Pedirá al Gobierno la supresión del impuesto de matriculación para reactivar las ventas

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Manuel Palma

VALENCIA (F.C.). La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles (Faconauto) espera un segundo semestre del año "catastrófico" para el sector. Manuel Palma, representante de Faconauto en la Comunidad Valenciana, advierte de que el final de las ayudas del Plan Prever, la subida del IVA y la desconfianza del consumidor (agravada por las últimas medidas económicas del Gobierno en relación a la situación de los funcionarios) se traducirán en un retroceso de entre el 20% y el 30% en ventas respecto al segundo semestre de 2009, lo que podría llevar al cierre de en torno al 10% de los puntos de venta en toda España.

Esta caída en actividad se traduciría en la pérdida de unos 20.000 empleos directos, un 12% del total del sector, a los que habría que sumar la destrucción de puestos indirectos. "Lógicamente los fabricantes de automóviles y de componentes para esta industria se verán también perjudicados por el parón en ventas", advierte Palma, que preside el grupo de concesionarios con mayor volumen de ventas de toda España.

La federación estima que desde 2007 los ajustes en el sector han costado ya un 25% de los empleos y de reducción en metros cuadrados de los concesionarios. "El siguiente paso supone  el cierre de establecimientos, que ya se está produciendo. El crecimiento en ventas en el primer semestre del año ha sido sólo un espejismo provocado por las ayudas de la administración, pero la realidad es que el sector lo está pasando muy mal", afirma Palma.

En este contexto, los dirigentes de Faconauto pedirán en los próximos días de forma oficial ante el Ministerio de Industria dos medidas que consideran básicas para suavizar el impacto de la crisis en el sector: la supresión del impuesto de matriculación y el bloqueo de los vehículos que no hayan superado la ITV. Palma considera que con estas dos actuaciones "por un lado se igualaría el trato fiscal del automóvil con el del resto de sectores de bienes de consumo y con el que existe el resto de países europeos y, por otro, se obligaría a los dueños de los coches que no están en condiciones para circular a repararlos o a invertir en otro vehículo".

Palma estima que la supresión del impuesto de matriculación supondría un ajuste a la baja en los precios al cliente final, que tendría mejores condiciones de acceso que con las ayudas del Plan Prever. "En 2009, el importe total del impuesto de matriculación superó en tres veces al de las ayudas del Gobierno a la compra de vehículo. Preferimos pedir su supresión que pedir la ampliación de las ayudas. Además, quedaríamos en las mismas condiciones que el resto de sectores de consumo, con los mismos impuestos y las mismas subvenciones", dice.

En cuanto al bloqueo de vehículos, Faconauto estima que al menos tres millones de los veinte millones de automóviles que conforman el parque español no reúnen las condiciones necesarias para superar la ITV y suponen "un peligro para la seguridad de todos los conductores. Ya pedimos su paralización de forma informal hace un año y medio al Ministerio de Industria, pero no hemos conseguido resultados en la práctica, así que vamos a pedirlo de manera formal". Esta medida requeriría del cruce de datos entre la Dirección General de Tráfico y las compañías encargadas de la ITV.

DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN

La federación reclama también el pago de las ayudas del Plan Prever adelantadas por los concesionarios y que aún no han sido cubiertas por la administración central y las autonómicas. En el caso de la Comunidad Valenciana, donde esta deuda alcanzó los 8,1 millones de euros, el importe pendiente es actualmente de unos tres millones. Palma detalla que, de ellos, dos millones están reconocidos, pero no así el tercer millón de euros, que corresponde a operaciones cerradas en el periodo transcurrido entre que se acabaron los fondos para el plan y esta situación se comunicó a los concesionarios. "Hubo retrasos en la comunicación del agotamiento de los fondos por parte de la administración y entendemos que las consecuencias las deben asumir los organismos responsables", apunta Palma.