del Estado del Bienestar, Alberto Fabra calle para contentar a Génova demuestra que las palabras de ilusión que acompañaron su nombramiento se están diluyendo a pasos agigantados.