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VALENCIA (X. AGUAR / J. CLEMENTE). Desde que José Luis Rodríguez Zapatero pisó La Moncloa en 2004, el PP valenciano construyó una dura labor de oposición presentando al Gobierno Central como eje 'diabólico' que zancadilleaba el progreso de la Comunitat Valenciana. La estrategia, al margen de que algunas de las exigencias fueran procedentes, surtió el efecto deseado de desgaste en la oposición socialista autonómica.
No obstante, tras casi cuatro meses de gobierno de Mariano Rajoy, aquellas demandas vociferadas y reproducidas por dirigentes 'populares' valencianos, han pasado a ser un mero susurro que no alcanza a escucharse desde Madrid. De hecho, el PP valenciano, a través de Les Corts, ha ralentizado la reivindicación en el Congreso de los Diputados de la reforma estatutaria que implicaría, de ser aplicada, 500 millones de euros más de inversión real para la Comunitat Valenciana.
La crisis económica arrecia, es cierto. De la misma manera que se dejaba notar meses atrás cuando Zapatero era presidente del Gobierno y era primordial la exigencia de una financiación justa, de la deuda histórica, de la prioridad del Corredor Mediterráneo o del trasvase del Ebro -cada vez más lejano-.
Igualmente, Zapatero afrontó recortes que en su momento fueron "injustos" y que ahora son "obligados". Ya lo aseguró días atrás la portavoz adjunta en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, al referirse a los presupuestos aprobados por Rajoy: "No es el momento de mirarnos el ombligo", sentenció, ante unas cuentas que destinan 1.008 millones de euros a inversiones reales en la Comunitat, un 34% menos que en 2011.
Lejos de abordarse el cambio en el modelo de financiación demandado durante años desde el Consell y el PPCV, ayer volvió a retrasarse el debate en el Congreso de los Diputados sobre la reforma del Estatut, que reivindicaba blindar por seis años la inversión real en función de la población, un punto redactado de forma similar al estatuto andaluz que, no obstante, tampoco ha servido para que los presupuestos elaborados por Rajoy hayan contemplado las inversiones que correspondían estatutariamente a Andalucía.
Así, los PGE de 2012 suscriben una inversión real para la Comunitat del 7,9% del total. De haberse aplicado la reforma estatutaria con el criterio de población solicitado -aprobado en Les Corts con los votos a favor de todos los grupos excepto EU, que se abstuvo-, la Comunitat podría haber reclamado cerca de un 12% en inversión. O lo que es lo mismo, en torno a 500 millones de euros.
Este aplazamiento -es el segundo- ha sido propiciado por el presidente de Les Corts, Juan Cotino, excusado en que la delegación de diputados que deben defender la iniciativa no ha sido elegida, pese a que el grupo parlamentario socialista instó a ello meses atrás. Como protesta, los parlamentarios valencianos del grupo socialista en el Congreso, abandonaron ayer la cámara durante unos minutos para mostrar su rechazo ante el retraso propiciado por el PPCV. "Hemos abandonado el escaño para denunciar algo que nos parece una vergüenza", subrayó a Valenciaplaza.com el diputado y secretario general del PSPV, Ximo Puig.
Por su parte, el portavoz del grupo ‘popular', Rafael Blasco, insistía ayer en que el retraso se debe a "la crisis del PSPV" que, tras la dimisión de Jorge Alarte, tiene como portavoz -a priori provisional- a Cristina Moreno. Eso sí, el síndic del PP aseguraba que el debate no iba a paralizarse "a pesar de que la crisis económica es un elemento a tener en cuenta". De momento, como pronto hasta mayo no volverá a replantearse la cuestión.
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO Y LOS TRASVASES
También ha generado dudas Mariano Rajoy en la confección de las partidas destinadas a la ejecución de infraestructuras. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se refleja un descenso de las inversiones en este área de un 23,8% en la Comunitat por parte del Ministerio de Fomento, pasando de 1.043 millones de euros a 795,4.
Según fuentes de la Generalitat, 322 millones irán destinados a potenciar el Corredor Mediterráneo si bien aparece como prioridad "las obras de los tramos de la línea de alta velocidad a Alicante" con el objetivo de que llegue a la ciudad a principios de 2013, entre otras obras que no atañen al transporte de mercancías, algo que ha dejado fríos a colectivos empresariales y al lobby Ferrmed, uno de los principales impulsores del Corredor.
"Entendemos que destinan mucho a los corredores del norte en vez de asignar más fondos al tercer carril. Consideramos que invertir tanto en alta velocidad y en unos corredores que van a tener rentabilidad tan escasa es un error", señaló a este diario Joan Amorós, secretario general de Ferrmed, tras conocer los presupuestos.
Pese a la prioridad señalada por la Unión Europea respecto al Corredor Mediterráneo, cabe recordar que las luchas internas con otras autonomías gobernadas por el PP que reivindican el eje ferroviario central, han llevado incluso a titubeos en Bruselas de la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, que llegó a votar en contra de la prioridad del Corredor Mediterráneo al no ser incluido el Eje Central.
En cuanto a otras infraestructuras que han sido reivindicación histórica del PP valenciano, como el trasvase del Ebro, tampoco aparece mencionada en los presupuestos de Mariano Rajoy. El Plan Hidrológico Nacional, tendrá una dotación de 1.449 millones de euros, aunque no se atisba ni rastro del que fuera caballo de batalla de los ‘populares' valencianos durante lustros.
Más problemas amenazan con llegarle al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a través del agua y los trasvases. La oposición socialista de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha con Emiliano-García Page, secretario general del PSOE y alcalde de Toledo, al frente, aseguraba ayer que no "permitiría que el único trasvase de España fuera el Tajo-Segura". Toda una declaración estratégica del líder socialista manchego que forzará a De Cospedal a posicionarse contra la transferencia hídrica y, por tanto, frente a los intereses valencianos. Otro reto para Alberto Fabra y el PPCV.
ESPERANZA AGUIRRE PIDE DEVOLVER LAS COMPETENCIAS
El pasado lunes, Rajoy se reunía con sus ministros para anunciar un recorte de 10.000 millones de euros -sumado a los 27.300 millones iniciales- en materia de Sanidad (7.000) y Educación (3.000). Un ajuste que atañe a áreas cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Esperanza Aguirre pidió ayer directamente a Mariano Rajoy que abriera la puerta a la devolución de las competencias en sanidad, educación y justicia, algo que en su día ya sugirió el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.
Este nuevo paquete de medidas obedece a la preocupación que hay en el Gobierno estos últimos días tras la subida de la prima de riesgo -ha superado los 400 puntos básicos-, el desplome de la Bolsa y las críticas que ha recibido el proyecto de Presupuestos desde distintas instituciones.
Con estas nuevas reformas, el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es que los mercados reaccionen positivamente después de las caídas de los últimos días. De hecho, el IBEX cerró el pasado miércoles su peor semana del año. Un ciclo bursátil negativo que evidencia el escepticismo de los mercados en el actual presidente del Gobierno, quien esgrimió durante la campaña electoral su capacidad para devolver "la confianza".
Un hecho que contrasta con la 'huida' ayer del presidente del Gobierno de los medios de comunicación en el Senado, evitando hacer declaraciones al respecto de la situación económica de España. Mientras, habrá que esperar si el Consell de Fabra y el PP valenciano mantiene una postura de disciplina absoluta ante Moncloa y Génova o, por el contrario, elevan la voz para recordar las reivindicaciones que tan vehemente se proclamaron no tanto tiempo atrás.
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