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MADRID (EP). El Banco de España se prepara para dar el pistoletazo de salida a la subasta del Banco de Valencia con el telón de fondo de los limitados recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cuenta con menos de 2.000 millones de euros y podría quedarse a cero tras la adjudicación, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

El proceso de venta del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España el pasado mes de noviembre debido a sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de aportarle capital, arranca después de lo esperado por el sector financiero.

Diversos responsables de entidades esperaban recibir el cuaderno de venta del Banco de Valencia a partir del pasado 21 de febrero, tras la adjudicación de Unnim a BBVA, pero ahora ven probable que el proceso no empiece hasta la próxima semana o incluso después de la festividad de Semana Santa.

Está previsto que el eventual comprador del Banco de Valencia se beneficie de ayudas contra pérdidas futuras a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA) que se nutra de las aportaciones privadas que las entidades realizan al FGD, a imagen de los articulados para Sabadell por la adquisición de la CAM o para el banco presidido por Francisco González para comprar Unnim.

En el sector financiero se da por descontado que los recursos efectivos del FGD se agotarán con la adjudicación del Banco de Valencia, y se apunta a que aún está pendiente la de Catalunya Caixa y de Novacaixagalicia en caso de que no encuentren inversores privados para cubrir las necesidades de capital que provocaron la entrada de fondos estatales en su accionariado.

En este escenario, el Gobierno ha sugerido a las entidades financieras la posibilidad de que se les exija una derrama o el incremento de las aportaciones efectivas que se realizan al fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero, lo que ha soliviantado a las entidades, sobre todo a las de mayor tamaño, que destinan más recursos.

En la actualidad, el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, tal y como ha establecido por norma el Gobierno.

Asimismo, también se puede acordar un adelanto de las cuotas anuales al FGD. En el caso del Banco Santander, el aumento de la dotación aprobada en 2011 supone un coste adicional de 170 millones de euros y su aportación al FGD para el año en curso rondará los 240 millones.

El objetivo fundacional de este fondo es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el Ejecutivo amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reordenación del sistema financiero español en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.

Fuentes financieras consultadas por Europa Press apuntan a la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, realice un préstamo público al FGD para que las entidades lo devuelvan posteriormente a un tipo de interés de mercado para evitar que se considere ayuda de Estado.

El FROB cuenta con fondos disponibles de 22.945 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una linea de crédito sindicado (3.000 millones), mientras que ha comprometido recursos por unos 20.000 millones. Su capacidad de endeudamiento se mantiene hasta 90.000 millones de euros.

Por otro lado, las recientes ayudas concedidas por el FROB a Unicaja para su fusión con Caja Duero España a través de la suscripción de bonos contingentes convertibles por 475 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, han provocado que en el sector financiero prendiera la idea de que la absorción de entidades débiles puede conllevar respaldo público.

El uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, mientras que sus colocaciones de deuda sí engordan la deuda del Estado.