Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• PSPV, Compromís y Podemos presentan la proposición de ley para recuperar RTVV 
• El Gobierno manchego recurrirá el nuevo trasvase del Tajo al Segura
• Montiel (Podemos), con 67.500 euros, el portavoz con más retribuciones en 2014

VALENCIA. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha preparado el terreno esta semana para recuperar el impuesto de patrimonio, un gravamen que el Ejecutivo valenciano rechazó aplicar y que fue criticado ampliamente por el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza.

Sin embargo, la crítica situación económica ha conducido al jefe del Consell a replantearse su activación de cara a 2013, lo que implicaría unos ingresos adicionales de unos 75 millones de euros para la Administración valenciana. Una medida que afectará a los grandes patrimonios de la Comunitat, entre los que se encuentran varios políticos y un buen número de empresarios.

Las grandes fortunas valencianas también deberán aportar a buen seguro un ‘pico' al impuesto de patrimonio de ser implantado en la Comunitat Valenciana como ha insinuado Fabra. Cabe recordar que entre las cien mayores fortunas de España se encuentran valencianos como Bautista Soler, Francisco Serratosa, Enrique Bañuelos, Agnès Noguera, los hermanos Juan y Fernando Roig, Vicente Boluda y Silvestre Segarra.

En cuanto a políticos, destacan casos como el del concejal y también el empresario Manuel Palma y, en menor medida, el presidente de Les Corts, Juan Cotino, la alcaldesa de Carlet, María Ángeles Crespo o el exconseller Mario Flores.

¿A QUIÉN AFECTA? EL MÍNIMO DE 700.000 EUROS MÁS 300.000 DE LA VIVIENDA

El impuesto de patrimonio, que Rodríguez Zapatero fulminó en 2008, fue recuperado por él mismo a finales de 2011 con algunas variaciones y una vigencia de dos años. Entre los retoques, se elevaba la exención de tributación al patrimonio que no alcanzara los 700.000 euros netos. Se descontará a la base imponible la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros.

No obstante, cada comunidad autónoma puede regular de manera independiente la exención plena o la alteración a partir de los límites establecidos en la ley siempre de manera favorable al contribuyente. De hecho, en diciembre de 2011 los votos a favor del PP en Les Corts permitieron bonificar el cien por cien del citado impuesto, lo que fue defendido a bombo y platillo por el grupo ‘popular' por suponer un ahorro de unos 75 millones de euros para 18.550 valencianos.

En términos generales, en la base imponible de esta carga fiscal se incluyen bienes inmuebles, depósitos en cuenta corriente o de ahorro, títulos de deuda pública, renta fija o pagarés cotizados en cualquier mercado, participaciones en empresas no cotizadas y en sociedades cotizadas, incluyendo las Sicav (aunque existen excepciones), seguros de vida y rentas temporales o vitalicias, objetos de arte y antigüedades, joyas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, y actividades empresariales y contables.

Este gravamen viene marcado por un tipo impositivo que crece en función del incremento de la base liquidable. Eso sí, hay que restar a ella el mínimo exento (700.000 euros) y la vivienda habitual (hasta 300.000 euros).

Si un contribuyente tiene una base imponible de un millón de euros (sin contar la vivienda) habrá que restarle los 700.000 euros, con lo que quedaría una base liquidable de 300.000 y debería abonar 733 euros. Si, como vemos en la tabla, tuviera una base liquidable de 334.252 euros, pagaría una cuota de 835 euros. Una persona que ostente una base imponible de 10,6 millones de euros, pagará una cuota de 183.670 euros.

No obstante, existe un límite en el pago de esta tasa. La suma de la cuota íntegra del impuesto de patrimonio y la cuota de la base imponible general del impuesto sobre la renta del ejercicio no podrán exceder el 60% de la base imponible general del IRPF. De esta manera, se impide que un contribuyente que refleje ingresos leves en el IRPF pero disponga de un amplio patrimonio deba pagar más impuestos que dinero ha ingresado en el ejercicio.

