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MADRID. El pasado mes de febrero, el presidente de la patronal española CEOE, Juan Rosell, afirmó que ya era hora de abrir el debate para plantear una amnistía fiscal a las empresas con el fin de paliar el problema financiero que tienen, derivado de la crisis económica. Rosell calificó la actual coyuntura de "situación de emergencia" e insistió en olvidar viejos tabúes. Asimismo, recordó que en Italia  han hecho "4 ó 5 escudettos (amnistías) fiscales" con éxito y que en Francia están aplicando la llamada "libreta azul" con la que se intenta recuperar el dinero negro.

La patronal catalana Cecot ha insistido hace poco en lo mismo y se ha sumado a la corriente en favor de medidas tributarias de gracia para que vuelvan a España capitales y patrimonios que en su día se fueron. Dicen que los fondos que escapan al control de Hacienda podrían alcanzar los 50.000 millones de euros aunque hay otros estudios que les elevan hasta los 100.000 millones. Cecot añadió que en España no se toman medidas de esta naturaleza desde 1991: sólo las ha aplicado el PSOE bajo los ministros Boyer y Solchaga, y reconoce la dificultad de tomar una medida de esas características por su componente moral pero apela al pragmatismo ante la grave situación de crisis. 

De hecho, recordó que la OCDE, que agrupa a los países más industrializados del mundo "recomienda que las medidas de cerco a los paraísos fiscales se complementen con incentivos a la regularización fiscal por parte de los contribuyentes con patrimonios no declarados", algo que han realizado de distintas formas la mayor parte de gobiernos europeos en los últimos años.

SEMANA PARA OLVIDAR

La semana que termina ha sido otra vez horrible en lo económico, con la Bolsa desplomándose y la prima de riesgo otra vez disparada al alza, debido a los informes cada vez más dramáticos sobre nuestra economía. Citigroup dijo que el PIB español se contraerá un 2,7% en 2012 y un 1,2% en 2013 y Merrill Lynch revisó también a la baja sus previsiones y prevé una caída de nuestro PIB del 1,5% este año y que se mantenga así al menos hasta el 2015.

Pasadas las elecciones andaluzas de hoy nos enfrentaremos a un Presupuesto muy restrictivo de recortes y más recortes donde la palabra inversión brilla por su ausencia. El Gobierno necesita más ingresos para cumplir sus compromisos e incluso para intentar dinamizar una economía que se estanca a toda velocidad.

Por ello empieza a darse el caldo de cultivo para hablar otra vez de una regularización fiscal en la mayor parte de los cenáculos económicos, como una de las últimas medidas qué se puede tomar para obtener ingresos extraordinarios, si bien la medida es impopular y a menos que se aderece convenientemente no parece muy probable que el nuevo Gobierno se atreva a tomarla.

YA LA ESTUDIÓ ZAPATERO

Recordemos un episodio de mediados de 2010 cuando se filtró en los medios que el entonces Ejecutivo de Rodríguez Zapatero estudiaba una regularización fiscal para financiar el déficit público. Las críticas del PP, secundadas por las asociaciones de inspectores de Hacienda, fueron entonces demoledoras contra la iniciativa.

La secretaria general popular, María Dolores de Cospedal dijo abiertamente que el PP rechazaba cualquier plan de regularización fiscal que pudiera estudiar el Gobierno por "impresentable, injusto y antisocial", y quiso explicar la "paradoja" de que "a los que pagan impuestos se les suban y a los que no, se les perdonen".

POLITICA Y ECONOMIA

Pero una cosa es hacer oposición y otra gobernar. También en ese momento y recojo textualmente sus palabras Cospedal dijo que su partido "no es partidario de subir impuestos pero tampoco de defraudar" y ya vemos lo que ha pasado con nuestros impuestos y nuestro IBI, que tendrán que subir un par de años ya que la caja estaba más vacía de lo que ellos esperaban. En fin. Cosas de la política.

El debate está nuevamente abierto en el seno del Gobierno pero con todas las reticencias posibles. Recordemos sin embargo que tiene mayoría absoluta y que para medidas de este tipo siempre puede contar con CiU, que de hecho, ya ha dejado caer en más de una ocasión la necesidad de abordar algo parecido a una amnistía fiscal. Pero además abre infinitas posibilidades, ya que una regularización fiscal puede abordarse de muchas formas.