GRANDES FORTUNAS VALENCIANAS

Este impuesto, según el propio Zapatero indicó en su día, iba dirigido a recabar la aportación de grandes fortunas. Diversos empresarios valencianos se encuentran entre los 100 con mayor patrimonio de España. Así, Juan Roig, según datos del año pasado de la revista Forbes, se encuentra en el quinto lugar de las fortunas nacionales, estimada en 2.900 millones de dólares. También se sitúa en puestos importantes el promotor inmobiliario y fundador de Astroc Enrique Bañuelos, ahora con negocios en Brasil.

También según datos del pasado año publicados por El Mundo, otros de los destacados son Fernando Roig (con una fortuna de 1.000 millones de euros) y Vicente Boluda (800 millones de euros). A Bautista Soler se le atribuía entonces un total de 792 millones de euros, a Francisco Serratosa casi 600 millones de euros y a Silvestre Segarra, 450. La primera mujer de la lista era Agnès Noguera, a la que se le atribuía una fortuna de 240 millones de euros.

POLÍTICOS  SUSCEPTIBLES DE ‘SUFRIR' EL IMPUESTO

Los políticos valencianos que ostentan cargos como diputado en Les Corts o concejal en un ayuntamiento están obligados a relevar su patrimonio. Varios de ellos son los que en los últimos informes presentados superan la cantidad mínima de 700.000 euros y se verán posiblemente afectados por la decisión de Fabra el próximo año, si es que finalmente se decide a recuperar la carga fiscal.

El caso más llamativo entre los políticos valencianos es el de Manuel Palma, empresario y edil de Hacienda en el Ayuntamiento de Paterna. Según se hizo público el pasado mes de febrero, Palma posee un patrimonio de 67 millones de euros, la mayoría en fondos de inversión. El concejal aceptó la propuesta del alcalde, Lorenzo Agustí, para incorporarse al equipo de gobierno pero sin cobrar del consistorio.

El presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, fue el pasado mes de junio de 2011 el que declaró un patrimonio más amplio en la cámara: 1,9 millones de euros, curiosamente en bienes no inmuebles. Una cuenta corriente, obligaciones de Bancaja, acciones del Banco de Valencia, obligaciones de la Generalitat, planes de ahorro y un seguro de vida.

El exconseller de Infraestructuras, ahora diputado nacional, Mario Flores, también superaba el mínimo de 700.000 euros con un patrimonio de 1,3 millones de euros. Cuentas bancarias, dos motocicletas, títulos de valores, fondos de inversión, seguros de vida, plan de pensiones, una vivienda en Alicante y participación en otras dos. Al igual que Cotino, no refleja deudas.

La alcaldesa de Carlet y exsenadora, María Ángeles Crespo, también dispone de un patrimonio contundente de 1,2 millones de euros, entre cuentas corrientes y otros activos financieros.

El vicepresidente de la cámara, Alejandro Font de Mora, es otro de los que tal vez deba rascarse el bolsillo en el futuro para abonar el impuesto de patrimonio. El exconseller posee un patrimonio de cerca de un millón de euros, la mayoría en bienes inmuebles con un valor catastral de casi 870.000 euros. En similares cifras se sitúa Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, que el pasado año declaraba bienes por más de 970.000 euros aunque sin ningún inmueble.

Entre los concejales de Valencia, destaca el patrimonio de Vicent Aleixandre, cuyos bienes se cifran en torno a un millón de euros, casi 700.000 de ellos en inmuebles. La crisis, no obstante, afecta a todos: el edil declaró el pasado ejercicio un patrimonio de 2,2 millones de euros. Pese a su caída, todavía estaría dentro de los que, a priori, deberían aportar una cuota del impuesto de patrimonio. Por encima de él se encuentran incluso la concejal Mayrén Beneyto (1,6 millones de euros) y Alfonso Grau (1,4 millones).

Otro de los que entraría en el destacado club con patrimonio susceptible de ser gravado sería el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Aunque su caso, a la espera de un juicio por diversos delitos, es especial: a principios de 2011 declaró un patrimonio de 3,9 millones de euros y 1,7 millones de pasivo. En julio, su patrimonio había caído 1,5 millones, hasta situarse en 2,4.