FÓRMULAS

La más sencilla es cobrar un porcentaje por el dinero negro regularizado que iría directamente a las arcas del Estado y el resto al sistema financiero. Veamos, si se sanciona entre el 10 y el 15% y se ingresan por ejemplo unos 100.000 millones, la cifra de obtenida sería de entre 10.000 y 15.000 millones, lo que no estaría nada mal para las maltrechas finanzas públicas. Pero hay muchas más.

De hecho, algunos expertos opinan que el Ministerio de Hacienda ya tiene en marcha una especie de regularización fiscal bajo cuerda con el plan de pago a proveedores de unos 35.000 millones ante el afloramiento de facturas impagadas por ayuntamientos y comunidades, lo que puede abrir una bolsa importante de IVA impagado, ya que previsiblemente muchas de ellas no fueron declaradas al no cobrarse y por consiguiente no tributaron por este concepto impositivo.

Pero hay muchas más fórmulas, sobre todo si además de ingresar fondos también se siquiera aprovechar el movimiento para hacer que el crédito llegue a las empresas y las familias, la mayor reivindicación de los empresarios en este momento.

NO HAY CRÉDITO

El crédito sigue sin fluir a empresas y particulares, lo que mantiene la actividad económica bajo mínimos. La barra libre del Banco Central Europeo (BCE) no llega a la economía real ya que el sistema financiero la usa para sus propios vencimientos y para atender a los requerimientos de las propias Administraciones, pese a que todos los economistas recomiendan la necesidad de recuperar el crédito cuanto antes.

REFORMA FINANCIERA

La reforma financiera de Luis de Guindos impulsada por el Gobierno va en esa dirección, pero a paso de tortuga y todavía quedan muchos capítulos que escribirse en el actual proceso de fusiones bancarias, que es a lo que realmente están ahora las entidades. Es el objetivo pero falta demasiado tiempo para consolidar las entidades que España necesita en estos momentos.

Este debate sobre el crédito,  recuerda a otro que se planteó en el seno del Gobierno socialista hace cuatro cinco años cuando la crisis financiera internacional frenó el crédito en seco en España y se estudió seriamente utilizar una parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para dar nuevas líneas de financiación al ICO y conseguir que los préstamos pudieran seguir fluyendo e impedir que la economía real se secase. Pero no se hizo y la economía se secó y el consumó se paralizó y dejaron de venderse casas no por falta de ofertas sino por falta de financiación y de hacerse operaciones de inversión. Y aquellas cañas nos trajeron estas lanzas.

Bien, pues ahora vuelven a surgir voces que reclaman que si se hace una regularización fiscal, podría complementarse con fórmulas que pudieran ayudar a que el crédito pueda volver a empresas y familias. La economía real necesita liquidez y no la tiene. Y una de ellas podría ser la de crear coyunturalmente una especie de banco público con el dinero regularizado que al cabo de unos años se privatizase y además pudiera suponer una nueva inyección de fondos al Estado.

UN BANCO PÚBLICO PARA UNOS AÑOS

Supongamos, como dicen los expertos, que la amnistía con sanción tiene éxito y entran los 100.000 millones que se calculan. Los 10.000 o 15.000 de sanción podrían ser el capital del nuevo banco público y todo el dinero del mismo destinarse a préstamos a las empresas y los ciudadanos a los tipos de mercado para reactivar la economía y el consumo. Y al cabo de unos pocos años, además, el citado banco, que debería gestionarse de forma absolutamente impecable, podría privatizase o trocease entre el resto de entidades. Habría que ser extremadamente cuidadosos con la gestión del mismo, ya que precisamente la teoría dominante en estos tiempos es la de adelgazar el Estado y no lo contrario, pero para situaciones excepcionales, a veces no hay nada más que soluciones también excepcionales.

Seguro que no sería nada difícil encontrar los equipos necesarios para llevar a buen puerto esa iniciativa. Hay una larga lista de ejecutivos bancarios de primer nivel sin trabajo por todas partes, Pedro Luis Uriarte, Francisco Luzón, José Ignacio Goirigolzarri y hasta Ángel Corcóstegui, entre otros muchos, jubilados antes de tiempo por un mercado siempre demasiado político y que además no soporta la veteranía.

Desde luego, con la que está cayendo no sería una mala solución poner a trabajar a favor de todos los españoles los 100.000 millones de euros de dinero negro que pueden existir. En fin, no es más que una idea dentro de un debate que se ha abierto.